Organizaciones en defensa de los DDHH denuncian el «bloqueo» de la reforma de la Ley Mordaza
Amnistía Internacional, Greenpeace, Plataforma por la Libertad de Información, Ecologistas en Acción, Defender a Quien Defiende y No Somos Delito han denunciado el «bloqueo» del proceso de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, iniciado hace seis años.
Amnistía Internacional, Greenpeace, la Plataforma por la Libertad de Información, Ecologistas en Acción, Defender a Quien Defiende y No Somos Delito han denunciado que el proceso de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, «lleva seis años de bloqueo parlamentario».
En un comunicado, las citadas organizaciones han recordado que, desde su aprobación en 2015, «han sido numerosas las ocasiones en que los partidos políticos se han comprometido a modificar o eliminar la 'Ley Mordaza'».
«En abril de 2016, el Congreso instó al Gobierno a derogar la ley, y ya Pedro Sánchez, en 2018, en su discurso de la moción de censura al entonces presidente, Mariano Rajoy, expresó su intención de modificar los artículos que ponían en riesgo la libertad de expresión. En diciembre de 2019, el acuerdo de Gobierno contemplaba reformar la ley, pero casi seis años después de esos compromisos, no parece haber prisa para proteger la libertad de expresión y reunión», han censurado.
Cabe señalar que el pasado mes de febrero el Congreso español reactivó la ponencia que está debatiendo la reforma, que no derogación, de la Ley Mordaza, basada en una proposición de ley del PNV.
En este sentido, las organizaciones han recordado que una misiva del Consejo de Europa, firmada por la comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatovi Radopca, «explicita que la propuesta de reforma sigue dejando un amplio margen de interpretación de la ley a las fuerzas del orden que puede derivar en una aplicación desproporcionada y arbitraria».
Según han apuntado, la institución europea alerta de que «la dificultad de recurrir estas sanciones reguladas vía administrativa; la vulneración del derecho de asilo que suponen las devoluciones en caliente; y que, en general, las propuestas no se adaptan a las normas europeas e internacionales de Derechos Humanos en lo que se refiere a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, de derecho de asilo y el derecho a la tutela judicial efectiva».
Críticas a las propuesta de reforma
Las organizaciones han censurado que la reforma planteada no modifica los artículos 36.6 y 37.4, relativos a los delitos de «desobediencia» y «faltas de respeto a la autoridad», que «han supuesto más del 70% de las sanciones en materia de seguridad ciudadana entre 2015 y 2019».
Además, han criticado que «no se eliminan las infracciones por publicar imágenes de las fuerzas de seguridad, lo cual vulnera gravemente la libertad de información», y «no se establece un mecanismo independiente de supervisión de la actuación policial que entre otras cosas sirva para evitar la arbitrariedad en sus actuaciones».
«El acuerdo aparca la prohibición de las expulsiones sumarias y colectivas en frontera, conocidas como ‘devoluciones en caliente’ y contrarias al derecho internacional, y se limita a derivar la cuestión a la reforma de la Ley de Extranjería», han añadido, y han señalado que «no hay una prohibición expresa de las redadas y las identificaciones racistas, por lo que queda abierta la posibilidad de que se sigan produciendo, lo cual contradice las recomendaciones de diferentes organismos internacionales».
Asimismo, han lamentado que «se reconoce el derecho a manifestación espontánea sin comunicación previa, pero se mantiene una sanción a los organizadores en caso de 'alteración del orden público'»; y, «aunque se indica que se deben ‘utilizar siempre los medios menos lesivos’, no hay una prohibición expresa al uso de balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad.
«Entendemos que, en el caso de que no se avance en las negociaciones y en la tramitación parlamentaria para transformar sustancialmente el proyecto de ley en estos puntos clave, se mantendrán las amenazas al derecho de protesta de los movimientos sociales, los medios de comunicación seguirán viendo mermada su libertad de información, y se perpetuará la discriminación y la indefensión de colectivos como migrantes, personas refugiadas, trabajadoras sexuales, víctimas de trata o personas sin hogar», han manifestado.