Batalla judicial por las afecciones por las obras de la nueva sede de la Fiscalía en Bilbo

Un bilbaino mantiene una batalla judicial contra el Consistorio, Gobierno de Lakua y una constructora por las afecciones que le han provocado las obras de la nueva sede de la Fiscalía, en la confluencia de Henao y Ercilla. No piensa darse por vencido y anuncia que, si es necesario, acudirá a Europa.

Mientras se van rematando las obras de construcción del edificio que agrupará en pleno centro de Bilbo todos los servicios de la Fiscalía de Bizkaia y un archivo para su apertura el próximo año, Pablo Aguilar prosigue con la batalla emprendida en los juzgados por lo que considera un «atropello» en la ejecución de este proyecto que impulsa el Departamento de Justicia. No es el único, ya que el vecindario de los portales aledaños a la futura sede del Ministerio Público han soportado numerosas molestias y daños durante el desarrollo de los trabajos.

A pesar de que los magistrados no han atendido sus demandas, al concurrir «un claro interés público en la ejecución de la obra», prepara sendos recursos de casación ante el Supremo y advierte de que, si es necesario, acudirá a Europa al estimar que está siendo víctima de un atropello por parte de las administraciones implicadas. Insiste en la «indefensión» que han sufrido, al no ser atendidas sus reclamaciones, que estima justas.

Este vecino de la calle Henao interpuso una demanda contencioso-administrativa contra el acuerdo del Consistorio bilbaino que otorgó la licencia de obras y sucesivas prórrogas para el vaciado del solar, así como la rehabilitación y ampliación del número 9 de la calle Henao, que en el pasado ocupó la extinta Cámara de la Propiedad.

Gracias a cambios urbanísticos aprobados por el Ayuntamiento, el Ejecutivo de Lakua va a contar con un moderno edificio de 5.059 metros cuadrados de superficie construida cuando el viejo inmueble, que estaba catalogado al ser el primer palacete que se levantó en el Ensanche y por ello se ha mantenido la singular fachada, disponía de 2.653 metros cuadrados.

Además, por vía penal, formuló otra demanda contra el concejal delegado de Planificación Urbana, Asier Abaunza; un responsable del Departamento de Justicia y Construcciones Adolfo Sobrino, como autores de presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación en relación a este proyecto. Ambas demandas han sido desestimadas, quedando pendiente la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Incumplimiento de las normas

Tras lo que lleva padecido a consecuencia de las obras y la respuesta que ha recibido a sus requerimientos para que se actuase, Aguilar habla sin tapujos de «ninguneo» y «soberbia» por parte de las administraciones. «Se han incumplido las normas. El que sea considerado un proyecto de ‘interés general’ no te exime de cumplir la normativa y aquí eso ha sucedido», sostiene.

Expone que los trabajos inicialmente se iban a prolongar por espacio de 36 meses –aunque curiosamente en el pliego de adjudicación se preveía un plazo de ejecución de 42 meses– y finalmente van a cumplir 72 con el confinamiento por la pandemia de por medio. La excavación del subsuelo ha sido sin duda el principal handicap que se encontró la constructora y la que mayores quebraderos de cabeza ha causado al vecindario por el ruido y las vibraciones generado.

«El ruido provocado por la perforación para conseguir excavar cinco plantas de sótano fue insoportable, de 8.00 a 18.00, todos los días, incluso trabajaron festivos», rememora. En el estado de alarma, precisa, los trabajos concluían a las 16.00. «Fue un infierno», resume.

Iniciadas las obras en octubre de 2017, el afectado comenzó a presentar denuncias desde agosto de 2018 por molestias «insoportables» provocadas por el ruido y las vibraciones. Al principio, agentes de la Policía Municipal se personaron ante las llamadas del vecino, aunque luego dejaron de hacerlo. Por ello, Aguilar optó por comprar un sonómetro para acreditar lo que estaba viviendo, con mediciones en pleno confinamiento que rondaban los 100 decibelios y otras nunca inferiores a 75.

La ansiedad provocada por el exceso de ruido le obligó a coger una baja laboral de mayo a octubre de 2020, coincidiendo con el cese de los trabajos de demolición con maquinaria pesada.

Las primeras quejas las presentó ante el Ararteko y al ver que el Ayuntamiento no atendía sus reclamaciones para que adoptasen medidas, optó por acudir a la justicia ordinaria. Advierte que no hubo un control efectivo de la contaminación acústica y que se autorizaron los trabajos al promotor sin exigirle que presentase un estudio de impacto acústico con las oportunas medidas correctoras.

Únicamente se contemplaron medidas para evitar desprendimientos y minimizar la presencia de polvo. Además, se produjeron otras afecciones, como inundaciones en el garaje. El vecindario rechazó algunas de las medidas propuestas por los promotores, ya que invadían su propiedad, algo que no estaban dispuestos a soportar al entender que debía haberse contemplado previamente dada la entidad del proyecto a ejecutar.

Se superaron los límites

Desde el Consistorio se respondió que no se estaba incumpliendo la legalidad en materia de ruidos en vista a las inspecciones llevadas a cabo, por lo que no podían paralizar las obras. Sí reconocen que se superaron los límites acústicos, aunque a su juicio es normal en este tipo de construcciones y muestra de ello es que la ley lo contempla.

El afectado considera que es un claro ejemplo de «abuso de poder» y no oculta su decepción por las resoluciones judiciales. «Quiero creer en la Justicia», asegura Pablo Aguilar, dispuesto a recurrir a todas las instancias que pueda. «Se ha producido una vulneración de derechos fundamentales y un incumplimiento de la ley manifiesto. Se realizaron las perforaciones sin estudio de impacto y luego, casi a la conclusión de las obras, se presentó», apunta.

En un auto del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Bilbo, el magistrado aduce que las mediciones realizadas desde junio de 2019 a agosto de 2020 solo permiten concluir que se han superado los límites fijados en cuatro ocasiones a lo largo de más de tres años de obras, con lo que no se puede concluir que hubo una «exposición continuada al ruido» que encajaría con un presunto delito contra el medio ambiente.

Respecto a la acusación de prevaricación, el juez estima que no hubo una conducta «reiterada» de pasividad por parte de los responsables, algo que el afectado rebate recordando que sus quejas para que se actuase contra las irregularidades que estaba cometiendo la constructora no se atendieron.