Familiares resaltan los obstáculos de Lakua tras una rueda de reconocimiento sin resultado

Debían haberse personado siete agentes a la rueda de reconocimiento de los policías que pudieron haber participado en la masacre de Pasaia, pero solo han aparecido tres y Joseba Merino, el único superviviente del tiroteo, no ha identificado a ninguno.

Familiares de las víctimas de la masacre de Pasaia en 1984 han revalidado su intención de seguir trabajando en el caso después de que la primera rueda para reconocer a algunos de los policías que pudieron participar en el tiroteo contra cinco integrantes de los Comandos Autónomos Anticapitalistas no haya dado resultado. Han denunciado la actitud del Gobierno de Lakua con este caso que, al «esconder» durante tres años el informe que elevaba el caso a «ejecución extrajudicial», les han «robado el derecho a seguir investigando y trabajando en el caso».

Dos concentraciones, una a convocatoria de Pasaia Argitu y otra de Sare Antifaxista, han reclamado frente al Palacio de Justicia en Donostia este martes por la mañana que se investigue la masacre de Pasaia, mientras Joseba Merino, único superviviente del tiroteo, participaba en la rueda de reconocimiento de los policías que pudieron haber participado en la emboscada y que no ha dado resultado. Entre los concentrados se encontraban Nagore Alkorta, alcaldesa de Azpeitia, el alcaldable en Donostia Juan Karlos Izagirre y Eneko Etxeberria, hermano de José Miguel Etxeberria «Naparra», víctima del Batallón Vasco Español (BVE).

Debían haberse personado siete policías, según ha explicado a los medios el abogado Santiago González, pero solo han aparecido tres y Merino no ha podido identificar a ninguno. Según ha trasladado González, uno de los policías no ha acudido por «problemas con el número», otros dos no se han personado porque la Policía no les ha conseguido localizar y otro de los que Merino identificó en fotografías ha muerto. Sin embargo, «hay partido», ha señalado Joseba Merino al salir de los juzgados, ya que quedan pendientes al menos las dos ruedas de reconocimiento de los policías que este martes no han acudido a Donostia.

Ausencia de investigación

El 22 de marzo de 1984 la Policía española acabó con las vidas de Dionisio Aizpuru «Kurro», José Mari Izura «Pelu», Pedro Mari Isart «Pelitxo» y Rafael Delas «Txapas». Después de 39 años, nadie ha sido juzgado por estas muertes y, de hecho, la citación para la rueda de reconocimiento no es usual en este caso que se ha caracterizado por la ausencia de investigación y otras irregularidades a favor de la versión policial que sostenía que las muertes fueron resultantes de un enfrentamiento armado.

En 2016, sin embargo, los jueces desmontaron esta versión al resolver que los integrantes de los Comandos Autónomos Anticapitalistas no realizaron ningún disparo. Ellos, no obstante, recibieron 113 en total. Pero 113 orificios no fueron suficientes para el juez Eduardo Calvo Rojas, quien, en 1984, apenas unos meses después de la masacre, decidió archivar el caso «al no haber sido justificada la existencia de hechos constitutivos de delito».

Las irregularidades judiciales que han rodeado este caso durante 39 años han sido señaladas por un informe elaborado en marzo de 2020 por la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UPV-EHU por encargo del Gobierno de Lakua. «De los hechos que se han expuesto se desprende con nitidez la ausencia de una investigación judicial efectiva, así como la absoluta falta de depuración de responsabilidades políticas», sentencia.

«Nos ha robado el derecho a investigar»

Este documento, que certifica que las cuatro muertes en la bahía de Pasaia fueron producto de una «ejecución extrajudicial», fue entregado hace pocas semanas a las familias de las víctimas, tres años después de que fuera realizado. «Estos días hemos sabido que el Gobierno Vasco nos ha escondido un informe durante tres años. Nos han robado el derecho a seguir investigando y trabajando en el caso durante tres años», ha denunciado Pello Aizpuru, hermano de «Kurro».

Tras recibir el informe, durante tres semanas los familiares de las víctimas de la emboscada de Pasaia han tratado de ponerse en contacto con responsables de Lakua; «no nos han hecho caso, nos han ignorado –ha señalado Aizpuru–. Al siguiente día de hacerlo público, nos llaman. Ahora tienen prisa para estar con nosotros. Esta es nuestra cruda realidad, estas son nuestas relaciones con el Gobierno Vasco».

El hermano de Dionisio Aizpuru ha denunciado el trato desigual que han recibido por parte de Lakua. Ha recordado que el Ejecutivo de Urkullu encargó otros tres casos a la Cátedra Unesco de Derechos Humanos: sobre el «caso Pertur», sobre la desaparición de tres gallegos y sobre el caso de «Naparra», y en estos tres casos se publicaron los informes con representación institucional del Gobierno gasteiztarra. «¿Quién decide en el Gobierno Vasco que algunas familias tienen derecho a recibir el informe y otras no?», ha preguntado Aizpuru.

Este familiar ha destacado que pedirán explicaciones a Lakua, pero también compromisos, porque el informe señala que los familiares no han recibido ninguna ayuda por parte de las instituciones. En concreto, el documento señala lo siguiente: «Es un caso paradigmático, por desgracia, porque revela en toda su crudeza e injusticia la lucha judicial durante décadas frente a una interminable tela de araña que acaba por devorar el caso en vez de ‘administrar’ justicia. Ello y el silencio institucional prácticamente generalizado han incrementado aún más si cabe el grado de injusticia».

Arantxa Isart, familiar de Pedro Mari Isart, ha destacado también «el silencio» que han sufrido tanto por parte de las administraciones como por parte del Gobierno autonómico. «Llevamos 39 años con esto y es un calvario para las familias. Pedimos que se pronuncien sobre esa verdad que hemos defendido durante tantos años y que coincide con las conclusiones del informe realizado por expertos, y que nos digan en qué pueden ayudar».