Rementeria niega que la Diputación de Bizkaia mire «a otro lado» en el fraude de Alonsotegi
El diputado general de Bizkaia ha asegurado que la Diputación «no mira a otro lado» en el caso de las irregularidades en el cobro de subvenciones que se concedieron al Ayuntamiento de Alonsotegi, y ha destacado que la administración foral está personada como acusación particular.
Unai Rementeria, diputado general de Bizkaia, ha comparecido este miércoles ante el pleno de las Juntas Generales a petición del PP, que le ha cuestionado sobre «los fallos» que se produjeron para que se hicieran efectivas varias subvenciones al Ayuntamiento de Alonsotegi que, «a lo que se ve, no fueron destinadas a los fines propuestos».
El PP considera que «fallaron los mecanismos de control» en la concesión de distintas subvenciones al Ayuntamiento de Alonsotegi en varios ejercicios, por las que se han abierto «causas por presuntas irregularidades». Su juntera Esther Martínez ha insistido en que debería haber «algún mecanismo de control suplementario» para comprobar el uso de esas ayudas, más allá de las certificaciones que pudo aportar el Ayuntamiento. Y ha criticado que «la incomodidad política» que estos procesos le generan al PNV hace que se «mire para otro lado».
En su respuesta, el diputado general ha explicado que la Diputación otorgó subvenciones al Ayuntamiento por las lluvias del 31 de mayo de 2008 y de los días 4 y 6 de noviembre de 2011, estas últimas referidas al proyecto de reparación del sótano del Ayuntamiento, del muro del ambulatorio y del muro del Elkartegi.
Según ha indicado, tras recibir por parte del Ayuntamiento «todos los informes requeridos por la Diputación, el importe de ambas subvenciones se otorgó por orden foral reconociendo el 90% del presupuesto subvencionable». Las órdenes, ha precisado, llevaban «incluidos los mecanismos de control, esto es, qué es lo que tenían que trasladar para justificar la ejecución de la obras».
«Certificados de la administración»
Rementeria ha señalado que la Diputación recibió «toda esa documentación» del Ayuntamiento «sin tener que desconfiar de la veracidad de las mismas porque eran certificados de la administración». En base a esa información, se emitió en ambos casos una resolución para liquidar esos expedientes.
«En lo que al expediente se refiere, se cumplieron todos los trámites administrativos previstos tanto en la normativa propia sectorial como en la de autoorganización o de respeto de la autonomía local», ha asegurado el diputado general, que ha recordado que el Tribunal de Cuentas examinó ambos expedientes y «no dejó ninguna constancia de ninguna particularidad» en sus informes.
Rementeria ha destacado que la Diputación se ha personado como acusación particular en los procesos judiciales que se han abierto y, por tanto, «no mira a otro lado, sino todo lo contrario». Ha recordado asimismo que «la vía administrativa queda supeditada cuando se abre una vía penal», y que por tanto el organismo foral está «esperando cómo se va en esos dos procedimientos hacia delante y analizará la defensa que procede hacer como Diputación en esos procesos penales».
En el banquillo se sentarán el que fuera alcalde del PNV en Alonsotegi entre 2011 y 2015, José Luis Erezuma, junto a otras cuatro personas: dos responsables de una constructora, un arquitecto y una asesora municipal.
A principios de año se declararon culpables y alcanzaron un acuerdo para devolver el dinero y así eludir la cárcel. Tras no haber cumplido con su parte del trato, se fijó para el pasado 18 de octubre el juicio por prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude. Si embargo, el arranque de la vista ha sido aplazado ‘sine die’ por problemas de salud de Erezuma.
En otro proceso judicial abierto en el juzgado de Barakaldo se investiga al también exalcalde jeltzale Aitor Santiesteban (2007-2011), por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación y fraude, tanto a las administraciones públicas como de subvenciones.