Bono social eléctrico y térmico, quién puede acceder a ellos y cómo tramitarlos

Mientras la factura de la luz subía, los beneficiarios de los bonos sociales para pagar la energía ha ido disminuyendo por desconocimiento entre aquellos que tienen derecho a esta ayuda. Y por lo engorroso del trámite. En 2010 había casi el triple de beneficiarios de estos bonos que en 2021. 

Con datos de la CNMC a nivel estatal, a 31 de diciembre de 2021 había 1,1 millones de titulares de un contrato eléctrico adscritos al bono social eléctrico. En 2010, había casi 2,9 de hogares beneficiarios de esta ayuda. 

No todas las rentas tienen acceso a este tipo de ayudas. El primero de los requisitos básicos a cumplir es que el contrato esté ya como PVPC (Precio Voluntario Pequeño Consumidor), una modalidad con cierta protección por parte del Estado, y no en el mercado libre. Aquí está una de las razones de que los bonos energéticos hayan ido en picado. En la última década, la cantidad de consumipores con PVPC ha caído de 20 millones a 10,1, atraídos por las ofertas de las eléctricas del mercado libre.

Esta reducción tan importante del PVPC responde a varios motivos. Una, que la figura del PVPC no ha sido capaz de proteger al consumidor de las fluctuaciones del mercado eléctrico. No existe mejor resumen del fallo de esta modalidad que la declaración de Ignacio Sánchez Galán (presidente de Iberdrola) donde afirmaba que los únicos que estaban pagando más por la luz tras descontrolarse los precios eran «los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el Gobierno». Y esto es así porque el PVPC depende del pool diario del mercado eléctrico (ha implicado subidas de más del 20%). 

No obstante, según indica el sindicato UGT en su recientemente publicada "Guía básica para acceder al bono social eléctrico y térmico", pese a sus defectos, el PVPC ha sido hasta hace bien pocos meses la más barata (por lo que no es descartable que vuelva a serlo en breve). Los clientes se han del mercado protegido al mercado libre, por tanto, con ofertas engañosas de las compañías suministradoras de energía. Y, de la mano, han perdido la capacidad de acceder a los bonos sociales eléctricos y térmicos (que para familias necesitadas pueden suponer ahorros de hasta el 60% en la factura de la luz). 

UGT pone datos a este desconocimiento. Solo tres de cada diez encuestados en un estudio de la CNMV conocía las diferencias entre el mercado regulado y el libre. Y solo un 7% sabía exactamente qué potencia tenía contratada.

Al bono social eléctrico se accede en función de la renta, pero hay una serie de colectivos que, directamente, tienen acceso a él: familias numerosas, aquellos hogares donde todos los miembros de la unidad de convivencia con ingresos sean pensionistas de la seguridad social y perciban la cuantía mínima, o aquellos hogares donde algún miembro de la unidad de convivencia perciba el Ingreso Mínimo Vital. 

En cuanto a los indicadores económicos, el punto de partida sería el IPREM a 14 pagas muliplicado por 1,5 (12.159 euros al año) pero puede multiplicarse por 2,5 (20.265) en caso de tener la condición de víctima de terrorismo, de violencia de género, o cuando existan grados de dependencia en la unidad familiar por encima del 33%, o cuando existan dependencias reconocidas por encima del grado II o III. 

Asimismo, si en la unidad de convivencia hay mayores de edad se añade otro factor multiplicador de 0,3, y de 0,5 por cada menor. 

Acceder al bono social eléctrico implica una reducción de la factura del 25% (temporalmente ampliado al 60% hasta fin de año). Cuando estos umbrales se superan holgadamente se puede obtener la condición de «vulnerable severo», mediante el que se accede a una reducción de la factura de la luz del 50% (70% hasta fin de año). Y si de la comprobación se determina que lo que existe es un riesgo de exclusión social, la exención del pago es total. 

Además, el ser reconocido el derecho al bono social eléctrico implica, automáticamente, ser beneficiario del bono social térmico. Este constituye un pago anual para pagar la calefacción y la cocina que el Estado deja al albur de que exista presupuesto para pagar y de la zona climática donde se encuentre la vivienda (oscila entre 25 y 124 euros).

Además de las ayudas económicas, los beneficiarios del bono social automáticamente tienen concedido el suministro mínimo vital, que en la práctica se traduce en la imposibilidad de que le corten la luz (frente al resto de consumidores, a los que se les puede retirar el suministro a los dos meses). 

Guía para la tramitación

La tramitación debe realizarla a través de una empresa comercializadora de referencia para estos bonos. Se rellena una solicitud y enviarla firmada por todos los miembros de la unidad de convivencia. Esta tramitación es estrictamente gratuita y la empresa no puede cobrar nada por ella. 

El formulario solicitud se acompañará de la fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad convivencial, los certificados de padrón, libros de familia o la documentación que dé cuenta de la unidad, asi como la acreditación correspondiente para las casuísticas especiales (como el título de familia numerosa, etc.). 

Especial mención requiere la consideración de víctima de violencia de género, que podrá acreditarse mediante sentencia, existencia de orden de protección, medidas cautelares... La norma, en este sentido, es bastante flexible. 

La comprobación se realiza de forma telemática por parte del comercializador (la compañía energética) que debe resolver en menos de diez días tras comunicarlo al Ministerio. El descuento llegaría a los 15 días. 

El solicitante debe comunicar obligatoriamente el cambio de sus circunstancias.