La Cámara de Gasteiz rechaza que se complementen de oficio con la RGI las pensiones más bajas

El resto de grupos del Parlamento han vuelto a oponerse a complementar de oficio con la RGI a las pensiones más bajas, que en su mayoría son mujeres. EH Bildu asegura que con su iniciativa se podría sacar de la pobreza a unos 23.000 pensionistas que tienen derecho a la prestación pero no la piden.

Como ya hizo durante la tramitación de la nueva ley de Renta de Garantía de Ingresos a través de una enmienda, EH Bildu ha vuelto a proponer en el Parlamento de Gasteiz que a las personas que tienen derecho a que se les complemente su pensión por ser muy baja, se les haga este trámite de oficio, porque muchas de ellas ni conocen que es su derecho ni la tramitación que requiere. Según ha defendido la parlamentaria Nerea Kortajarena, la adopción de esta medida sacaría de la pobreza a unas 23.000 personas, en su mayoría mujeres.

Precisamente el que la moción de EH Bildu fuera rechazada durante la tramitación de la nueva ley ha sido el argumento para el rechazo del resto de los grupos, que no han considerado de recibo que a través de una proposición no de ley se retome un debate ya superado. Así se han expresado los portavoces de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU. La del PP ha añadido que uno de los requisitos para la percepción de la RGI es hacer la solicitud, se sea pensionista o no.

Nerea Kortajarena ha iniciado su intervención enviando «fuerte abrazo a los y las pensionistas que estos días que protagonizan un nuevo ciclo de lucha por las pensiones dignas» y mostrando el «agradecimiento y reconocimiento» a su «lucha de estos 5 años, a vuestra lucha por garantizar vidas dignas ahora y en el futuro».

«Se ha demostrado posible»

A continuación, ha apuntado que según la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) de Euskadi, puede haber unas 30.000 personas que a pesar de estar en situación de necesidad y cumplir los requisitos no reciben la protección del sistema, ampliando el alcance de la RGI. Y ha sostenido que, como desde las haciendas forales es posible saber los ingresos de las personas pensionistas, también lo es que la tramitación de sus peticiones se haga de oficio, lo que se ha demostrado factible en el inicio de la tramitación del Ingreso Mínimo Vital y en la puesta en marcha del bono social térmico. Y ello podría beneficiar a unos 23.000 pensionistas, la mayoría mujeres.

La parlamentaria de EH Bildu ha recordado que el problema de que hay muchas personas que teniendo derecho a cobrar la RGI no lo saben es sobradamente conocido por el Parlamento y por el Gobierno de Lakua, por lo que ha preguntado «¿qué hacemos? ¿Lo dejamos como está? ¿O buscamos fórmulas para solucionarlo? No debería haber dudas al respecto ¿no?».

«Otra vez, lo harán más tarde»

Nerea Kortajarena ha expuesto que el hecho de que se rechazara como moción no es motivo para dar la espalda a una realidad comúnmente admitida. Ha criticado por «incomprensible» el voto en contra de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU.

Como el problema existe, ha incidido en que «ahora la única pregunta es cuando nos terminarán dando la razón y se pasará a buscar soluciones de este tipo». Ha recordado que «esto ya lo hemos vivido antes. Ustedes tardaron años en el caso de las prestaciones a familias…esperamos que en este caso no tarden tanto. Probablemente nadie dirá que ya lo había propuesto antes EH Bildu y podrán ponerse esa medalla».

Ver con el tiempo

Especialmente llamativa ha sido la intervención de David Soto, de Elkarrekin Podemos-IU, que en su momento votó a favor de la ley y lo presentó como un triunfo de su grupo por la inclusión de diversas enmiendas. Soto ha reprochado a EH Bildu «falta de capacidad negociadora efectiva» durante la tramitación de la ley y le ha reprochado que la iniciativa tenga una intención electoralista. Y por ello, ha anunciado su voto en contra porque «por loable que sea el fondo no vamos a asumir esa práctica» de volver a traer como proposición no de ley lo que se rechazó como enmienda.

PNV y PSE, como Elkarrekin Podemos-IU, señalaron que durante la implementación de la ley –que entrará en vigor el 29 de marzo– y con el tiempo se podrá ir observando si se necesita ir introduciendo mejoras para conseguir que llegue con eficacia a todos los posibles beneficiarios.