Detenidos en Donostia dos empresarios de la construcción acusados de explotación laboral

Obligaban a sus empleados extranjeros a trabajar 16 horas al día, y les desahuciaban y retiraban la asignación para manutención si se quejaban. Los trabajadores llegaban a Gipuzkoa engañados con la promesa de un contrato laboral.

La Policía española ha detenido en Donostia a dos empresarios de la construcción por la presunta comisión de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, a los que obligaban a trabajar 16 horas al día y les desahuciaban y retiraban la asignación para manutención si se quejaban o reclamaban el cobro del sueldo pactado.

La investigación se inició cuando, a mediados del mes pasado, un ciudadano extranjero se personó en la comisaría de Donostia para solicitar asilo. Durante la declaración para este trámite, relató un traumático episodio laboral sufrido que podía ser constitutivo de graves delitos.

Los agentes de asilo a trasladaron inmediatamente lo averiguado a los investigadores del Grupo Operativo de Extranjería II (GOE) de la capital guipuzcoana. Tras el examen de la declaración y las pesquisas necesarias, los agentes especializados confirmaron el testimonio inicial.

Así, detectaron que dos empresarios afincados en Gipuzkoa, socios y administradores de varias empresas, entre la que destaca una dedicada a la reforma de baños, estaban contactando con ciudadanos extranjeros asentados en su mayoría en sus países de origen en Hispanoamérica para realizarles ofertas de empleo «engañosas».

Además, también descubrieron que al menos seis de estos trabajadores se habían mudado a diferentes puntos del territorio nacional, lo que impulsó su búsqueda.

Ya tienen protección

Gracias a la coordinación y colaboración con las Brigadas de Extranjería y Fronteras de la Policía española, se les pudo localizar rápidamente en Toledo, Madrid y Tortosa y activar el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de este tipo de delitos, y se les dispensó la protección necesaria y se les informó de los derechos que les asisten, entre los que se encuentra la posibilidad de ser derivados a recursos asistenciales y de alojamiento dependientes de las Comunidades Autónomas.

Tras oír en declaración a todas estas víctimas, los agentes concluyeron que los dos empresarios les ofrecían un sueldo que oscilaba entre los 1.200 y 1.400 euros por trabajar en Gipuzkoa reformando baños. Además, les garantizaban un contrato de empleo y alojamiento con gastos de manutención incluidos.

Ante estas condiciones laborales, los trabajadores decidían endeudarse para poder comprar un billete de avión dejando a sus familias atrás. Cuando empezaban a trabajar se percataban de que, al carecer de permiso para residir en el Estado español y para realizar cualquier tipo de actividad laboral, no les harían contrato de trabajo.

Por todo ello, se procedió a la detención de sendos empresarios que, tras declarar en comisaría, pasaron a disposición judicial a la espera de juicio.

«Un entramado social»

El sindicato LAB ha denunciado en un comunicado que «no es un caso aislado» y que es «la expresión de un entramado social e institucional racista con bases históricas y estructurales que hay que transformar».

Destacan que la Ley de Extranjería «racista» de Estado español «decide mirar para otro lado exponiendo a las trabajadoras migradas y racializadas a circuitos de abandono y especial desprotección frente a todo tipo de vulneraciones», en lugar de poner en marcha mecanismos para frenar estas «mafias».

Así exige a los gobiernos e instituciones que se regularize la situación de los trabajadores y trabajadoras migrantes en Euskal Herria garantizando el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales.