La nueva ley de secretos posibilita dejar blindados los GAL como mínimo hasta 2048
Tras muchos dimes y diretes y diferentes planteamientos, el proyecto de la primera ley de secretos posfranquista que aprueba este lunes el Consejo de Ministros español establece plazos de desclasificación, pero muy largos: 50 años prorrogables a otros quince para los casos que más afectan al Estado.
En 2022, en el Estado español sigue rigiendo una Ley de Secretos Oficiales netamente franquista, de 1968. La flagrante anomalía empieza a corregirse 47 años después de la muerte del dictador, pero no dará pie a una norma de estándar europeo, en las que hay plazos de desclasificación de documentos que habitualmente oscilan entre los 10 y 25 años en los casos de «altos secretos». El Consejo de Ministros que lidera Pedro Sánchez ha aprobado este lunes una fórmula que por primera vez sí establece esos plazos, pero los estira hasta 50 años prorrogables a 15 más en los casos considerados de especial sensibilidad «para la seguridad del Estado».
En la práctica esto viene a suponer que los documentos que afecten a la principal trama de terrorismo de Estado en Euskal Herria, los GAL, pueden no ser desclasificados hasta entre 2048 y 2051, otras dos décadas más. Además, curándose en salud, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha apuntado que todos plazos que establece el proyecto de ley «son revisables».
Hasta entonces para encontrar luz al respecto habrá que recurrir a documentos secretos ya revelados en otros Estados, como es el caso de los papeles de la CIA desclasificados en Estados Unidos y que apuntaban a Felipe González como la persona que avaló al menos la creación de los GAL. «Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas», puede leerse en uno de ellos, que trascendió en 2020.
El levantamiento de secretos oficiales es vista hoy por muchas víctimas vascas de guerra sucia como la posibilidad más factible de llegar a conocer la verdad de estos casos, dada la inacción judicial mantenida en las últimas décadas.
Con la ley franquista en la mano, los Consejos de Ministros tenían la facultad de promover desclasificaciones, pero ni los de la UCD ni los del PP ni los del PSOE la han ejercido. Fueron significativas las evasivas del ministro del Interior actual, Fernando Grande-Marlaska, cuando el año pasado se planteó en el Congreso esta posibilidad en el caso del audio de Intxaurrondo que aportaba datos sobre las muertes de Mikel Zabalza o de Joxean Lasa y Joxi Zabala.
Teóricamente, también los tribunales pueden reclamar estas desclasificaciones, pero hay muy pocos precedentes; el más sonado, el caso de los llamados «papeles del Cesid» en 1997, tras un intenso debate en el Supremo. En 54 años de vigencia de la ley franquista solo se han producido ocho desclasificaciones y esta ha sido la única relativa a guerra sucia en Euskal Herria.
Se da la circunstancia de que la pasada semana la Audiencia Nacional se dirigió al Gobierno Sánchez para pedirle que levante el secreto de algunos documentos sobre el caso Pegasus. Si se produce, sería la novena vez.
Plazos por vez primera
Ante esta doble inacción del poder ejecutivo y el judicial, la novedad de esta nueva ley es que introducirá plazos de desclasificación, como ocurre en la mayoría de los estados del entorno. Así se ha decidido tras varios años de debate interno en el Gobierno Sánchez, que llegó al cargo en 2018 con esta promesa en su programa, pero ha tardado cuatro años en definirla.
Esa es la cara de la moneda. Pero en la cruz están los plazos, muy extensos. Se fijan concretamente cuatro categorías de clasificación (restringido, confidencial, secreto y alto secreto). Y para las de alto secreto se establece un plazo de opacidad de 50 años extensible a otros 10 si así lo determina el Gobierno. La desclasificación, además, podrá ser parcial, manteniendo ocultos algunos párrafos (algo que realmente es también habitual en otros estados, aferrándose a cuestiones de seguridad interna).
El contenido que se declare «secreto» se desclasificaría a los 40 años, con una prórroga de hasta 10. La información clasificada como confidencial se desclasificaría entre los 7 y los 10 años y la restringida entre los 4 y los 6. Siempre teniendo en cuenta, de acuerdo al propio Bolaños, que estos plazos, «son revisables».
De 35 a 65
La decisión se ha tomado tras un proceso en el que paulatinamente ha ido tomando protagonismo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en lugar de la de Defensa, Margarita Robles. Y en el que los plazos para los documentos más «sensibles» –léase peligrosos– para el Estado han pasado de los 35 previstos inicialmente hasta estos 65.
