El Parlamento debatirá este jueves si la CAV necesita una oficina anticorrupción

Mientras imputados en el ‘caso De Miguel’ piden indultos para no ser encarcelados, hay puertas que giran sin control y la Comisión Ética está más cuestionada que nunca, el Parlmento de Gasteiz va debatirá este jueves si en la CAV hace falta una oficina anticorrupción como la de Nafarroa.

El Parlamento de Gasteiz debatirá este jueves una proposición de ley de EH Bildu para la creación de una Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción «para la detección, prevención, investigación y erradicación de la corrupción y prácticas fraudulentas de la Administración general y las entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de las sociedades y entidades participadas por estas». Un organismo, similar al aprobado hace unos años con los votos de PSN y Geroa Bai en Nafarroa.

Sin embargo, sus homólogos en la CAV –PSE y PNV– a través del informe desfavorable del Gobierno de Lakua, sostienen que «en el momento actual ya existe y está en vigor en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi un dispositivo jurídico e institucional vigente y activo para promover la integridad, impulsar la transparencia y prevenir y combatir la corrupción en las administraciones públicas vascas».

Una oficina independiente

La proposición de ley de EH Bildu tiene como «objeto» la «creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Autónoma del País Vasco como entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia, que actuará con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia orgánica y funcional de las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias».

Y explica que «se crea para impulsar y favorecer una cultura de buenas prácticas, de valores cívicos y de buen gobierno en la ciudadanía, y para rechazar la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas o actuaciones administrativas».

Por contra, el Gobierno asegura que «no comparte el modelo que se propone y que pretende reproducir la experiencia puesta en práctica en el Estado con muy escasa eficacia, pues se orienta en un sentido más represivo que preventivo». Y se queja de que pretenda «la creación de nuevas estructuras organizativas y de coste público incrementalista».

La estructura que ni olió el ‘caso De Miguel’

A su entender, basta con la estructura actual. En su informe detalla que «todas las administraciones públicas vascas cuentan con instrumentos internos de fiscalización y control económico y presupuestario», que en el caso de Lakua es la Oficina de Control Económico. La misma que estaba también «vigente y activa» cuando fue incapaz de atajar el conocido como ‘caso De Miguel’ y, en concreto, que durante los años 2005 y 2008 Xabier Sánchez Robles, director de Juventud del Departamento de Cultura del Gobierno de Lakua, cometiera los «delitos continuados» de «prevaricación;», «malversación de fondos», «falsedad de documento oficial» y «tráfico de influencias», así como otro de «asociación ilícita», en favor de la trama de empresas de quienes entonces eran burukides del PNV.

Por cierto, «al frente de esa Oficina de Control estaba entonces y sigue ahora la misma persona: Javier Losa Ziganda. Un hombre que, mientras el PNV estuvo fuera del Gobierno durante la legislatura de Patxi López, formó parte del ABB durante un tiempo y hasta su vuelta a Lakua»

Tampoco sirvieron ni el TVCP ni la Agencia de Protección de Datos, presididas también por cargos jeltzales. El Gobierno hace mención también a la Comisión de Ética Pública, el Servicio de Registro de Personal y el Código Ético y de Conducta de los cargos públicos, que en estos días está abiertamente en cuestión por su funcionamiento, o habría mejor que decir falta de funcionamiento, en casos de puertas giratorias abiertamente contrarios a la ley.

Mencionar entre estos mecanismos al Ararteko, al que cada vez hacen menos caso desde el propio Gobierno o incluso lo critican, como hizo el vicelehendakari Josu Erkoreka el pasado viernes ante el pleno del Parlamento, puede ser entendido como una muestra de sarcasmo desde las bancadas de la oposición.

El debate comenzará oficialmente a las 9.30 de la mañana, pero habrá que ver si se produce o no. Porque hay antecedentes en los que PNV y PSE han preferido limitar sus intervenciones a la explicación de su voto negativo, para evitar así tener ninguna respuesta de otros grupos o confrontar con ellos.