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El Ayuntamiento de Legutio buscará una solución para 41 migrantes empadronados en una chabola

Después de que se confirmase que 41 personas migrantes se encuentran empadronadas en unas chabolas de construcción ilegal en Urbina, el Ayuntamiento de Legutio ha asegurado que buscará una solución a la situación en contacto con la Diputación y Lakua.

El pueblo de Urbina depende del Ayuntamiento de Legutio. (Google Maps)

El pasado domingo trascendió que en Urbina, a unos doce kilómetros de Gasteiz, unas cuarenta personas migrantes, incluidos menores, están empadronadas en una casa y unas chabolas. Después de que el diputado general de Araba, Ramiro González, haya responsabilizado de la situación al Ayuntamiento de EH Bildu y le haya acusado de no haber informado a la Diputación, el alcalde de Legutio –municipio al que pertenece Urbina–, Juan Cruz Jainaga, ha salido al paso en una comparecencia y ha anunciado que están buscando una solución.

Jainaga ha pedido disculpas por la «tardanza» en ofrecer explicaciones sobre el caso debido a que la trabajadora social del Ayuntamiento está de baja y han estado intentando recabar toda la información sobre las actuaciones llevadas a cabo por el consistorio.

En un relato cronológico, ha expuesto que en diciembre de 2020 el arquitecto técnico del Ayuntamiento emitió un informe en el que paralizaba unas obras por la construcción de unas casetas que calificó de «clandestinas» e instaba al propietario a solicitar la legalización de dichas construcciones.

En octubre de 2021 se emitió un segundo informe en el que se constató que en propietario no había solicitado la legalización de las construcciones, por lo que se instó al Ayuntamiento a iniciar un procedimiento sancionador y de derribo.

Según ha confirmado ahora esta institución, a lo largo de 2022 se recibieron varias quejas de vecinos por peleas y enganches ilegales a la red eléctrica, además de notificaciones de inquilinos nuevos. Todas entre febrero y mayo de 2022.

Hace dos semanas, el 7 de marzo, tras comprobar que hay mucha gente empadronada en las citadas chabolas, la trabajadora social se puso en contacto con el Departamento de Educación de Lakua para confirmar si los seis menores en edad escolar obligatoria –otro estaba siendo atendido por los servicios sociales del Ayuntamiento desde 2021– estaban escolarizados.

Lakua respondió que ninguno de ellos estaba matriculado en un centro escolar ni aparecía en las listas de Educación. 

Ante esta situación, ha explicado, se preguntó al Departamento si debía notificar esa situación a la Delegación de Educación, a lo que se respondió «que no», porque los menores «no figuraban en el sistema educativo».

Desempadronamiento

Además, tras analizar el padrón, el Ayuntamiento ha constatado que solo dos personas residen permanentemente en esa vivienda desde 1996, y que desde hace tres años, especialmente durante el año 2022, se han llevado a cabo los restantes empadronamientos.

Por ello, el pasado viernes 17 de marzo el Ayuntamiento inició los trámites para desempadronar a las personas que no residen en la parcela en cuestión. Con esa misma fecha se citó a la propietaria del terreno al Ayuntamiento, solicitud que «no ha recibido contestación».

Este martes se ha actualizado el informe del arquitecto técnico sobre el estado de los edificios, y se iniciarán los trámites administrativos para imponer sanciones, según ha explicado el alcalde, quien ha defendido que desde el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, se está haciendo todo lo que está en su mano por solucionar esta cuestión, en contacto con la Diputación y el Gobierno de Lakua.

«Lo primero es aclarar quiénes residen, en qué condiciones residen y buscar una solución a las personas que ahí residen y después adoptaremos las medidas oportunas», ha concluido el alcalde. 

El diputado general Ramiro González, por su parte, ha denunciado este mismo martes que las condiciones de «insalubridad» en las que viven estas personas constituyen «un caso evidente de abuso de personas extranjeras», por lo que ha subrayado la necesidad de que el Gobierno foral, el Ayuntamiento, la Fiscalía de Menores y los servicios de Extranjería trabajen de forma «coordinada».