No es un mero retoque: para entenderlo en la práctica, en el primero de los casos se podrían conocer ya (cuando se apruebe la ley) los documentos secretos anteriores a 1987, mientras que con la redacción final quedarán tapados todos los posteriores a 1962.
Es decir, en esa fase previa de discusión en el Gobierno se ha pasado de poder tener acceso a posibles interioridades sobre los GAL cuando se apruebe a ley a no poder conocer siquiera la represión aplicada por el franquismo en Euskal Herria durante la mayor parte de los 60.
Unidas Podemos se lo piensa
Unidas Podemos no está conforme con el anteproyecto de ley de secretos oficiales, según se ha filtrado antes del Consejo de Ministros, y podría plantearse no apoyarla en la tramitación parlamentaria y descolgarse nuevamente de una ley del Gobierno de coalición.
Así lo han asegurado a Efe fuentes de la formación. Aunque hay margen para la negociación entre los dos socios, esta nueva legislación podría desencadenar el enésimo choque en el Ejecutivo de coalición y además provocar que Unidas Podemos se desmarque por segunda vez de una ley del Gobierno, como hizo al abstenerse en la votación de la nueva ley audiovisual, el pasado 26 de mayo.
En este contexto de discrepancias entre ambos, sigue pendiente la reunión de la mesa de seguimiento del pacto de coalición de gobierno que solicitó la vicepresidenta, Yolanda Díaz, tras el choque por el aumento del gasto militar (un crédito extra de 1.000 millones de euros) el pasado 5 de julio.
PNV: «Bastante decepcionante»
Desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha valorado que el anteproyecto llega «muy tarde», por lo que duda de que pueda entrar en vigor esta legislatura, y considera «exageradamente largos» y «bastante decepcionantes» los plazos previstos para la desclasificación de documentos.
Ha recordado que su formación propuso hace seis años por primera vez reformar la ley de secretos oficiales y ha abogado por acelerar los plazos para «no desperdiciar la oportunidad de actualizar una ley franquista y avanzar en una de las reformas estructurales que el Estado español tiene aún pendiente».
EH Bildu insta a «rectificar»
Por parte de EH Bildu, Jon Iñarritu tampoco ve un «gran avance» en el anteproyecto de ley que plantea el Gobierno español.
«Una ley que se quiere aprobar para derogar una norma franquista de 1968, pero que al mismo tiempo prevea dejar sin desclasificar asuntos que pueden ir hasta 1962 (50 + 10 años en caso de prórroga), francamente no parece un gran avance, ¿verdad?», ha escrito en las redes sociales.
Desde esa misma formación, su coordinador general, Arnaldo Otegi, también ha expresado su opinión.
La ley de secretos oficiales no ocultará lo que que en Euskal Herria es un secreto a voces: quién organizó la guerra sucia, quién ordenó la práctica de la tortura y quiénes ampararon desde los medios estos hechos.
— Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) August 1, 2022
Sigue faltando responsabilidad con la paz y la convivencia.
EH Bildu considera que la propuesta presentada por «la parte socialista del Ejecutivo no cumple con la palabra dada por el Gobierno ni responde a las demandas que desde Euskal Herria han realizado durante décadas tanto la sociedad vasca como los partidos y asociaciones memorialistas en aras a conocer la verdad y buscar justicia en los numerosos episodios que aún siguen bajo el manto de la impunidad».
Advierte de que de aprobarse esta propuesta seguirán sin ser aclarados «casos flagrantes de vulneraciones de derechos ocurridos en Euskal Herria, como los GAL, la práctica sistemática de la tortura o sucesos como los del 3 de Marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz o los San Fermines del 78».
Por ello, insta al Gobierno español a «rectificar» su propuesta y plantear una reforma «que aborde lo ocurrido desde la transparencia, el reconocimiento y la verdad sobre todos los casos de vulneración de derechos y libertades que conciernan al Estado español y a sus aparatos desde el franquismo hasta el día de hoy».
Bolaños, «abierto a mejorarla»
En este contexto, Bolaños ha asegurado que el Gobierno español «estudiará» todas las aportaciones de los grupos, una vez se haga público el texto, con la intención de «mejorar» la norma, tanto en la tramitación dentro del propio Consejo de Ministros como en las Cortes Generales.
«Habrá una mayoría parlamentaria rotunda», ha proclamado Bolaños, que tiene como previsión que esta ley pueda estar aprobada a finales de este año o a principios de 2023.