600 años del Privilegio de la Unión: cuando los burgos de Iruñea se fundieron en una ciudad

Hace 600 años y en virtud del Privilegio de la Unión, los tres burgos de Iruñea pasaron a conformar una sola ciudad, poniendo fin a un caso muy poco común en Europa y que supuso que la burguesía de los mercaderes se perpetuara en el poder de la capital del reino de Nafarroa.

El 8 de septiembre de 1423, hace 600 años, los tres burgos de Iruñea pasaron a conformar una sola ciudad en virtud del Privilegio de la Unión, que vino a perpetuar el control de la burguesía de los mercaderes sobre la capital navarra.

¿Cuál es la situación hasta entonces? Los entre 7.000 y 8.000 habitantes con los que contaba Iruñea a comienzos del siglo XV estaban distribuidos en tres entidades municipales bien diferenciadas: el burgo de San Cernin, la población de San Nicolás y la ciudad de la Nabarreria. Esa división de la capital del reino de Nafarroa en tres entidades políticas «era un hecho muy poco común en Europa», según señala el historiador Peio Monteano en su obra ‘Pamplona 1423. El rey, la ciudad y el euskera’.

Cada uno de esos burgos tenía sus propias murallas, órganos de gobierno, sede municipal, sellos y estandartes. Estaban conformados por edificios construidos mayoritariamente de madera y que contaban con un patio trasero dedicado habitualmente a huerto. La planta baja se empleaba como taller, botica o almacén, y la superior, como vivienda.

Esa división física en tres entidades llegaba también a otros niveles, ya que, según indica Monteano, Iruñea era una ciudad «con grandes diferencias sociales, con una minoría realmente rica y una importante parte de la población realmente pobre», de tal manera que el 10% de los más ricos casi acaparaba la tercera parte de la riqueza tasada.

El burgo de San Cernin era el más pujante económicamente, ya que alojaba una próspera comunidad de mercaderes y artesanos, y donde la barriada de Pellejerías, la actual calle Jarauta, era una de las más selectas. En el polo opuesto se situaba la Nabarreria, que era el burgo más pobre de los tres después de que fuera reconstruido a comienzos del siglo XIV tras ser arrasado durante la guerra de los burgos del año 1276.

A pesar de esas diferencias, existía un interés en que las tres entidades conformaran una sola ciudad. Ya en el siglo XIII se habían producido algunos intentos al respecto que no habían terminado de fructificar, hasta que a comienzos del siglo XV, se insistió al rey Carlos III el Noble en la necesidad de llevar a cabo esa unión. Y el soberano, «escuchada la súplica», terminó cediendo a esa petición en el verano de 1423.

A primeros de agosto ordenó a los tres burgos que nombraran cada uno cuatro procuradores para discutir la unificación de la ciudad. A raíz de ese mandato, el 10 de agosto, cada burgo convocó la correspondiente asamblea para designar su delegación.

Los doce hombres elegidos se reunieron con Carlos III y sus consejeros en el Palacio Real de la Nabarreria, el actual Archivo General, donde se terminó alcanzando un acuerdo el 1 de septiembre.

Unidos, pero separados por murallas

El resultado final era un decreto real integrado por 29 artículos para conformar la nueva «Pamplona unida» y que se desgranaban en un rollo de pergamino que mide más de dos metros de largo.

En virtud del mismo, Iruñea se convertía en un solo municipio y se ordenaba arrancar las mugas que separaban los burgos, aunque curiosamente se mantenían en pie las murallas que los separaban, contemplando incluso su mejora, aunque se prohibía levantar nuevas defensas.

La ciudad pasaba a ser gobernada por diez jurados, de los que cinco eran vecinos de San Cernin, tres de San Nicolás y dos de la Nabarreria. Se establecía que serían elegidos por los jurados salientes la primera semana de setiembre y no se podía repetir en el cargo hasta que pasaran dos años.

También se fijaba el nombramiento de un alcalde como máximo representante del municipio y que era designado por el rey de entre tres candidatos propuestos por la ciudad, que se seleccionarían cada año entre los vecinos de un burgo distinto.

Para asistir al alcalde y los jurados se nombraban cuatro notarios vitalicios y un tesorero para llevar a cabo la gestión económica. Este último debía pertenecer a un burgo diferente del que procedía el alcalde y debía rendir cuentas anuales.

En virtud del decreto real, el conjunto de los jurados ostentaba todo el poder municipal, como la administración del dinero, la movilización militar, la elaboración de ordenanzas o la imposición de multas.

También se fijaba que la nueva Casa de la Jurería o ayuntamiento se construiría en el espacio intermedio entre San Cernin y Nabarreria, en lo que se consideraba tierra de nadie.

En ese lugar se guardaría un arca fuerte con tres cerrojos donde se depositarían los documentos de los tres burgos. Además, albergaría un nuevo sello y un nuevo pendón únicos para toda la ciudad, y los anteriores de cada burgo serían destruidos. Ese nuevo escudo es el del león que ostenta Iruñea.

El Privilegio tenía que ser ratificado por los Tres Estados reunidos en Cortes Generales, que jurarían no permitir que la unión se rompiera, al igual que debían hacer los reyes en el momento de ser coronados.

El miércoles 8 de septiembre de 1423, el Palacio Real acogió la ceremonia en la que se otorgó oficialmente el decreto real, que pasó a ser conocido como el Privilegio de la Unión. Para celebrar el momento, tuvo lugar un gran banquete al que fueron invitados el alcalde, el justicia y los diez jurados designados por los tres burgos y que integraban la primera corporación de la Iruñea unida, a la cabeza de la cual figuraba Simón de Clavería.

Más poder para la burguesía

La unión de los tres burgos en una sola ciudad es especialmente recordada en Iruñea, pero ¿supuso un cambio importante para sus habitantes? Peio Monteano considera que «en lo político cambió muy poco», ya que el poder municipal siguió en manos de la burguesía de los mercaderes.

Es más, incluso lo reforzó, ya que «la oligarquía que antes solo tenía jurisdicción en el burgo de San Cernin pasa a extender su poder también a los de San Nicolás y Nabarreria», porque «el decreto real otorga al burgo más privilegiado y más rico la mitad de los jurados del consistorio y, cada tres años, el alcalde ha de dirimir los muy improbables empates en las votaciones».

Asimismo, el poder se concentraba en menos personas, ya que «el número de jurados se redujo a menos de una tercera parte: de 32 a 10» y que, además, tenían la posibilidad de elegir a sus sucesores, de tal manera que la burguesía de los mercaderes «puede perpetuarse» en el poder, siguiendo la tónica general del momento.