Un informe vincula las ratios de personal con la mortalidad por covid en residencias de la CAV

Un estudio encargado por Lakua sobre el impacto del covid-19 en las residencias menciona las ratios de personal como una de las variables que afectaron a la mortalidad. La consejera Beatriz Artolazabal ha detallado esta tarde parte del informe, pero casi seis meses después y a petición de EH Bildu.

«Esta intervención la hemos tenido que solicitar nosotros». Con estas palabras, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha reprochado a la titular de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales de Lakua, Beatriz Artolazabal, que haya tardado casi seis meses en dar cuenta de un informe –“Mortalidad COVID-19 en residencias para personas mayores 2020-2021”– que entre otras cuestiones confirma la relación existente entre las ratios de personal y la mortalidad sufrida en las residencias de la CAV.

Según ha expuesto la representante soberanista, el documento, aun cuando fue publicado –que no publicitado– en julio, tiene fecha de mayo, y hasta el momento no se ha hecho mención de él por parte del Ejecutivo, pese a que la situación vivida en las residencias ha sido objeto de debate en sede parlamentaria en este tiempo. «¿Por qué?», ha preguntado Kortajarena, apuntando que «quizá porque algunas de las variables que se apuntan en el informe están en sus manos».

La parlamentaria de EH Bildu ha calificado el estudio, elaborado por el SIIS (Centro de Documentación sobre Servicios Sociales y política social), como «el más riguroso elaborado hasta la fecha», y ha explicado que entre los factores que en él se mencionan por su afección sobre la mortalidad en las residencias está el de las ratios de personal, de modo a que en las residencias donde menos personal sociosanitario había por residente era mayor el número de fallecidos causados por el covid. Y ha indicado a la consejera que «la responsable de regular las ratios es usted».

También le ha recordado que sigue pendiente actualizar el decreto sobre las residencias, algo a lo que ella se había comprometido a principios de legislatura, pese a que ya se ha superado el ecuador de la misma. Y ha destacado que otras de las variables que se citan en el informe se regulan en esa norma y son asimismo «responsabilidad suya». La consejera, que ha comenzado con un recuerdo a las personas fallecidas por el covid-19 y con un agradecimiento las trabajadoras de las residencias, ha respondido que esperan tener aprobado el nuevo decreto en Consejo de Gobierno en el primer trimestre de 2023.

«No existen interpretaciones simples»

Artolazabal ha dedicado varios minutos a resumir cuantitativamente el impacto de la pandemia en las residencias, pero pasando de puntillas por lo expuesto por Kortajarena y se ha limitado a sostener que el informe «solo puede exponer hipótesis» sobre los factores de mortalidad y que «no existen interpretaciones simples» al respecto. La única variable que a su juicio sí ha afectado indudablemente a la mortalidad es el grado de dependencia y vulnerabilidad de las personas afectadas por el virus. Casi nada ha dicho de las ratios.

También ha defendido que el sistema residencial tuvo «una respuesta rápida y adecuada» frente a la pandemia, tras una primera ola que, reconoció, fue muy virulenta en esos centros. «Frente a unas visiones muy negativas, el sistema reaccionó correctamente», ha defendido, alabando especialmente la reacción de las residencias más grandes, las más afectadas en la primera ola.

Las explicaciones se la consejera no han satisfecho a la parlamentaria de EH Bildu, que ha insistido en que muchas de las cuestiones que ha expuesto está en sus manos corregirlas, y le ha echado en cara que «no ha mencionado ninguna decisión que vaya a adoptar».

205 fallecidos en una semana

Lo cierto es que desde el inicio de la pandemia, las residencias han sido objeto de atención y de preocupación, por la alta incidencia del virus en esos centros y por sus trágicas consecuencias. Un ejemplo de ello es que en una sola semana, entre el 13 y el 19 de abril de 2020, las residencias de la CAV registraron la muerte de 178 usuarios con covid acreditada mientras que otros 27 fallecieron con síntomas compatibles con la enfermedad –en aquellas fechas no había capacidad de hacer pruebas diagnósticas a todos los afectados–.

205 decesos en una semana, una media de 29 residentes al día. Son cifras escalofriantes que forman parte de la información que Lakua estuvo remitiendo al Gobierno español en virtud de la Orden SND/275/2020, que estuvo vigente durante el Estado de Alarma, y que dan la medida de lo que ha sido la pandemia en los centros para mayores, sobre todo en aquellos primeros meses tan terribles.

Y es que en la primavera de 2020 en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa fallecieron por covid o con síntomas de la enfermedad 703 usuarios y usuarias de las residencias de mayores, lo que representa casi el 4% de las personas que entonces residían en los centros para mayores. Sin embargo, aunque proporcionalmente fue menor, el golpe de las siguientes olas fue también muy alto, y según las últimas estimaciones el coronavirus ha sido el causante de la muerte de 1.362 residentes en la CAV desde el inicio de la pandemia.