Excepcionalidad en las prisiones, una realidad que no acaba de terminar

Diez años después de la Declaración de Aiete, la excepcionalidad en las cárceles para los presos de motivación política sigue siendo una realidad que se mantiene. Así lo han constatado Amaia Izko, Rafael Sainz de Rozas y Libertad Francés en una mesa redonda organizada en Iruñea por el Foro Social.

Diez años después de la Declaración de Aiete, se sigue manteniendo la política penitenciaria de excepción a los presos de motivación política. Desde este planteamiento, tres expertos han analizado la situación en una mesa redonda organizada por el Foro Social en Iruñea. Se trata de la abogada Amaia Izko; del director general de Justicia del Gobierno navarro, Rafael Sainz de Rozas; y Libertad Francés, de Salhaketa Nafarroa.

Previamente, Juanje Soria, del Foro Social, ha recordado los datos recogidos en el monográfico elaborado por este organismo, que constata que se niegan de manera casi sistemática las solicitudes de permisos y de progresión de grados. La de la cárcel de Iruñea es una de las más inmovilistas en este ámbito, habiéndose convertido en «un contenedor de presos y una vía sin salida». De este modo, no ha emitido informes favorables, una circunstancia que no se da en otras prisiones como las de Martutene o Zaballa y tampoco en las de Burgos y Logroño, gestionadas por Madrid. De hecho, se ha constatado que los presos no quieren ser trasladados a la prisión de Iruñea.

Izko ha recordado que la modificación legislativa de 2003 endureció tremendamente los requisitos para el acceso al tercer grado y a la libertad condicional Concretamente, se reclama colaboración con las autoridades y arrepentimiento. «No están para nada ligados a la evolución en la prisión», ha señalado, destacando que son más cuestiones de corte político, ético o moral, no jurídico. Estos requisitos, de hecho, chocan con lo que formalmente son los objetivos y principios del cumplimiento de las penas según la legislación española; la reinserción y el tratamiento individualizado penitenciario.

En este sentido, Izko ha señalado que esta excepcionalidad responde a unas circunstancias concretas que adoptó el Estado español y que tras la desaparición de ETA tiene como «único objetivo impedir el avance de estas personas en el tratamiento penitenciario».

Junto a ello, ha explicado que no solo se aplica una política de excepción, sino que se hace una manera expansiva en cuanto a la aplicación, ya que se están exigiendo requisitos de colaboración que la ley no prevé. Al mismo tiempo, se está aplicando una interpretación restrictiva «de la manera más cerrada y reaccionaria» por parte del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a impulso de la Fiscalía.

Como ejemplo, ha citado que se están exigiendo peticiones de perdón a las víctimas incluso en delitos en los que no hay víctimas.

De este modo, se bloquea el acceso a permisos. Y como se bloquea el acceso a permisos, no se puede acceder al tercer grado. Y como no hay tercer grado, tampoco se puede llegar a la libertad condicional.

Izko ha constatado que la cárcel de Iruñea es poco flexible a la hora de conceder permisos, ya que, según ha señalado, ni la Junta de Tratamiento ni la dirección de la prisión se apartan un milímetro de la interpretación restrictiva.

Sainz de Rozas: «No se ha avanzado»

Sainz de Rozas ha señalado que tras la desaparición de ETA no se han avanzado lo que se esperaba para superar la excepcionalidad. Ha destacado que la la idea de convivencia desde valores compartidos se debe basar, tras el fin de la violencia armada, en asumir las consecuencias, el reconocimiento del daño a las víctimas y la asunción de las reglas de la democracia. «Todo ello solo tiene sentido en una sociedad democrática», ha destacado.

Sin embargo, nos encontramos en una situación en la que prima el Derecho Penal del enemigo, en el que las garantías están reservadas para la ciudadanía. El otro es el enemigo. En este contexto, se produce el bloqueo sistemático de la progresión de grado y el endurecimiento de los requisitos.

Así, pese a que la base debería ser el estudio de las circunstancias individuales, se produce una denegación de solicitudes de manera colectiva.

Entre las razones, Sainz de Rozas ha mencionado la extensión del populismo punitivo, la primación de la delación y la lucha por el relato, centrada en la deslegitimación del otro.

Francés: «La ley ordinaria también es excepcional»

Libertad Francés ha subrayado que la superación de la política de excepción no es la panacea, ya que con la legislación ordinaria también existen excepcionalidades. En este sentido, ha explicado que la reinserción, el teórico objetivo de la prisión, «ha quedado en el último lugar» mientras que la prioridad son el castigo y el cumplimiento íntegro de las penas.

La letrada de Salhaketa Nafarroa ha destacado que todas estas leyes de excepción no han afectado solo a los presos por motivación política, sino que se han extendido a la población penitenciaria general. Se aplican a lo que se considera «otros delitos de especial gravedad», que cada vez son más.

«El Estado ha aprovechado la ley antiterrorista para conculcar derechos de la población general. Es una cuña que ha afectado a toda la población penitenciaria», ha añadido, antes de señalar que «se interpreta la legislación sistemáticamente contra los derechos de las personas presas».

De este modo, para acceder a un permiso es necesario tener cumplida un cuarto de la pena, estar o segundo o tercer grado y tener buena conducta. El último es un requisito subjetivo que sirve para introducir restricciones. De este modo, en delitos ordinarios también se está exigendo la petición de perdón a las víctimas, algo que inicialmente estaba solo previsto para los delitos de motivación política.

En este contexto, ha denunciado la situación de la cárcel de Iruñea, donde se da «una denegación sistemática de los permisos de salida a través de resoluciones estereotipadas y sin informes individualizados».

Debido a ello, se impide el avance en el tratamiento penitenciario. Como no hay permisos, no hay avance en los grados. Como consecuencia, los tratamientos terapéuticos no comienzan hasta que la condena está muy avanzada.

En este contexto, Francés ha reclamado la asunción de la competencia penitenciaria por parte de Nafarroa para superar esta situación. Actualmente, existe una carencia de recursos y de personal y se aplican de manera restrictiva los criterios por parte de la dirección.

Esto provoca que los presos no quieran ir a la cárcel de Iruñea porque las condiciones son más duras. Izko ha corroborado este aspecto señalando que condiciones favorables que se tienen en cárceles como Córdoba en cuestiones como los vis a vis desaparecen al llegar a la prisión navarra.