Gehitu pide casi 18 años en el primer juicio por presuntos homicidios tras citarse por ‘app’
Gehitu se ha personado en siete causas, de las cuales tres han sido sobreseídas –están pendientes de recurso– y otras tres se encuentran en fase de instrucción. Reclama una investigación conjunta de los fallecimientos. La Fiscalía solicita 9 años para el detenido en Irun en mayo de 2022.
La asociación de gais, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales Gehitu ha convocado este viernes a los medios para informar de la marcha del procedimiento judicial que se sigue en torno a una serie de fallecimientos que tuvieron lugar en 2021 en Bilbo y por las cuales un joven de 25 años fue detenido el año pasado en Irun.
Estas presuntas víctimas aparecieron muertas en sus domicilios y tenían como nexo común haber concertado una cita en alguna aplicación para hombres homosexuales, y se detectó que posteriormente se había producido algún movimiento patrimonial en sus cuentas corrientes «a favor de una misma persona». De este modo, se sospechó que lo que en un principio parecían muertes naturales podían ser algún tipo de estrangulamiento tras haberles administrado drogas.
Desde el principio del caso, Gehitu se personó como acusación popular y/o particular, si bien no lo ha hecho público hasta la fecha. Según ha explicado Maitane Arzallus, coordinadora en Gipuzkoa, la asociación está presente en siete procedimientos que se vienen siguiendo en diferentes juzgados de instrucción de la capital vizcaina por «cinco posibles homicidios consumados y dos tentativas de homicidio».
El caso lo lleva el abogado Saúl Castro, quien ha indicado que en cuatro de estas causas Gehitu está como acusación popular, en dos como popular y particular, y en una de ellas como acusación particular, representando a los allegados de la víctima.
Las siete causas
Dos de ellas han sido ya sobreseídas, aunque la decisión no es firme y está recurrida ante la Audiencia Provincial de Bizkaia. Hay una tercera «sobreseída de una manera encubierta», porque no se notificó a los allegados de la víctima, y en este caso «se ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional».
Otras tres causas se encuentran en fase de instrucción y se siguen solicitando diferentes pruebas y pesquisas, mientras que la última está ya en la fase intermedia, a la espera de que se fije fecha para el juicio. «Pedimos una pena de 17 años y 11 meses por tentativa de asesinato y lesiones», ha comentado Castro. La Fiscalía pide algo más de la mitad, 9 años.
El letrado ha criticado la «pasividad absolutamente pasmosa del Ministerio Fiscal» en algunas de estas causas, y ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que no se hayan acumulado los casos, al menos los de presunto homicidio, najo una misma investigación.
El perfil de las víctimas
En la misma línea, Maitane Arzallus ha reclamado «una investigación exhaustiva, lo más rigurosa posible y que lleve al esclarecimiento total de los hechos».
En este punto, Saúl Castro ha pedido una reflexión sobre «cómo de serios se pueden tomar ciertos casos en función de la identidad de las víctimas. Eran hombres de mediana edad, solteros, con relaciones esporádicas con otros hombres».
A su juicio, «si el perfil hubiera sido distinto, la respuesta social e institucional habría sido diferente, más relevante, se habría investigado con mayor celo. Esa es una reflexión que tenemos que hacer».