El conflicto en el transporte escolar se enquista, con críticas a la gestión de Lakua

Asociaciones de empresas dedicadas al transporte de viajeros han anunciado que «un número importante» de sus asociados han recurrido la orden de ejecución forzosa del transporte escolar en centros públicos, decretada por Lakua. Horas después, han sido desestimados por Educación.

La Agrupación Alavesa de Transporte de Viajeros, Anetra, Asintra-Euskadi y Aundi han anunciado este jueves que «un número importante» de sus asociados han recurrido la orden de ejecución forzosa del transporte escolar en centros públicos, que consideran «no se ajusta a Derecho»; y han advertido de que «la ausencia de tiempo material suficiente» desde su publicación «imposibilita» prestar el servicio. Pocas horas, después Educación las ha desestimado e instado a las compañías a que lo ofrezcan.

Los abogados de los operadores, Miguel Zulaica y Guillermo Sainz, han comparecido ante los medios en Gasteiz, y han calificado la orden de Lakua de «desproporcionada, incomprensible e ilegal» y han apuntado a que «puede incurrir incluso en abuso de poder».

Tras destacar que la mayoría de los operadores son «pequeñas empresas familiares con compromiso social», los abogados han consideraro «un atropello» la orden Lakua y han informado de que han presentado una treintena de recursos en los que solicitan medidas cautelares.

Zulaica ha explicado que al solicitar la suspensión cautelar de la orden los operadores están «legitimados jurídicamente a no salir», una situación que según han augurado se va a mantener en el tiempo hasta que haya una solución a la actual situación.

Sainz ha argumentado que la orden que obligaba a las empresas que dieron el servicio el curso pasado a hacerlo en este ha seguido un procedimiento «irregular» al no haberse comunicado individualmente a cada una de ellas la decisión, sin audiencia del afectado y con una «falta de argumentación jurídica». Por ello, consideran que Lakua ha incurrido en «infracciones muy graves».

Las empresas afectadas, han trasladado desde las asociaciones, no pueden «comprender por qué, después del compromiso personal adquirido por el consejero de Educación hace más de un año para solucionar el problema derivado de las condiciones de licitación, que comprometen gravemente la rentabilidad y viabilidad empresarial de los operadores y explican el gran número de licitaciones que han quedado desiertas, éste no haya querido reunirse con el sector» a pesar de «los reiterados llamamientos» realizados en ese sentido por los operadores durante los últimos meses.

De la misma manera, las empresas del sector consideran «injustas y para nada merecidas las graves acusaciones vertidas» por el consejero Jokin Bildarratz el pasado viernes, de manera previa a la publicación de la orden recurrida, «máxime cuando el propio Gobierno vasco, a los pocos meses de alcanzar el acuerdo que posibilitó la continuidad del servicio durante el curso 2022/2023, reprochó que los operadores pretendieron con el mismo perpetuar su situación y evitar una licitación».

En cualquier caso y «sin perjuicio de los recursos interpuestos» contra la Orden de la Consejería de Educación, los operadores continúan «manteniendo su disposición a que se resuelva la situación de una manera que les permita competir por el servicio de transporte escolar en unas condiciones mínimas de rentabilidad y seguridad jurídica», que, según subrayan, «no se dieron ni en las últimas licitaciones convocadas en 2023 que quedaron, como también sucede en otros sectores, desiertas mayoritariamente el pasado mes de julio, ni tampoco en las que fueron anuladas por el OARC en 2021 y 2022».

Desestimados los recursos

Pocas horas después, los servicios jurídicos del Departamento de Educación han rechazado los 39 recursos administrativos, todos idénticos, de otras tantas empresas de autobuses y las ha instado a cumplir la orden de ejecución forzosa para dar el servicio a los colegios públicos.

Educación, según ha informado en una nota, ha desestimado las solicitudes de medidas cautelares por entender que nos se cumplen ninguno de los dos requisitos para ello: que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación y/o que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de la propia Ley 39/2015.

Según Educación, al ser remunerada la prestación del servicio obligatorio con la totalidad del coste más un beneficio del 6%, «difícilmente cabe concluir que la no adopción de la medida cautelar pueda causar perjuicio alguno» a las empresas afectadas.

En cuanto al argumento de la falta de tiempo para tener la autorización de la Diputación correspondiente para el transporte, el Departamento la considera «falsa» porque «existe un proceder particular para la emisión de dichas autorizaciones acordado con cada una de las Diputaciones Forales».

