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Pedro Pablo Sanz: «El borrador de convenio que hizo público LAB es nuestro, de AMAT»

El director gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), Pedro Pablo Sanz, asegura que el borrador de convenio que denunció LAB ha sido elaborado por sus abogados, que es un borrador, y que lo han estado ofreciendo sin comunicarlo al Ministerio.

Pedro Pablo Sanz, director gerente de AMAT, en el Pacto de Toledo. (CONGRESO)

«El Ministerio no tenía noticia de esto», asegura Pedro Pablo Sanz. El director gerente de AMAT reconoce que ese «borrador preliminar» revelado por el sindicato LAB –y que se puede consultar en NAIZ– lo elaboraron técnicos de la asociación de mutuas que dirige. Sanz no entiende el revuelo generado, ni por qué la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública alerta de que puede retrotraer al sistema sanitario público al modelo franquista. «Solo intentamos abrir nuevas posibilidades para que las mutuas puedan combatir el absentismo, y siempre con el acuerdo de las Comunidades Autónomas».

El director gerente de AMAT sostiene que han empezado a negociar sobre este «borrador preliminar» solo en algunas comunidades. La reunión con la consejera Gotzone Sagardui no se habría mantenido. Sanz afirma también que el borrador tampoco ha sido entregado al Gobierno navarro, aunque este dato es erróneo, ya que el Ejecutivo foral hizo entrega de una copia del mismo el 21 de marzo, en respuesta a una petición parlamentaria.

El motivo por el cual el borrador de convenio habría llegado a todas las CCAA es que se terminó muy recientemente (diciembre de 2022) y ha coincidido con un proceso preelectoral. Según Sanz, la cercanía de las elecciones no está retrasando las negociaciones por el escándalo que pueda suponer su contenido, sino porque los responsables de las consejerías de Salud suelen cambiar, incluso aunque se mantenga el mismo partido gobernando la comunidad.

Sanz se mostró muy interesado en desvincular al ministro José Luis Escrivá de estas negociaciones que AMAT quiere iniciar con las comunidades autónomas, para comenzar a tratar patologías de trabajadores de baja, a cargo de los presupuestos autonómicos para sanidad, aun cuando estas no tengan un origen laboral, lo que supondría un paso de gigante para las mutuas, unos agentes que carecen de medios para dar esta asistencia, por lo que estarían abocadas a subcontratarla con hospitales y clínicas privadas.

«El Ministerio no debería de saber nada. Es una iniciativa de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y no tiene nada que ver con el Ministerio de Inclusión que dirige el ministro Escrivá», remarca el director de AMAT.

Sacar al ministro de la polémica

Pese a la rotundidad de estas afirmaciones, resulta difícil considerar que el Ministerio esté al margen de un movimiento de semejante calado. LAB ya adelantó que no se cree los intentos que ha realizado el ministro para desmarcarse, adelantado que, según la información de al que ellos disponen, esta versión no resulta para nada creíble.

Lo cierto es que las mutuas no tienen autonomía suficiente como para negociar algo así con las comunidades autónomas al margen del Ministerio. Esto se puede afirmar con rotundidad, puesto que así lo indica el propio borrador preliminar del convenio.  

Hay que acudir a la página 11, cláusula decimoctava, donde indica que cualquier acuerdo «precisará de la aprobación previa del Ministerio de Inclusión». Poco más adelante, dice que «AMAT, en nombre de las Mutuas firmantes, se compromete a remitir seguidamente el texto suscrito a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, para su constancia».