Los derechos de las personas supervivientes de Nador-Melilla siguen siendo violados

En el relato oficial las personas refugiadas de la masacre de Nador-Melilla el 24 de junio son una masa sin historias ni nombres. Pero las comunidades migrantes cuentan la frontera con historias que hablan de derechos humanos. Caminando Fronteras recoge sus voces en un informe elaborado en terreno.

Tras dos meses de represión en los asentamientos en el bosque, el viernes 24 de junio se decidió una huida hacia adelante. Así, en grupo, unas 1.800 personas se dirigieron a la valla entre Nador y Melilla en la zona de Beni Enzar. Los militares habían cargado de nuevo y les perseguían.

«No todas llevaban palos, algunos, como yo, solo las piernas para correr. Pero entiendo que después de este tiempo tal vez un palo te pueda salvar la vida. Creo que éramos conscientes de que nos matarían, habíamos sentido que pasarían ese límite durante la semana, que ya no estábamos seguros en ningún lugar. Morir o vivir porque no había otra salida», relata una de las víctimas/supervivientes entrevistadas por la organización Caminando Fronteras.

Eran personas de Sudán, Sudán del Sur, Chad, Mali, Yemen, Camerún, Nigeria, Senegal, Níger, Guinea Conakry, Burkina y Liberia. La comunidad mayoritaria era la sudanesa, que suponía más del 80% de las que intentaron llegar a la valla entre Marruecos y el Estado español.

«Violencia coordinada»

Según el informe de la ONG, fruto de semanas de labor en el terreno, desde las 8.00 hasta las 14.00 hubo enfrentamientos entre migrantes y militares. Unos llevaban piedras, palos, desesperación y angustia; los otros usaron drones, cámaras de vigilancia, material antidisturbios, gases lacrimógenos y balas de fuego real.

«No se desplegó ninguna forma de ayuda coordinada entre ambos países para las personas que estaban justo en la frontera sufriendo los efectos de un tapón y estampida generado por las maniobras de los militares. Al contrario, según los testimonios, las fuerzas marroquíes pasaban con sus botas por encima de los cuerpos caídos en el suelo», denuncia la organización por los derechos de las personas y comunidades migrantes.

«La violencia coordinada que se utilizó aquel día acabó produciendo al menos 40 muertes y centenares de heridos de diversa consideración».

Caminando Fronteras se pregunta si la masacre de la frontera entre Nador y Melilla supone «un paso importante de la normalización de estrategias militares violentas ejecutadas de forma conjunta por fuerzas marroquíes y del Estado español».

Junto con el Estado español

Según Caminando Fronteras, el cerco en el que se encontraron los refugiados se hizo más letal por efecto de la entrada de militares marroquíes en territorio de Melilla. Allí, «codo a codo con las fuerzas de seguridad españolas, pudieron continuar atacando para ejecutar devoluciones en caliente a Marruecos. Dichas prácticas fueron aplicadas por fuerzas de seguridad españolas y marroquíes, que se coordinaron entre ellas para poder llevarlas a cabo».

Según los testimonios orales y visuales aportados por las víctimas/supervivientes, el Estado español expulsó a Marruecos el 24 de junio a decenas de potenciales refugiados y a menores de edad. Se ejecutaron las devoluciones a pesar de las escenas de las que las autoridades españolas estaban siendo testigos y que mostraban en directo las torturas, tratos inhumanos y degradantes que los refugiados estaban sufriendo.

«Los autoridades españolas, testigos de los hechos, usaron la información sobre lo que estaba pasando para apoyar las estrategias militares de represión usadas por Marruecos. Sin embargo, ninguno de los dos países activó colaboración para llevar ayuda y asistencia a las víctimas y con ello mitigar el impacto terrible de la tragedia», censura la ONG.

«Así, las personas heridas, muertas, exhaustas, rotas por el dolor y el miedo, pasaron hasta ocho horas en el suelo bajo un sol de justicia y recibiendo golpes».

«Mucha-mucha gente murió. Incluso mi hermano, que me salvó, no lo he vuelto a ver. La Policía nos golpeó y nos decían que éramos perros, perros y que somos tontos», cuenta un superviviente.