Bildarratz: «Seguro que los niños podrán ir a clase»

En respuesta a las demandas de los operadores, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha asegurado que su departamento garantizará el servicio de transporte de los colegios públicos desde el lunes. «Seguro que los niños podrán ir a clase», ha apuntado, explicando que se analizarán «diferentes opciones», sin descartar el uso de taxis.

Tras visitar junto al lehendakari Iñigo Urkullu el centro público Txomin Aresti de Leioa, Bildarratz ha señalado que el departamento aún carece de datos definitivos sobre la incidencia en este primer día del curso de la decisión de algunas empresas de transporte de no prestar el servicio. Ha apuntado que en Araba han funcionado algo más de la mitad de los autobuses y faltan datos de Bizkaia, mientras en Gipuzkoa no se veía afectado por este conflicto.

Ha aseverado que Educación actuará «con diálogo» y sobre «la herramienta del derecho», y ha subrayado que «el transporte es verdaderamente un servicio público esencial» para que los niños y nilas puedan acudir a clase y que su departamento «ha gestionado con responsabilidad los recursos».

En este sentido, ha destacado la oferta que hizo el Ejecutivo y que las empresas no han aceptado: el coste real del servicio añadiendo el 6% de beneficio empresarial. Ajuicio de Bildarratz, se trata de «un esfuerzo muy importante» y por ello ha pedido a las empresas que cubren esos servicios «que reconsideren su postura» porque afecta a «los derechos» de los niños y niñas a asistir a clase y de las familias a la conciliación.

EH Bildu apunta a la falta de planificación de Educación

El parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha destacado que el Gobierno de Lakua ha gestionado esta cuestión «tarde y mal» y le acusa de «haber optado por la vía de la imposición».

Por ello, ha solicitado que el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, y las empresas comparezca en el Parlamento de Gasteiz para que explique «cómo ha sido posible que el curso haya empezado sin que todo el alumnado que lo necesita tenga garantizado el servicio de transporte escolar».

Arrese ha recordado que «el año pasado el Departamento de Educación y las empresas de transporte llegaron a un acuerdo en el último segundo», por lo que «teniendo en cuenta aquel precedente, es incompresible que este año el Gobierno no haya abordado este tema con el tiempo y las formas debidas para que no ocurriera lo que al final ha acabado ocurriendo».

A juicio del parlamentario de EH Bildu, «es evidente que el conflicto del transporte escolar se debe a la falta de planificación de Educación».

Además de la comparecencia de Bildarratz, Arrese ha pedido que también comparezcan en el Parlamento representantes de las empresas que prestan el servicio de transporte escolar porque «dada la preocupante situación que se ha generado en este inicio de curso, es urgente e importante conocer la opinión de las empresas, así como las soluciones que puedan proponer».

Asimismo, el parlamentario de EH Bildu ha solicitado a Educación que remita a la Cámara el informe jurídico en el que se ha basado para obligar a las empresas a seguir prestando el servicio pese a no haber acuerdo y el estudio económico utilizado para calcular y justificar el precio que pretende abonar a las empresas.

Elkarrekin Podemos-IU denuncia el «caos»

En la misma línea se ha pronunciado Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos-IU, quien ha criticado la «falta de previsión» del Departamento de Educación. No ha puesto en duda que las empresas hayan podido incurrir en un delito, como ha denunciado el Gobierno de Lakua, pero ha denunciado el «caos» al que ha dado lugar que todo ello haya explotado a última hora, al inicio del curso escolar.

Además, ha hecho una reflexión sobre el hecho de que tanto el transporte como el comedor, unos «servicios esenciales» en la enseñanza, sean considerados  «servicios complementarios» por Lakua, lo que facilita su «externalización y privatización».

Elkarrekin Podemos-IU sostiene que el transporte público debe estar en manos públicas, y Miren Gorrotxategi ha llamado la atención sobre que «salvo Euskotren, todo el transporte público está privatizado».

PP: «Jornada negra»

También el portavoz del PP en el Parlamento de Gasteiz, Carmelo Barrio, ha tildado de «jornada negra» la de este primer día del curso y ha mostrado su sorpresa «por la profunda desconfianza y desconsideración del Gobierno Vasco hacia un sector como el transporte».

«Las familias se han organizado para suplantar al transporte», ha lamentado el portavoz, quien ha recordado que este problema no es nuevo, pues se conocía desde finales del pasado curso escolar.

A su juicio, «el Gobierno Vasco y su consejero de Educación no han hecho los deberes y han sido incapaces de aprovechar el parón del verano para dar una solución a este conflicto", por lo que entiende "el enfado de padres, comunidad educativa, transporte escolar… pues no se puede hacer peor».