La LDH constata un «uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza» en Sainte-Soline
Observadores que se desplegaron entre el 24 y el 26 de marzo en Sainte-Soline (Deux-Sèvres) han hecho público un informe, este 10 de julio en París, en el que concluyen que la Policía francesa hizo un «uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza» para impedir una movilización ecologista.
En el marco de la movilización convocada por los colectivos Basssine Non Merci y Soulevements de la Terre -este último ilegalizado posteriormente por decreto gubernamental- así como por la organización sindical Confédération Paysanne, un total de 22 observadores de diversos organismos, entre ellos la Liga francesa de Derechos Humanos (LDH), se desplegaron entre el 24 y el 26 de marzo en Sainte-Soline, con el objetivo de monitorizar la protesta contra los embalses agrícolas.
Desde su llegada ese grupo pudo comprobar que se había desplegado «un dispositivo ultra securitario en un perímetro muy amplio» y no solo en el lugar de la movilización.
Esa operación de gran envergadura se mantuvo hasta el domingo, esto es hasta un día después de la movilización principal, en Sainte-Soline, que se saldó con numerosas personas heridas, y en la que se centra el informe presentado este 10 de julio en París por la LDH.
El informe describe el modelo de movilizacion seguido por los distintos cortejos, y también la respuesta al mismo por parte de hasta 3.000 gendarmes que llegaron a perseguir a los manifestantes montados en quads y utilizaron material antidisturbios con profusión.
«Los observadores dan cuenta de lanzamientos de granadas lacrimógenas y explosivas de forma masiva, indiscriminada y en ocasiones contra la masa de manifestantes», destaca el informe que constata que, desde la primera intervención, las prácticas de la Gendarmería distaron mucho de «lo que se entiende como un intento de desescalar una situación de tensión».
Utilización de armas de guerra
El informe censura la utilización por los gendarmes de «armas de guerra», entre las que cita granadas lacrimógenas, granadas explosivas del tipo GM2L, ASSD y GENL, así como balas de caucho o LBD 40.
Además de denunciar el «uso indiscriminado y desproporcionado» de la fuerza –en solo dos horas se lanzaron, según se recoge en el informe, más de 5.000 proyectiles– los observadores desmienten que ese profuso uso de material antidisturbios por agentes montados en quads pueda entenderse, como se asegura en el informe oficial, como «una actuación de legítima defensa».
El informe hace especial hincapié en las dificultades con que se encontraron los equipos médicos para poder acudir a prestar auxilio a las personas heridas.
La LDH censura que se aplicara una estrategia de «impedir al coste humano que fuera» el paso a la zona, lo que hizo que no pudieran ser atendidos los heridos y que se debieran improvisar los primeros auxilios entre los propios manifestantes.
La organización no gubernamental, en el ojo del huracán desde que se atreviera a desoír las advertencias del Ministerio de Interior precisamente sobre esa protesta ecologista, hace responsable al Estado y a su estrategia en materia de orden público de lo ocurrido y concluye que esa utilización «masiva e indiscriminada» de la fuerza se preparó, de antemano, con una campaña preventiva de «criminalización de los participantes» tanto por la Prefectura de Deux-Sèvres como por el propio Ministerio de Interior a quienes acusa de difundir «versiones falsas».
La Policía golpeó al hermano de Adama Traoré
Patrick Baudouin, presidente de la LDH, ha asegurado en la presentación del informe que «desde Sante-Soline y, pese a las numerosas alertas lanzadas, incluso por los relatores especiales de Naciones Unidas, el Gobierno persiste en una lógica liberticida y autoritaria de criminalización y de represión de las movilizaciones sociales».
El informe de la LDH se conoce en una ambiente cargado, primero, por la muerte del joven Nahel M., al que un policía disparó tras darle el alto en un control de tráfico en Nanterre, y por la posterior prohibición de la marcha para pedir verdad para Adama Traoré, joven fallecido tras ser detenido por la Policía el 19 de julio de 2016.
Esa marcha se realiza, según recordó Assa Traoré en declaraciones a AFP, «de forma organizada y pacífica» desde que su hermano muriera tras ser detenido en Beaumont-sur-Oise hace siete años, pero en esta ocasión ha sido objeto de una prohibición administrativa.
La prohibición fue contestada por los organizadores con una concentración en un lugar alternativo en la que cargó la Policía hiriendo al hermano del fallecido, cuya rostro tumefacto, a la salida de Comisaría, ha generado una polémica que no cesa sobre la violencia policial en el Estado francés.
En ese contexto, el Gobierno de Emmanuel Macron ha reforzado las medidas de seguridad con vistas a la jornada del 14 de julio, Fiesta Nacional francesa, con la prohibición expresa de vender material pirotécnico, ello ante el temor a que se reproduzcan las violentas protestas vividas a raíz de la muerte de Nahel M. en los barrios sensibles de las periferias urbanas.