Movilización por el desahucio en Barakaldo de una mujer y su hija fijado para el viernes
Varios colectivos sociales se han movilizado por el desahucio de una mujer y su hija en Barakaldo, que esta fijado para el viernes. Denuncian que, a dos días de su desalojo, «ninguna administración las ha ofrecido la vivienda de alquiler social a la que tienen derecho».
Integrantes de la plataforma contra la exclusión y por los derechos sociales Berri-Otxoak se han concentrado este miércoles frente a la sede de Alokabide en Bilbo para denunciar el inminente desalojo que sufrirá una familia monomarental de Barakaldo, pendiente de ser desahuciada este viernes, 30 de diciembre, a las 9.15 horas.
Las manifestantes han portado varios muñecos de inocente durante la movilización para mostrar su rechazo al desalojo de una mujer de 52 años y de su hija menor de edad, «las siguientes víctimas de una larga lista en la ‘inocentada’ de los desahucios», han denunciado.
Según han señalado, la aprobación del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre «debería haber supuesto un freno a los desahucios, pero les ha sido tan sencillo como no aplicar su propia legislación para jugar con nuestras expectativas e incumplir, nuevamente, nuestro derecho a una vivienda digna».
En ese sentido, han recordado que el citado Real Decreto-ley «obliga a las comunidades autónomas a garantizar el realojo inmediato en una vivienda a personas en situación de vulnerabilidad acreditada en caso de desahucio, como lo es el caso de esta mujer y su hija menor de edad, excluyendo albergues o centros de acogida».
Desde Berri-Otxoak han afirmado que el equipo de gobierno de Barakaldo y la Consejería de Vivienda de Lakua «nos siguen tomando el pelo al infringir las resoluciones preceptivas europeas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la normativa estatal y la legislación antidesahucios del Gobierno Vasco».
En ese sentido, han apuntado que la normativa antidesahucios fue firmada por el propio Gobierno de Lakua, EUDEL y el Consejo General del Poder Judicial en 2013, y se actualizó en 2019, pero «no se aplica». A dos días de la ejecución del desahucio, han asegurado, «ni los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo ni el Ejecutivo autonómico han ofrecido una alternativa habitacional a esta familia monomarental con una menor a cargo».