INFO

Cuatro atalayas para el drama de quedarse sin un techo sobre la cabeza

Administraciones, servicios sociales, activismo antidesahucios, instancias judiciales… Los Cursos de Verano de la UPV-EHU abordaron durante dos jornadas una problemática, la de la vivienda, que deja a la luz durísimas historias. Y la subida del euríbor, y de las hipotecas, no augura nada bueno.

Mesa redonda sobre vivienda celebrada en el Palacio de Miramar el pasado jueves. (Maialen ANDRÉS | FOKU)

Durante dos jornadas, el Palacio Miramar de Donostia acogió la pasada semana un ciclo enmarcado en los Cursos de Verano de la UPV-EHU titulado «El derecho a la vivienda y su proyección a algunas situaciones de exclusión residencial grave», que contó con la dirección de una persona versada en vulneraciones de derechos, el ararteko Manu Lezertua.

Esta serie de charlas y mesas redondas pretendía fijar el foco de atención «en situaciones concretas a las que se pueden ver abocadas las personas, analizándose el desafío que supone la puesta a disposición de una alternativa habitacional para estos casos más graves, conocer las políticas públicas dirigidas a paliar las situaciones de las personas sin hogar, así como debatir en torno a las dificultades de las personas con precariedad residencial para el acceso y mantenimiento de una vivienda».

En un menú con un nutrido panel de expertos, destacaba la mesa redonda celebrada el jueves al mediodía con la participación de cuatro personas implicadas en esta problemática desde cuatro atalayas de partida muy dispares.

Abrió el fuego Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Lakua. «Un histórico del Departamento», en palabras del moderador. Yoldi no dudó en reivindicar el trabajo de un organismo que, según lamentó, tiene más reconocimiento fuera que en casa.

Entre los numerosos datos que ofreció estuvo el de las 75.000 viviendas protegidas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, para un modelo que ha cambiado sustancialmente, pasando de la compra al alquiler. «Entonces era lo que la gente quería, comprar, y los políiticos tienden a hacer lo que la gente quiere».

Explicó que el alquiler protegido cubre principalmente a un segmento de población con ingresos bajos. La cuota media que se abona es de 233 euros mensuales y que en cualquier caso nunca supera el 30% de los ingresos de la unidad convivencial.   

El fracaso hacia las «clases medias»

Al mismo tiempo, reconoció que «nuestras políticas para las clases medias han sido un fracaso, no hemos podido dar satisfacción a sus necesidades». Faltó quizás concretar cuál es, para el Departamento de Vivienda, la definición de «clases medias». Una autocrítica que extendió a las solicitudes de los jóvenes, a los que ahora, remarcó, se dirige el 40% de la oferta.

Yoldi, quien se definió como «un maniático de los datos», ofreció una tormenta de cifras para remarcar que la CAV está mejor que la media española y que la mayoría de las comunidades autónomas, aunque asumió que se ha puesto pilares pero «nos falta mucho por hacer».
.
Entre esos números también destacó que en el Estado español hay 3,8 millones de viviendas vacías y que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa el porcentaje es del 6%, con lo que ahí hay un terreno para trabajar. No obstante, ya adelantó que «no hay soluciones milagrosas» y que la administración tiene limitaciones para cubrir todas las necesidades.

En cuanto a la nueva Ley estatal de Vivienda, que obliga el Ejecutivo autonómico a crear un servicio de mediación entre poseedores de vivienda y arrendados, advirtió que se podrían producir importantes cambios, en virtud de los resultados electorales el próximo 23 de julio.

Un torbellino llamado Rosa García

A renglón seguido tomó el micrófono ese torbellino llamado Rosa García. La portavoz de Stop Desahucios, más allá de esa imagen de abuela rebelde y de sus eslóganes contra los bancos, los fondos buitre y el «sí se puede», demostró que controla la extensa y farragosa normativa.

Recordó que este movimiento surgió «de una crisis financiera creada por los bancos y por la burbuja inmobiliaria», que estalló después de que se concedieran «préstamos como rosquillas, sin análisis de la capacidad de devolverlo e hipotecas con hasta seis avalistas. Financiaban hasta el 120 % del valor de la vivienda, era un jolgorio».

Aquello se fue a pique y ahora mismo cada poco surgen casos de personas mayores que avalaron a su hijo o hija con su vivienda, ya pagada hace tiempo, y que ven cómo pueden quedarse en la calle con una mano delante y otra detrás.  

García denunció que los bancos, para evitar la mala publicidad, se desprenden de hipotecas impagadas vendiéndolas a fondos buitre, y presumió de que la movilización popular ha sido en buena parte responsable de la nulidad de cláusulas abusivas como las de vencimiento anticipado.

«Tormenta perfecta» por el euríbor

Respecto al futuro, auguró que «de aquí a unos cuantos meses vamos a tener una tormenta perfecta ante la subida enorme del euríbor. Espero equivocarme». La activista antidesahucios reivindicó que «la vivienda es un derecho, no es una mercancia» y abogó por medidas como aumentar el parque público de alquiler hasta cifras equiparables con otros países de Europa, controlar el precio máximo del alquiler o movilizar la vivienda vacía para uso residencial.

También reclamó que se desarrolle la Ley autonómica de Vivienda, impulsada en 2015 con los votos de EH Bildu y PSE. «Es muy progresista, pero el PNV votó en contra y no se ha desarrollado», criticó.

La segunda mitad del evento tuvo un carácter más técnico. Cabe recordar que no se trataba de un evento abierto al público generalista, sino un curso dirigido a profesionales.  

De este modo, Mila Holgado, directora de Bienestar Social del Ayuntamiento de Irun, puso sobre la mesa su experiencia en torno al procedimiento extraordinario de adjudicación de vivienda para unidades convivenciales en situación de emergencia, mientras que la jurista Begoña Landaluce, directora del Servicio Común Procesal y de Ejecución de los Juzgados de Durango, disertó principalmente sobre el convenio suscrito en 2019 entre diferentes organismos para posibilitar la adopción de medidas sociales cuando se produzca un lanzamiento de vivienda familiar.