La AN cita a dos presos y un expreso por la muerte de Blanco en vísperas del 25 aniversario
La Audiencia Nacional se ha sumado al aniversario de la muerte de Miguel Angel Blanco a manos de ETA, de la que se cumplen 25 años, ordenando este viernes citar como investigadas a tres personas tras informe de la Guardia Civil y la Ertzaintza.
El juez de la Audiencia Nacional que investiga la muerte del concejal del PP en Ermua Miguel Angel Blanco en 1997 ha acordado archivar la causa para Iñaki Gracia por la prescripción de los delitos que se le imputaban pero ha ordenado citar a otras tres personas para preguntarles si dieron la orden de ejecutarlo.
En un auto de este mismo viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha citado como investigados a los presos vascos Josetxo Arizkuren y Marixol Iparragirre y también al exprisionero Mikel Albisu.
Todo ello se produce en vísperas del 25 aniversario de la muerte de Blanco, el 12 de julio de 1997, que será recordada estos días con varios actos y un gran despliegue mediático.
El desencadenante de esta citación son dos informes de la Guardia Civil y la Ertzaintza, explica el auto.
La apertura o reapertura de este tipo de sumarios está siendo habitual en los últimos meses, tras la campaña de organizaciones de víctimas, asumida también por el Parlamento Europeo con su declaración en favor de investigar lo que denomina como «crímenes sin resolver» de ETA.
Lo que dice el auto
El magistrado ha tomado esta decisión después de haber recibido sendos informes de la Ertzaintza y de la Guardia Civil en los que los agentes señalan a lo que consideran que era entonces la cúpula de ETA
Así las cosas, García Castellón estima que «la toma de la decisión de llevar a cabo una acción terrorista» era difundida por el comité ejecutivo o ZUBA. De igual forma sucedía con «la información del objetivo sobre el que materializar la acción terrorista, y la planificación y ejecución de la acción». «Eran actuaciones generadas en el denominado 'nivel directivo' de ETA, es decir, en el seno de la cúpula de la organización terrorista».
El auto retrotrae el escenario a marzo de 1992, tras las detenciones de Bidarte, y habla de que ETA introdujo un nuevo «modus operandi» que «incluía el señalamiento de cargos políticos del Partido Popular y del PSOE como objetivos de las acciones terroristas de ETA, y también la comisión de otros atentados o acciones terroristas de gran poder desestabilizador» como el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara o «el intento de atentado» contra Juan Carlos de Borbón
Ello llevó al secuestro de Miguel Angel Blanco «en su calidad de miembro del PP», que «se había convertido en objetivo preferente de ETA, no ya del comando Donosti, sino de toda la organización terrorista».
Para el magistrado, «teniendo en cuenta el modo de actuar de ETA en el que su principal estructura directiva» era la encargada de la toma de decisiones, es «improbable que una acción terrorista como la llevada a cabo contra Blanco fuese realizada por un comando de ETA sin que mediase una decisión y una planificación previa, así como unas órdenes concretas y específicas».
Da otro salto para señalar que «la decisión de realizar la acción terrorista contra Blanco no fue tomada por un miembro concreto o aislado del comité ejecutivo de ETA, sino que requirió del consenso y la toma de una decisión, adoptada de forma colegiada, por todos los integrantes de la dirección. El alcance, la repercusión y las consecuencias de una acción terrorista como la cometida contra Blanco así lo requería»..
El instructor también responsabiliza a la dirección de la organización en tanto que «no realizaron ningún acto para que finalizara el secuestro ni la muerte de la víctima, evidenciando una voluntad inequívoca en la producción del resultado».
«En ningún momento intentaron evitar o impedir, pudiendo hacerlo, el asesinato. La acción terrorista que el comando Donosti ejecutó no pudo materializarse por su propia iniciativa, sino que lo realizó siguiendo las órdenes y con la autorización expresa de sus superiores, los integrantes del comité ejecutivo de ETA», insiste.