Ilegal, pero repetido y avalado

El espionaje político del «enemigo interno» es una práctica delictiva, pero consentida por los poderes del Estado español, hasta el punto de que sus autores saben que actúan en condiciones de casi total impunidad y con protección oficial. Los hechos así lo demuestran.

En 2003, en el grupo del PNV en el Congreso de los Diputados los teléfonos empezaron a tener un comportamiento extraño, hasta el punto de que llegaron a escucharse conversaciones mantenidas días antes. Lo denunciaron y los servicios de la Cámara dijeron no haber encontrado nada extraño. Iñaki Anasagasti escribió en su momento que le preguntó a un dirigente del PSOE si pensaba que les habían espiado y este le respondió que «por supuesto que os han espiado, pero esta sociedad está tan vacunada contra el nacionalismo que digáis lo que digáis, denunciéis lo que denunciéis, nadie os hará el menor caso».

Pues si así se reaccionaba con el PNV, multipliquen en el caso de la izquierda abertzale. Ahora el «caso Pegasus» ha logrado notoriedad, pero durante años el independentismo ha estado demostrando ser espiado en medio de un silencio cómplice generalizado.

Conocido es el caso de las escuchas en la sede de Herri Batasuna de Gasteiz descubierto en marzo de 1998. Al Cesid le salió barato. El Tribunal Supremo se encargó de absolver a los dos directores implicados y a uno de los agentes condenados por la Audiencia de Araba, y el único que no se libró, Mario Cantero, fue finalmente indultado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero los ejemplos son constantes. En 1995, el entonces parlamentario de HB Joxe Mari Olarra volvía de una manifestación y se encontró a tres hombres que le habían abierto el coche y lo estaban revolviendo. Los persiguió y casi pilla a uno que se acabó refugiando en una comisaría de la Ertzaintza, de donde salió en libertad, sin cargos y sin ningún tipo de investigación.

A principios de 2004, el también parlamentario Jon Salaberria detectó que un vehículo seguía a su coche. Aparcó y se metió en una tienda para comprobar si realmente le seguían a él y el otro conductor hizo lo mismo. Se encaró con él y este lo negó todo. Salaberria anotó la matrícula y tras denunciar el caso le respondieron que era una matrícula «reservada».

Jonan Fernández, cuando era coordinador de Elkarri, interpuso varias denuncias por seguimientos, y Oskar Matute, siendo parlamentario de Ezker Batua y cuando se negociaba el Acuerdo de Lizarra Garazi, encontró repetidas veces su coche abierto y constató que faltaban papeles.

Políticos como Rafa Larreina, de EA, reconoció en su momento a este diario que en algunas reuniones retiraban las baterías de su móviles o los dejaban fuera, y hasta se comunicaban por escrito, para evitar escuchas. Un catálogo de más escuchas y espionajes descarados lo pueden encontrar en la base de estas páginas.

La experiencia de GARA

Siguiendo el hilo de lo dicho por Rafa Larreina, podemos recordar que tras el cierre de ‘Egin’, buscando un nuevo local para GARA, se optó por el que estaba en Donostia encima de la sede de EA. La planta estaba como había quedado de obra (techo, suelo y columnas, sin paredes), pero «en una zona –recuerda una persona que visitó el edificio– se había levantado una especie de habitáculo, creo que con láminas de madera o algo parecido, en el que había evidencias, como algún instrumento de gimnasia, que dejaba claro que alguien había estado allí pasando mucho tiempo. A aquel habitáculo llegaban varios tubos de plástico, de los de canalizar cables, que conectaban con el piso de abajo».

Mertxe Aizpurua, hoy diputada y entonces directora de GARA, también tuvo su propia experiencia «extrasensorial»: «Un familiar llamó una vez a casa y escuchó la conversación que había mantenido yo la víspera en mi casa. No por teléfono, sino en casa». Una muestra de que el teléfono fijo era también usado como micrófono para controlar conversaciones que se produzcan cerca de él.

En 2008, las gestiones realizadas por GARA ante la compañía Telefónica para trasladar una línea de nuestra redacción en Iruñea acabó demostrando que las llamadas recibidas en el diario eran rebotadas a la Jefatura Superior de la Policía española. La compañía certificó que la línea tenía dos domicilios, el de la redacción y el de la comisaría.

Por supuesto, tras la pertinente denuncia, también esto quedó en nada. ¡Todo normal, circulen! Y así año tras año, denuncia tras denuncia, porque, como le dijeron desde el PSOE a Iñaki Anasagasti, la sociedad está «vacunada». Veremos cómo acaba lo de Pegasus.