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La futura Ley de Empleo de Lakua regulará el derecho subjetivo a las políticas activas

La nueva Ley de Empleo que está elaborando el equipo de la vicelehendakari Idoia Mendia regulará por primera vez «el trabajo digno y de calidad» y el derecho subjetivo a las políticas activas de empleo. El texto comienza este miércoles su tramitación en el seno del Ejecutivo.

Idoia Mendia y otros responsables del Departamento de Trabajo y Empleo, en la presentación de la ley. (IREKIA)

La futura Ley de Empleo que prepara el Gobierno de Lakua va a «regular por primera vez el trabajo digno y de calidad y también el derecho subjetivo a las políticas activas de empleo», algo pionero en el Estado español, y que, en la práctica supondrá, entre otras cuestiones, la obligación de Lanbide de ofertar formación o de realizar en el plazo de dos meses un diagnóstico personal sobre empleabilidad. Una vez elaborado, en un mes se deberá diseñar un plan personalizado de empleo, incluyendo las actividades formativas.

La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, junto al viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, entre otros, han desgranado los contenidos del texto que se ha aprobado este miércoles para empezar su tramitación en el seno del Ejecutivo. Desde este miércoles, se abre un plazo de un mes para presentar alegaciones y la intención es aprobarlo en consejo de Gobierno antes de que finalice este año.

Mendia ha subrayado que se trata de una ley «radicalmente nueva» porque es la primera Ley de Empleo en la CAV y porque incluye la regulación de cuestiones que nunca se habían llevado a un texto legal, como el derecho subjetivo a las políticas activas de empleo.

La vicelehendakari, que ha señalado que se trata de un primer borrador cuya elaboración comenzó en enero de este año, ha recordado que fue en 2010 cuando Lakua asumió la competencia relativa a las políticas activas de empleo.

Desde entonces, distintas instituciones y agentes, privados y públicos, han ido trabajando en este ámbito, si bien la competencia es del Gobierno de Lakua. Con esta ley, se pretende una mayor coordinación, de manera que el Departamento de Empleo y Trabajo liderará el espacio de concertación entre los agentes instituciones, sociales y de la sociedad civil y reconocerá por primera vez un espacio competencial propio a todos los niveles institucionales, como diputaciones y o ayuntamientos, a los que se quiere incorporar a esta cogobernanza.

Entre las novedades del texto, Mendia ha subrayado que la ley va a regular en la CAV por primera vez la calidad en el empleo y, en concreto, define expresamente el trabajo digno como «aquel que brinda la oportunidad de realizar una actividad productiva a cambio de un ingreso justo, que ofrece seguridad en el lugar de trabajo, protección social, perspectivas de desarrollo personal, de participación, igualdad de oportunidades y favorece la integración social».

Derecho subjetivo

Además, esta ley va a regular, el derecho subjetivo a las políticas activas de empleo. «Lanbide deberá garantizar el derecho a una asistencia personalizada, a la formación y a la orientación laboral», ha explicado Mendia.

Según Mendia, que cree que con esta ley se va a abordar el «mayor reto al que se enfrenta Euskadi en materia de igualdad y competitividad, ya no se va a hablar solo de contar con un trabajo seguro, bien pagado e indefinido, sino que un empleo de calidad va a tener mucho que ver con la formación, con la actualización de las destrezas y competencias profesionales para saber adaptarse a los cambios, y esa capacidad de adaptación no puede ser sólo para quien se lo pueda pagar».

Ese reconocimiento del derecho subjetivo de las políticas activas de empleo supone, en la práctica, el derecho a una asistencia «personalizada, continuada y adecuada», de manera que Lanbide asignará un profesional de referencia que asumirá la tutorización de la persona usuaria.

También se recoge el derecho al diagnóstico personal sobre la empleabilidad que deberá ser elaborado en el plazo de dos meses desde la petición del profesional de referencia o de la solicitud de la persona.

Ese diagnóstico tendrá una validez de dos años, por lo que, pasado ese plazo se volverá a realizar, si bien en el caso de los parados de larga duración se les realizará nuevamente al año y medio.

Una vez elaborado ese diagnóstico, se elaborará en el plazo de un meses un plan integrado y personalizado de empleo, donde se incluirán las actividades formativas.

La futura ley reconoce el derecho a la formación en el trabajo para la adquisición de competencias que mejoren la empleabilidad. De salir adelante, según han explicado, Lanbide tendrá la obligación de ofertar formación, que puede ser rechazada, pero, en el caso de que quién decida no hacer la actividad formativa, sea perceptor de la RGI puede tener consecuencias, como la suspensión de la prestación. Los responsables del Departamento de Trabajo y Empleo pretenden ofrecer una formación flexible para adaptarse a los requerimientos del mercado de trabajo y dar respuesta a la situación de determinados perfiles.

Lanbide

En la nueva ley se ofrece una cartera de servicios «integral e integrada», garantizando una «dimensión transversal del empleo» y se define el «papel central» de Lanbide como servicio público de empleo y, en torno al mismo pivotarán todas las estrategias y, en concreto, ese derecho subjetivo.

Los responsables de Trabajo y Empleo han señalado que, con la ley, se «abre la mirada» a una nueva forma de entender el servicio público de empleo, centrada en las necesidades de las personas y de las empresas.

El texto plantea una transformación de Lanbide, destacando que vuelva a ser un ente público de derecho privado, con el objetivo de ser «más rápido y flexible» y de retener el talento dentro del servicio. Además, han explicado que se trabajará en un nuevo modelo organizativo y, para ello, se adjudicará una oficina técnica que ayudará en su diseño.

Los responsables del Departamento de Trabajo y Empleo han subrayado que Lanbide tiene debilidades y fortalezas y, aunque apuntan que puede ser un «lastre» desde algún punto de vista que se encargue de la gestión de las prestaciones y de las políticas activas de empleo, creen que fue un «acierto» esa decisión porque ofrece «un itinerario completo» a los usuarios.

Red de Empleo

En el borrador se contempla la creación de una red vasca de empleo que, a través de distintos instrumentos y bajo el liderazgo de Lanbide, garantizará la totalidad de los servicios de la cartera, la gestión exclusiva de servicios clave y la prestación digital. Esta red dispondrá de una única base de datos donde se incorporarán las ofertas de puestos de trabajo, si bien, por ahora y a la espera de lo que se establezca a nivel estatal, las empresas no tienen obligación de comunicar sus vacantes.

Con todo ello, se confía en aumentar el nivel de intermediación y, en este sentido, consideran clave la confianza de las empresas en Lanbide a la hora de poder ofrecer sus vacantes.

Con esta red de empleo se pretende aumentar la «capilaridad y cercanía» de Lanbide y, entre los instrumentos que se contemplan, es el de que cada persona cuente con una «historial laboral única».

Por otra parte, el borrador contempla elaborar, en el plazo de un año desde la aprobación de la ley un mapa de la Red de Empleo para la optimización de la estructura territorial de los servicios. También se propone crear la inspección de la Red de Empleo para garantizar la calidad de los servicios impartidos.

La Ley contempla la elaboración cada seis años de una Estrategia de Empleo y planes trienales de empleo, además, de planes territoriales de empleo y planes de empleo y desarrollo local para municipios con más de 20.000 habitantes o que estén entre los 10.000 y los 20.000 si su tasa de paro supera el 10%.

Además, en el texto se pretende incorporar por primera vez la financiación ordinaria y también se prevé contar con un fondo de cooperación para el empleo y el desarrollo. Asimismo, se reconoce la importancia del diálogo social.