Aprobado el anteproyecto de ley contra la trata, que castigará toda forma de explotación
El Gobierno español ha aprobado el anteproyecto de la ley integral contra la trata, que persigue toda forma de explotación, ya sea esclavitud, servidumbre o trabajos forzosos, mendicidad, servicios sexuales o reproductivos, extracción de órganos o matrimonios forzados, entre otras.
El Consejo de Ministros español ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley integral contra la trata, que castigará toda forma de explotación, ya sea esclavitud, servidumbre o trabajos forzosos –delitos que introduce en la legislación–, mendicidad, servicios sexuales o reproductivos, extracción de órganos o matrimonios forzados, entre otras.
En concreto, un cliente de una persona obligada a prostituirse enfrentará penas de seis meses a cuatro años de cárcel y se castigará también a quienes faciliten locales donde se explote sexualmente a personas.
De acuerdo con el anteproyecto, un sistema estatal se encargará de proteger a la víctimas, a las que ya no se requerirá el denunciar o a participar en la investigación penal para acceder a esa protección, y será necesario enmendar la Ley de Extranjería para que aquellas que estén en situación irregular puedan solicitar una autorización temporal de residencia y trabajo, con derecho a ayudas sociales y a una indemnización de sus explotadores.
Las víctimas también podrán optar por el retorno a su país, con ayudas para facilitar su regreso.
La ley también prevé medidas de sensibilización en sectores que se consideran más precarizados o conectados con la economía sumergida, como el servicio doméstico, la hostelería, la agricultura, el sector textil y la construcción, donde se dan casos recurrentes de explotación a migrantes.
Diferencias con el Ministerio de Igualdad
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado que el texto es «fruto del consenso interdepartamental» y que está abierto a «futuros ajustes» para mejorar la protección de las víctimas, en alusión a las diferencias surgidas entre los socios de gobierno.
El Ministerio de Igualdad consideró ayer tarde que el proyecto era insuficiente al no garantizar permisos de residencia y trabajo a las víctimas en situación irregular, la inmensa mayoría, pero la minstra Llop ha defendido que el texto sigue las recomendaciones del Convenio de Varsovia, que prevé dar papeles por circunstancias excepcionales teniendo en cuenta su situación personal y su colaboración en el procedimiento penal.
Ha querido dejar claro que «en ningún caso» se exigirá a la víctimas denunciar o colaborar en la investigación penal para acceder a los derechos que les ofrece la ley, sin perjuicio de que se fomente esa colaboración policial. Y ha asegurado que ese punto estaba claro desde el inicio de los trabajos y no se ha introducido a última hora por las quejas del Ministerio de Igualdad.
No obstante, se ha mostrado abierta a mejoras y ha dicho que el texto es «una primera vuelta» que sufrirá «ajustes».
A través de su cuenta en Twitter, Igualdad ha avalado el proyecto porque concederá una autorización de residencia y trabajo provisional a las víctimas extranjeras desde el momento de la identificación provisional, lo que les permitirá acceder de inmediato a itinerarios de inserción sociolaboral y, por tanto, a alejarlas de las redes de trata.
«Una ley que responde a una de las más graves formas de violencia machista, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y que pone a las víctimas en el centro», ha señalado.
La aspiración inicial del Ministerio de Irene Montero era aprobar una ley contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, pero la ministra de Justicia ha defendido su carácter integral, para amparar a todas las víctimas y luchar contra todo tipo de trata y explotación, incorporando como nuevos tipos delictivos el trabajo forzoso, servidumbre y esclavitud.
Asistencia y protección
Según ha explicado, se garantiza la asistencia y la protección de las víctimas desde que se tienen los primeros indicios de su situación y se reforzará la lucha contra el crimen organizado y las mafias que trafican con seres humanos, «el tercer negocio más lucrativo tras el tráfico de armas y de drogas».
El texto crea un Mecanismo Nacional de Derivación (MND) como órgano encargado de su inmediata derivación cuando existan sospechas.
Se reconoce con carácter general el derecho a una protección y asistencia especializada, con ayuda de intérpretes o mediadores culturales si son necesarios y siempre garantizado la privacidad, la protección de la identidad y el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
El anteproyecto, que facilitará el retorno voluntario de las víctimas a sus países de origen, reconoce también su derecho a la inserción social y laboral, a acceder a la prestación del ingreso mínimo vital, a vivienda, a una reparación integral y a una compensación económica adecuada en forma de indemnización, con una protección específica en el caso de víctimas menores de edad.