Desahucian en Artea a una familia monomarental con dos menores
La familia estaba esperando a que el juzgado de Durango les permita continuar en la vivienda. Finalmente, tras carga previa de la Ertzaintza, han desalojado a Itziar y a sus hijos.
La Ertzaintza se ha encargado de culminar el desahucio de Itziar, una madre sola con dos menores de 9 años y una hija mayor de edad. El desalojo estaba previsto a las 13.00, y alrededor de 50 vecinos y vecinas han acudido hacia las 10.30 frente a la vivienda de Itziar para mostrar su apoyo a la familia y denunciar la «violencia económica» que supone este desahucio.
Gaur #Artea.n Itziar eta bere bi seme-alabak etxegatzen ari dira. Duela ordu erdi pasa heldu da polizia.#EtxebizitzaDuinaLangileGuztiontzat behar dugu. Biolentzia ekonomikoaren aurrean elkartasuna eta erresistentzia! https://t.co/rCaAClEH7t pic.twitter.com/uSzoGzld21
— LAB Ekintza Soziala (@LABSoziala) May 4, 2022
Incluso han realizado una sentada para evitar que los agentes de la Ertzaintza accedieran al portal, a lo que la policía autonómica ha respondido con varias cargas violentas. Según el medio local Begitu, han detenido a una persona.
#ItziarEzDoa
— Galdakaoko Etxebizitza Sindikatua (@GESelkarlaguntz) May 4, 2022
Polizia hasinda oldartzen. pic.twitter.com/rQXKll330s
Polizia guztiz oldartuta.#ItziarEzDoa pic.twitter.com/bxaARn2VIH
— Galdakaoko Etxebizitza Sindikatua (@GESelkarlaguntz) May 4, 2022
La familia estaba esperando a que el juzgado de Durango les permita continuar en la vivienda de su madre, divorciada por «mala convivencia». Según la asociación Kaleratzerik Ez!, el divorcio pudo deberse a violencia machista, aunque no hubo denuncia de por medio: «Hubo minusvaloración, humillación mediante insultos, vejaciones, y violencia económica».
«La petición del lanzamiento judicial se realiza no por necesidad de la vivienda, sino porque es un medio de hacer daño económico y psicológico, dado que sus ingresos son superiores a los 3.000 euros», ha explicado Kaleratzerik Ez! en nota de prensa.
Han aclarado que la situación económico-laboral de la madre «estuvo bien mientras duró» y que pronto se reincorporará a su puesto de trabajo. La asociación confía en que en el juzgado se vea la verdad del motivo de la petición del desahucio y se suspenda, «devolviendo la paz a esta familia monomarental».
Situaciones que se repiten
Kaleratzerik Ez! ha recordado varios casos de desahucios realizados en la CAV desde el inicio de la pandemia. Han explicado que incluso el Ararteko «denuncia repetitivamente el gran número de reclamaciones recibidas de las familias inscritas en Etxebide», el Servicio de Vivienda dependiente del Gobierno de Lakua.
En las quejas se pone de manifiesto que, tras años de inscripción, aún no se hayan puesto en contacto para ofrecerles una vivienda de alquiler social. Según la asociación, «el Ararteko está preocupado» y ha trasladado estas demandas a los ayuntamientos de Bilbo y Donostia, pero «sin darle salida al incremento de alquiler social».
«En Bilbo se ofrecieron 22 viviendas y, tras una restrictiva valoración de las solicitudes, se llegaron a casi 22.500 solicitudes con derecho a vivienda», denuncian desde la asociación, «sumando un total de 76.792 solicitantes inscritos en Etxebide, de las cuales 59.965 eran de alquiler social».
Ello supone que la demanda en régimen de arrendamiento de vivienda de protección pública sea ya del 78%. Una demanda que, según la asociación, no se puede satisfacer ni por el Ejecutivo de Lakua ni por su programa ‘Euskadi en Marcha’, «ya que los cargos públicos del PNV y el PSE, más que dar solución al problema de la vivienda, lo que generan es preocupación y mucho dolor en las familias vulnerables».
Kalertzerik Ez! demanda la regularización de los alquileres, de tal forma que sean asequibles para las familias vulnerabes. Asimismo, exige «una fiscalidad antiespeculativa que ayude a cooperativas y a quienes construyan viviendas asequibles, a la vez que se penalice la compraventa de viviendas especulativas», además de «financiación del 2% del P.I.B. para tener un parque público de vivienda, como en otros países europeos».
Igualmente, denuncia la falta de presupuesto y voluntad necesaria para la rehabilitación de la vivienda y pone su esperanza en captar los Fondos Europeos Next Generation, para así tener acceso a una vivienda digna y adecuada «como recoge el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos».