«En un contexto difícil, hemos logrado crear un Código de las Familias avanzado y referencial»

Arahazay Lami Hormaza, jefa del departamento de Trabajo Comunitario del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) de Cuba, acaba de visitar Euskal Herria invitada por la asociación Euskadi-Cuba para hablar del Código de las Familias aprobado vía referéndum el pasado 25 de septiembre.

Un total de 6.251.786 cubanos, el 74,01% del censo electoral, votaron el 25 de septiembre en el referéndum sobre el nuevo Código de las Familias. De ellos, 3.936.790 votaron a favor, mientras que 1.950.090, lo hicieron en contra.

Esta innovadora norma reconoce el matrimonio igualitario y las adopciones a personas del mismo sexo, regula el «embarazo solidario», prohíbe el matrimonio adolescente, ampara el derecho al cuidado y la protección afectiva, la autonomía de los niños, personas mayores y en estado de discapacidad, y establece como formas de violencia familiar «el maltrato verbal, físico, psíquico, moral, sexual, económico o patrimonial, la negligencia, la desatención y el abandono, ya sea por acción u omisión, directa o indirecta».

«Que en un contexto tan complicado hayamos conseguido aprobar un avanzado Código de las Familias que probablemente sea una referencia a nivel mundial muestra la solidez de la Revolución y de la expresión popular», resalta en entrevista con GARA. Arahazay Lami Hormaza, jefa del departamento de Trabajo Comunitario del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (Cenesex), institución clave en la redacción e impulso de esta norma jurídica.

El Código de las Familias adopta el plural, ¿por qué?

Justamente porque no se trata de reconocer un único modelo de familia, sino todas las familias. Desde su propio nombre, el Código reconoce la pluralidad que existe en el panorama familiar cubano de hoy en día.

Uno de los aspectos novedosos es la sustitución del concepto de patria potestad por el de responsabilidad parental.

El término patria potestad tiene su origen histórico en el pater familia de la antigua Roma que asignaba determinadas potestades al padre quien, incluso, decidía sobre los hijos e hijas y tenía el derecho de quitarles la vida si así lo consideraba necesario.

En cambio, el concepto de responsabilidad parental tiene una mayor consonancia con la vida cotidiana y con la actualidad, y pone la mirada en los deberes y derechos que tienen las madres y los padres; en el deber de dar alimento, pero en su sentido más amplio, es decir, no se limita a la necesidad de garantizar cuestiones materiales, sino que abarca todo lo que está en función del bienestar del menor desde el punto de vista sicológico, educativo, emocional.

En el Código de 1975, estas cuestiones de índole más subjetiva no estaban reconocidas.

También regula el «embarazo solidario», lo que sitúa a Cuba a la vanguardia en un tema tan controvertido. ¿Cómo se ha llegado a su inclusión?

El Código se ha ido construyendo de manera participativa. Lógicamente, no ha sido lineal. Ha pasado por muchas contradicciones, desde la propia comisión gestora hasta todo el proceso de consultas que atravesó.

Siempre cuesta desmontar patrones hegemónicos tan arraigados, pero cuando se ponen sobre la mesa otras vivencias y experiencias de personas que no tienen los mismos accesos y oportunidades de formar una familia, sale el tema de la gestación solidaria.

Es cierto que ha sido un proceso que ha generado muchas contradicciones, pero se llegó a un consenso porque se entiende que hay personas que necesitan de esta otra posibilidad de formar una familia; lógicamente, con normas y medidas para garantizar que se realice en coherencia con los principios que defienden la norma y la propia Constitución cubana.

Hablamos de un embarazo desde la solidaridad y no desde el beneficio material de alguna persona. En este sentido, se prevén varias medidas para garantizar que no se hace con fines lucrativos. Se establece un control legal, sanitario y judicial; se prohíbe explícitamente cualquier tipo de remuneración, debe haber una autorización judicial previa al procedimiento médico y se exige la homologación del consentimiento de todas las partes intervinientes. Además, debe darse entre personas con vínculos familiares o afectivamente cercanas.

¿Cómo valora que se haya logrado llegar a un consenso?

