Siete pistas a seguir en la senda de la transformación ecosocial

El año cierra con una triple crisis climática, energética y de biodiversidad que invita al desánimo o al nihilismo. Sin embargo, hay dinámicas a diferentes escalas que merecen ser reforzadas en 2023, dado su potencial transformador. No están todas las que son, pero son todas las que están.

Esta no es una lista de pequeñas acciones con las que en tu vida cotidiana puedes luchar contra la crisis climática. Reciclar en casa es indispensable, pero la crisis ecosocial en la que estamos inmersos requiere articular respuestas colectivas que interactúen con decisiones efectivas por parte de las instituciones.

Harán falta muchas para construir mayorías hoy inexistentes, pero si miramos alrededor, vemos que en los últimos meses se han activado dinámicas, encendido debates y tomado decisiones que ciertamente resultaban difíciles de imaginar poco antes. Profundizar en ellas y buscar nuevas grietas es uno de los retos para este 2023, no solo para hacer frente a la crisis ecosocial, sino también para ensanchar el horizonte de lo posible.

Sobre dos ruedas se viaja mejor

Elegir la bicicleta para moverse, sobre todo en ambientes urbanos, es mucho más que una decisión personal. Es también un comportamiento colectivo que puede modularse desde la política pública, integrando y priorizando los carriles bici, facilitando el resto de infraestructura necesaria –parkings públicos, por ejemplo– y ofreciendo ayudas para la obtención de bicicletas, ordinarias y eléctricas.

En algunos lugares con más empeño que en otros, y unas veces con mayor acierto que otras, iniciativas en este sentido están en marcha en prácticamente todos los entornos urbanos de Euskal Herria. Muestra de ello es el éxito parcial que están cosechando los servicios públicos de alquiler de bicicletas eléctricas. Las dos ruedas y un transporte público en condiciones son claves para empezar a retirar el coche de la movilidad urbana.

Un nuevo activismo en marcha

No puede decirse que en Euskal Herria se haya articulado hasta la fecha un nuevo activismo vinculado a la crisis ecosocial, pero hay experiencias incipientes, acciones aisladas como la de la fotografía principal que acompaña este texto y una larga tradición ecologista, centrada hasta ahora sobre todo en frenar proyectos impuestos desde Madrid, Gasteiz o Iruñea.

Nada lo garantiza, pero no puede descartarse que 2023, tras unos meses en los que los primeros efectos concretos y palpables de la crisis climática se han hecho presentes como nunca, sea el año en que ese magma empiece a dar lugar a un activismo de nuevo cuño que, también de modo incipiente, viene observándose en muchos lugares del planeta. A Greta Thunberg la han seguido las acciones de jóvenes activistas contra obras de arte y ocupaciones de universidades, mientras cada vez más miembros de la comunidad científica han ensayado iniciativas desobedientes.

Un debate sobre el modelo

El debate ha dejado de ser entre un modelo basado en combustibles fósiles y otro basado en renovables. La combinación de crisis climática y carestía de los fósiles –acentuada por una guerra que ha puesto de manifiesto la escasez de las materias primas– ha retirado de la ecuación el petróleo y el gas. Tardarán mucho en irse, pero ya nadie pone en cuestión que el futuro no se basará en ellos. Esto ha puesto encima de la mesa dos debates paralelos e interconectados: el que tiene que ver con los límites de un sistema basado en renovables y el que versa sobre el modelo de negocio y de propiedad que debería acompañar el despliegue de las renovables.

El primer debate está derivando, en Europa y en especial en el Estado español, en un debate bastante inútil entre colapsistas y quienes defienden un desarrollo mesurado y democrático de las renovables. En Euskal Herria apenas ha brotado este debate, pero iniciativas como las de Statkraft en la CAV han puesto de manifiesto que existen diálogos pendientes sobre qué tipo –y qué dimensión– de desarrollo de renovables se requiere para el país al que se aspira y cuánto decrecimiento va a ser necesario. La oposición genérica a las instalaciones eólicas esquiva un debate real sobre la soberanía energética y los GW concretos necesarios; también tapona un debate que hay que dar a más tardar este 2023 acerca del modelo de negocio: ¿de quién y para quién van a ser los nuevos desarrollos renovables?

Autoconsumo generalizado

En octubre de 2022, el Gobierno español aprobó una medida que pasó desapercibida fuera de círculos especializados, pero que puede empezar a dar sus frutos en este nuevo año. A propuesta del ministerio para la Transición Ecológica y con el impulso de grupos parlamentarios como EH Bildu, el Consejo de Ministros aprobó ampliar de 500 metros a 2 kilómetros la distancia que marca el límite del autoconsumo.

Es decir, las instalaciones que permiten consumir la energía producida directamente –sin pasar por la red eléctrica general– pueden situarse ahora a una distancia cuatro veces mayor que antes, lo que abre la oportunidad de generalizar instalaciones de autoconsumo a mayor escala y en entornos urbanos, aprovechando polígonos y cubiertas de otros edificios.

Medidas complementarias como la eliminación del requisito de licencia de obras para instalar placas fotovoltáicas en los tejados –en vigor en Nafarroa y se espera que pronto también en la CAV– pueden favorecer la multiplicación de estas instalaciones que, además, impulsan a su vez la creación de comunidades energéticas cooperativas que permiten tomar conciencia de los consumos energéticos reales de una población y caminar hacia mayores cotas de soberanía energética. Ya son varias, y de diverso tipo, las iniciativas en marcha en este sentido. Cabe esperar que sean más en 2023.

Adiós a la espada de Damocles

Otra de las principales noticias en la materia también pasó bastante desapercibida. Se trata de la salida de cuatro países del Tratado de la Carta de la Energía, un convenio internacional para proteger las inversiones extranjeras en un país que, en la práctica, se ha convertido en un freno a cualquier acción de envergadura para hacer frente a las múltiples crisis que acechan. El tratado permite a una multinacional llevar a juicio a un Estado si un Gobierno decide cambiar una norma en una dirección que la empresa considera que le afecta negativamente. El espacio para dirimir la disputa, además, son tribunales de arbitraje ajenos a cualquier sistema judicial ordinario y sin la más mínima garantía. De hecho, el IPCC ha identificado la Carta de la Energía como «un grave obstáculo para la mitigación del cambio climático».

En octubre, el Estado español fue el primero en anunciar que ponía en marcha el proceso para abandonar el tratado, una decisión en la que le siguieron Países Bajos, Luxemburgo y el Estado francés. Se espera que este 2023 más países den el paso, imprescindible para derribar el andamiaje que sostiene la prevalencia de los intereses de la industria fósil.

Un discurso renovado

«Reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestarios y con ellos realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes no quieren. Solo cambien deuda por vida, por naturaleza». El discurso del entonces recién elegido presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue uno de los más comentados de la última Asamblea General de las Naciones Unidas y una muestra del renovado discurso que marca la nueva hornada de gobiernos progresistas latinoamericanos.

Con Petro y Gabriel Boric, en Chile, como principales exponentes, la izquierda latinoamericana está integrando y combinando con la labor gubernamental –no sin dificultades ni contradicciones– un discurso político potente y renovado que señala al capital y a las grandes potencias como principales responsables de una crisis ecosocial que han llevado a un lugar privilegiado de su agenda de prioridades.