Seis localidades vascas concentran la mayoría de muertes por amianto

Seis municipios vascos se encuentran entre los diez primeros del Estado español con mayor número de fallecidos por amianto, según un reciente trabajo periodístico. La asociación de víctimas ha presentado una moción en sus ayuntamientos para que se cumpla con la ley.

Beasain, Sestao, Santurtzi, Barakaldo, Laudio y Portugalete son junto a las catalanas Cerdanyola del Valles y Ripollet, así como las gallegas Fene y Ferrol, las diez localidades del Estado español con mayor número de muertes por amianto. En un trabajo realizado por el medio digital Moncloa.com en colaboración con periodistas europeos, solo se contabilizan las personas fallecidas a consecuencia del mesotelioma y la asbestosis, puesto que, en otro tipo de enfermedades, resulta a menudo difícil probar la relación directa.

Quedan así descartados en esa estadística muchos casos de muerte por cáncer de bronquios, pulmón, ovarios y laringe, advierte la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie), que podrían ser atribuidos al contacto con el amianto.

Aunque para finales de la década de los 70 del siglo pasado el doctor sudafricano Wagner demostró la relación indiscutible del amianto con el mesotelioma, el Estado español siguió permitiendo comercializar el asbesto hasta que por imposición de la Unión Europea en 2001 se prohibió su utilización. La consecuencia es que en dos décadas, de 2000 a 2020, fallecieron a consecuencia del amianto 7.622 personas y hay miles de víctimas más.

En ese triste balance, apuntan desde Asviamie, el «cupo vasco» estremece. Son 768 personas las fallecidas en la CAV, ocupando, según el número de habitantes, la primera posición del ranking de todo el Estado español.

Beasain a la cabeza

Sobresale Beasain, segunda localidad a nivel estatal con 138 muertos por cada 100.000 habitantes, sede de Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF), con un índice de trabajadores afectados por cáncer alarmante. Un monumento honra a las víctimas causadas por el asbesto en esa factoría, donde anualmente se rinde homenaje a la larga lista de víctimas.

Según los datos recopilados desde 1996 por su comité de empresa, 56 trabajadores de CAF han fallecido por desmontar trenes con amianto, a las que hay que sumar 3 mujeres por respirarlo al lavar la ropa de sus maridos, otra realidad que ha costado asumir por parte de los tribunales.

A la localidad del Goierri guipuzcoano solo le supera la catalana de Cerdanyola del Valles, sede de la extinta fábrica de fibrocemento Uralita. Los porcentajes de óbitos causados por el asbesto en Beasain, Ordizia y Lazkao convierten a Gipuzkoa en el segundo territorio con mayor de incidencia de muertes por mesotelioma y asbestosis del Estado español, con 27 fallecidos por cada 100.000 habitantes. La concentración de la industria ferroviaria y la siderúrgica explica esos índices de mortalidad.

Bizkaia lidera ese ranking macabro, con 42 muertos por amianto cada 100.000 habitantes, a consecuencia de la gran implantación de siderúrgicas e industria pesada. En tercera posición, Nafarroa.

En la estadística fruto del trabajo periodístico, Sestao ocupa la tercera posición, la quinta es para Santurtzi, la séptima Barakaldo, Laudio se sitúa en la novena y la décima es para Portugalete. Todas ellas localidades con fuerte implantación de la industria siderúrgica y naval, donde se empleó sin ninguna precaución el asbesto.

Compromiso municipal

En ese contexto, la asociación de víctimas busca arrancar el compromiso de los ayuntamientos vascos en las tareas de retirada del amianto que aún permanece instalado. Por ello, ha presentado una moción en los consistorios de esos seis municipios «con el fin de cumplir lo establecido por la ley y evitar en un futuro inmediato más víctimas por contaminación ambiental».

«No hay que olvidar que, a pesar de todo lo ocurrido, a día de hoy seguimos sin resolver el problema de quitar de nuestras ciudades y pueblos el amianto instalado», advierten, incidiendo que es una «tarea pendiente y necesaria» con el objetivo de evitar que se incremente el número de víctimas .

«Las autoridades municipales deben tomar las medidas adecuadas, cumpliendo la Ley 7/2002, para abril del 2023 y tener localizado el amianto antiguamente instalado en las instalaciones de carácter público para ir procediendo a su retirada antes del 2028», exponen desde la asociación.