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La Fiscalía de la AN sopesa investigar 44 listas de EH Bildu ya avaladas electoralmente

Asumiendo la denuncia del grupo ultra Dignidad y Justicia, la Fiscalía de la AN analiza «la apertura o no de diligencias de investigación preprocesales» en relación a 44 listas en que aparecen personas que estuvieron presas. Se trata de candidaturas plenadamente avaladas por las juntas electorales.

Sede de la Audiencia Nacional española, en Madrid.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado este viernes que estudia si investiga a las 44 personas condenadas en relación con ETA que han sido incluidas en las listas electorales de EH Bildu, tras recibir la denuncia interpuesta por la Asociación Dignidad y Justicia en la que su presidente, Daniel Portero, instaba a comprobar si las candidaturas son válidas. Un intento de proscribirlas «a posteriori» toda vez que ya recibieron la luz verde de las juntas electorales correspondientes.

A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, el Ministerio Público ha informado que tras recibir el citado escrito «ha procedido a su registro, y tras su análisis, se tomará la decisión que proceda, respecto a la apertura o no de diligencias de investigación preprocesales».

En su escrito, DyJ afirma que «están concurriendo a las elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco sujetos que han sido condenados por delitos de terrorismo, y siete de ellos por asesinato terrorista y que concurren como candidatos en los propios municipios en los que cometieron los asesinatos y viven sus víctimas, con la consiguiente humillación y vilipendio que causa a las víctimas del terrorismo».

Argumenta que «es deber y obligación del Estado de Derecho ser especialmente cautelosos y escrupulosos con el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para poder concurrir como candidatos a unas elecciones», comprobando si todos ellos han cumplido sus respectivas condenas.

Asegura que existen «precedentes» en que «se ha podido acreditar que sujetos condenados por delitos de terrorismo han concurrido a unos comicios a pesar de no tener cumplida la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público».

A tenor de la lista hecha pública por Covite, lo que se muestra es precisamente lo contrario: se ha incluido incluso a personas cuyas condenas iniciales fueron anuladas posteriormente.

La maniobra fue iniciada por Covite y jaleada por Vox y PP, en principio contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Diferentes dirigentes de este partido como María Chivite han remarcado la adecuación legal de estas candidaturas e incluso su valor demostrativo de que la izquierda abertzale está haciendo política. Desde el PNV, Iñigo Urkullu o Aitor Esteban no han puesto en entredicho la legalidad de estas listas pero sí las han presentado como inadecuadas políticamente.