Me parece justo y muestra la voluntad política del Estado de propiciar bienestar y garantizar los derechos de todas las personas. Se trata de reconocer derechos que antes les eran vulnerados a determinados sectores de la población y de reparar la afección que ello podría ocasionarles en su vida personal y en su derecho a formar una familia. Era algo necesario.

De la película ‘Fresa y Chocolate’ (1993) de Tomás Gutiérrez Alea en la que se abordan los prejuicios acerca de los homosexuales por parte de la Revolución a la aprobación del matrimonio igualitario.

El recorrido no ha sido fácil. Hemos transitado por muchas contradicciones, porque no es fácil desmontar prejuicios tan arraigados, ha tenido sus avatares. Si hemos llegado hasta aquí ha sido gracias al trabajo sostenido e intenso de las instituciones y a la lucha constante de la sociedad civil y de los activistas. La aprobación del matrimonio igualitario es parte de un proceso de sensibilización de la población, de ir educando y de visibilizar aquellas vulneraciones de derechos de las personas LGTBIQ+.

El Centro Nacional de Educación Sexual, por ejemplo, desarrolla jornadas de diálogo científico y activismo social, un encuentro entre lo que dice la ciencia y por dónde va el activismo, y desde ese punto de vista nos vamos retroalimentando y podemos hacer propuestas más concretas a tono con la realidad.

Pero aún queda mucho por hacer en materia de educación sexual y de reconocimiento de los derechos sexuales. No podemos decir que ya lo tenemos todo ganado con la aprobación de este Código.

¿Qué opinión le merece el llamamiento de las iglesias a rechazar en la consulta el Código alegando que responde a una ideología de género?

El tema de las iglesias y de los fundamentalismos religiosos ha hecho un poco de daño en el sentido de que han querido distorsionar lo que propone Código. Han querido imponer algunas cuestiones que no legitiman los derechos de todas las personas. La Iglesia ha ejercicio  históricamente mecanismos de poder y ha generado desigualdades. No obstante, están en su derecho de hacer sus pronunciamientos.

Nos han puesto el reto de hacer la labor que teníamos que hacer de dar claridad a la población, mostrar historias de vida, explicar cómo se materializaría este Código y cómo viene a resolver muchos problemas que tenemos en la sociedad y a los que la norma vigente desde 1975 no daba respuesta.

Lo que nos corresponde a nosotros es dar argumentos para desmontar todas estas teorías que buscan deslegitimar los derechos de un grupo de la población.

El Código prohíbe el matrimonio antes de los 18 años atendiendo a convenios internacionales y como vía para prevenir el embarazo adolescente y que las niñas abandonen los estudios. Hasta ahora, la edad mínima para casarse era de 14 años para las chicas y de 16 para los chicos.

No podemos decir que este particular vaya a resolver el embarazo adolescente, pero es cierto que el matrimonio antes de los 18 hace que sean más propensas a tener un hijo a edades tempranas. Creemos que, en alguna medida, esto podrá influir de manera positiva en la prevención del embarazo adolescente. Esto responde a los tratados internacionales de los que Cuba forma parte, como la Convención de los Derechos del Niño.

Un 74,01% del padrón electoral votó el 25 de septiembre. Algunos ven esta participación un voto de castigo al Gobierno cubano en un contexto marcado por los apagones y la crisis energética.

La crisis energética tiene que ver con las carencias asociadas al bloqueo de Estados Unidos y a todas las acciones que se dirigen a asfixiar la economía cubana. Que el 74% de la población haya ido a votar nos indica que la mayoría de la población está ejerciendo sus derechos y está reconociendo una norma que aporta al bienestar de todos y todas.

Estamos en un momento difícil en el que todas las campañas mediáticas están enfocadas a hacer ver que los cubanos tienen un fuerte grado de malestar y están en contra del Gobierno.

En un contexto bastante difícil y complicado desde el punto de visto económico y con repercusiones en lo social, hemos sido capaces de construir de manera participativa una norma avanzada que da derechos y pone la dignidad y los afectos como valores supremos.

Que en estas circunstancias hayamos aprobado un Código de las Familias que probablemente sea una referencia a nivel mundial, muestra la solidez de la Revolución y de la expresión popular.