Tras la noticia de NAIZ, Garamendi envía al Parlamento informes sobre altos cargos
El 26 de abril NAIZ publicó que la consejera Olatz Garamendi incumplía su obligación legal de informar cada seis meses al Parlamento de la gestión de las normas de conducta de los altos cargos. Al día siguiente envió dos informes de dos años completos.
La noticia publicada por NAIZ el 26 de abril de que la consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, incumplía la obligación legal de informar cada seis meses al Parlamento del grado de cumplimiento de las normas de conducta de los altos cargos, parece haber tenido un efecto agitador en el Gobierno de Urkullu.
Al día siguiente, 27 de abril, por la mañana, en el pleno de la Cámara autonómica, el parlamentario del EH Bildu Josu Estarrona, sumó este no cumplimiento de la ley a distintos reproches que realizó a la consejera Olatz Garamendi para darle «otro suspenso».
Esa misma tarde, entre las 17.25 y las 17.29 horas, el director de Función Pública, Juan María Barasorda, puso en marcha la maquinaria para remitir al Parlamento dos informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de los altos cargos. Uno relativo a todo el 2021 y otro sobre 2022.
Estos informes, según la Ley 1/2014, de 26 de junio, deben ser enviados a la Cámara cada seis meses. Olatz Garamendi solamente había mandado uno, el 26 de marzo de 2021, a los pocos meses de acceder al cargo. Y hacía referencia a todo el periodo de 2020, lo que en aquel contexto de cambio de gobierno y pandemia podía tener excusa.
«Error procedimental»
Sobre el primero de los dos informes que han llegado ahora a la Cámara, que corresponde al año 2021, el director de Función Pública, Juan María Barasorda, afirma que fue «elaborado el 10 de octubre de 2022, y por un error procedimental no remitido en su momento».
En los metadatos del PDF aparece como fecha de creación del mismo el 27 de abril de este año a las 17:21:19 horas y no el 10 de octubre de 2022, pero esto puede deberse a algún cambio de formato informático.
Tampoco hay explicación de por qué el informe sobre 2021 no se elaboró hasta octubre de 2022, ni cuál fue el error procedimental posterior.
El segundo de los informes, con fecha éste sí del 27 de abril, recoge el grado de cumplimiento de los altos cargos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
Cabe señalar que con el envío de estos dos informes anuales, el Departamento de Olatz Garamendi tampoco cumple lo que recoge la ley y que textualmente señala que «el Gobierno Vasco facilitará semestralmente al Parlamento información sobre el grado de cumplimiento por los cargos públicos de las obligaciones establecidas en la presente ley». Semestral no es una vez al año sino dos.
En la pasada legislatura, cuando el consejero era Josu Erkoreka, aunque el inicio fue renqueante, con un informe en julio de 2017 y otro en mayo de 2018, en 2019 sí se enviaron los dos documentos pertinentes y el último llegó el 23 de enero de 2020, poco antes de que el lehendakari disolviera la Cámara a principios de febrero de ese año.
Cabe explicar que estos informes no recogen ningún tipo de dato personal que pueda incomodar a los directivos del Gobierno. Tan solo se ofrecen cifras sobre cuántos altos cargos han presentado su declaración al inicio de la prestación de servicios, cuántos durante ese periodo, el número de declaraciones a la finalización de la prestación del servicio y las declaraciones durante los dos años posteriores al cese, en la que tienen la obligación de informar sobre los empleos a los que aspiran a incorporarse.
Otra investigación forzada
Precisamente sobre las solicitudes de autorizaciones de las actividades privadas con carácter previo a su inicio durante el periodo de 2 años posteriores a la finalización del servicio, el informe enviado al Parlamento dice que durante 2022 hubo 4 solicitudes, aunque lugo se habla de 5, de las que 4 fueron autorizadas y 1 se encontraba en tramitación.
En este capítulo, el Departamento de Olatz Garamendi y el Servicio de Registro de Personal también han ido a remolque de las informaciones publicadas por este diario que desveló que al menos doce cargos habían pasado de la actividad pública a la privada sin pedir el pertinente permiso de compatibilidad, lo que se puede comprobar siguiendo sus propios currículos en Internet y la evidencia de que el Gobierno solo tiene constancia de los mencionados cinco.
Tan solo después de la publicación de estas noticias y de que el parlamentario Josu Estarrona realizara varias preguntas, la consejera Olatz Garamendi dio cuenta a la Cámara de que el Servicio de Registro de Personal iba a comenzar una investigación sobre estos hechos.