Los que tuvieron más suerte recibieron asistencia médica por las heridas, aunque lo que pasó dentro de los centros hospitalarios sigue siendo una incógnita porque la Policía marroquí bloqueó el acceso a las instalaciones de organizaciones sociales y familiares de las víctimas.

Caminando Fronteras tiene muchas preguntas sin responder: «¿Qué criterios médicos se usaron para decretar el desplazamiento de algunos heridos y no de otros? ¿Qué asistencia recibieron y cuándo? ¿Han tenido un apoyo para operaciones y tratamientos médicos? ¿Pudieron contactar con sus seres queridos? ¿Por qué y de qué murieron aquellos que lo hicieron en los hospitales? ¿Hablaron con sus familias antes de morir?».

Detenidos y desplazados a tierra de nadie

Por otra parte, 65 personas han sido imputadas por delitos relacionados con sucesos producidos durante los días 23 y 24 de junio. Las detenciones han dividido a los encausados en dos grupos. Uno de ellos está acusado de delitos graves en el Tribunal de apelación de Nador y se enfrentan a penas que pueden ir hasta los 20 años. El resto están siendo enjuiciados por facilitar la entrada y salida clandestina de personas hacia Marruecos, entre otras acusaciones. Todos los refugiados se encuentran en prisión preventiva y están siendo defendidos por abogados de colectivos sociales.

El resto de personas sufrieron desplazamientos forzosos internos dentro del país, despojadas de absolutamente todo y abandonadas a su suerte.

Caminando Fronteras, además, documentó 132 personas deportadas a la frontera con Argelia, en una zona conocida como tierra de nadie.

En una revictimización constante

La organización destaca en su documentación que los derechos de las víctimas/supervivientes y sus familiares no solo fueron violentados el día 24 sino que siguen siendo vulnerados, en una revictimización constante.

«La falta de transparencia ha impedido a las organizaciones y familiares tener acceso a las personas fallecidas para proceder a su identificación. No se ha podido saber si se han efectuado autopsias. Por lo tanto, no solo se ha violado su derecho a la vida, sino también los derechos que asisten a las personas muertas y sus familias: ser identificadas, saber la verdad sobre las causas de las muertes, ser enterradas con dignidad».

Los líderes y lideresas comunitarias, junto a familiares de personas muertas y desaparecidas en las fronteras, han creado redes de apoyo mutuo y estructurado estrategias de resistencia para enfrentar las terribles violencias aplicadas a través de la necropolítica.

Cuatro líneas de trabajo

Durante cuatro misiones humanitarias en las que se han acompañado hasta el momento de finalizar esta crónica a 862 personas en diferentes ciudades, el equipo de defensoras de derechos ha proporcionado asistencia sanitaria a personas heridas, así como kits de alimentos, higiene, ropa y zapatos. Además, ha elaborado junto a las víctimas/supervivientes un listado de personas desaparecidas que están siendo buscadas por sus familias y comunidades. Y ha obtenido testimonios para poner los derechos de las víctimas/supervivientes en el centro del relato.

«Quieren ocultar la verdad, cómo viven las migrantes, cómo sus derechos son destrozados, cómo pisotean a los demandantes de asilo, y queman sus pasaportes o cualquier documento que tengan», indica otra migrante de la masacre.

«Nos hemos encontrado frente a una verdadera crisis humanitaria que las autoridades de Marruecos han querido esconder con el apoyo político del Gobierno del Estado español», resaltan.

El 30% de las víctimas/supervivientes son menores

El 80% de las personas atendidas sufrieron heridas de diversa gravedad y consideración el 24 de junio. La mayoría de las lesiones se habían producido por golpes y violencia: fracturas en piernas, brazos y cabeza aparecían en los cuadros clínicos. También cuadros físicos y mentales asociados a situaciones de estrés postraumático.

Fueron «reducidos a la nada». Según sus testimonios, los militares les robaron lo poco que les quedaba: teléfonos, algún dinero, incluso los zapatos para que no pudiesen andar. El 30% de las víctimas/supervivientes de la masacre son menores de entre 15 y 17 años. Y un 5% son niños con edades entre los 11 y 14 años.

Caminando Fronteras subraya que las personas de la comunidad sudanesa sufren una persecución especialmente dura, pero son conscientes de sus derechos como refugiadas. Tienen una fuerte conciencia colectiva y junto a otras nacionalidades se organizan para compartir un discurso donde son protagonistas.