La autoridad medioambiental pone en solfa la Alta Velocidad al sur de Burdeos

La autoridad medioambiental no se pronunciará sobre la línea de la LGV Burdeos-Toulouse hasta no aportar la SNCF una valoración actualizada del impacto que tendría globalmente el denominado Gran Plan Ferroviario del Sudoeste (GPSO) que en un hipotético futuro buscaría enlazar con la ‘Y vasca’.

La autoridad medioambiental del Estado francés se reunió el pasado 7 de septiembre pero no pudo emitir pronunciamiento alguno sobre la nueva LGV (Línea de Alta Velocidad) que desde Burdeos se bifurcará en una primera etapa hasta Toulouse para, vía Dax, alcanzar en un hipotético futuro la muga de Hendaia con Irun enlazado así con la llamada ‘Y Vasca’.

La autoridad medioambiental es explícita en el resumen emitido tras esa reunión de trabajo al aseverar que, que sea cual sea el perímetro elegido para analizar el proyecto, ya el concreto de la afección de la nueva línea al norte de Toulouse o más globalmente el GPSO «las respuestas recibidas con respecto a numerosas cuestiones que figuran en el código de protección medioambiental están obsoletas o incompletas».

De ese modo, apunta a una insuficiencia de los informes de la SNCF en cuanto a contenido del proyecto, jerarquización de sus objetivos y proporcionalidad en el análisis.

Al tiempo, la autoridad que supervida las actuaciones de varios ministerios reprocha a la compañía ferroviaria que no haya procedido a una actualización de su informe, a la vista de la evolución en lo que se refiere a la reglamentación medioambiental habida desde 2014.

La autoridad medioambiental es taxativa al afirmar que el dossier objeto de análisis, incluso si se abordara, como ha venido demandando la SNCF, como un todo, «no aporta un estudio de impacto de acuerdo a los términos del artículo L. 122-1-1 III del código medioambiental».

Advierte así de que no podrá emitir su informe en tanto en cuanto no se le aporte ese estudio de impacto actualizado, el cual debería dar respuesta a cuestiones como las consecuencias en materias de artificialización de terrenos, emisiones de gases causantes del efecto invernadero así como otros efectos en espacios naturales.

Un nuevo revés

La decisión de no emitir informe adoptada por la autoridad medioambiental supone un nuevo y significativo contratiempo en los planes de trazar al sur de Burdeos una nueva Línea de Alta Velocidad.

Un obstáculo que, sin ser insalvable, plantea un serio revés, ya que la aceleración del cambio climático ha hecho evolucionar notablemente en estos últimos años los parámetros de protección medioambiental con los que deberá buscar un encaje la SNCF habida cuenta que ese último informe de 2014 ha sido completamente desechado por la autoridad medioambiental.

El hecho de que, quizás en un intento de revertir el retraso que acusa el proyecto, la compañía ferroviaria francesa haya solicitado, en correo electrónico de 23 de agosto de 2023, que «se mantenga el procedimiento elegido de un solo informe de impacto sobre el proyecto de GPSO», puede volverse en su contra, ya que en la nota de prensa la propia autoridad medioambiental estima que «a la vista de esa elección» no puede instruir el informe solicitado.

Ya en 2014, la autoridad medioambiental puso reservas al informe de impacto con vistas a recibir la declaración de utilidad pública del GPSO. Reclamó una información más exhaustiva y accesible para la ciudadanía.

En ese pronunciamiento de hace casi una década la autoridad medioambiental ya evocaba la necesidad de tener en cuenta «el notable valor del paisaje vasco con sus valles y su hábitat amenudo disperso y muy repartido en el territorio» y se conminaba a contemplar compensaciones a «la destrucción de 600 hectáreas de bosques» que acarrearía la realización de una segunda LGV.

Una «tasa LGV»

El no pronunciamiento de la autoridad medioambiental conocido ahora vuelve a sacar a la luz, de forma abrupta, un proyecto que, de manera más sigilosa, sigue avanzando, con impacto incluido en los bolsillos de los contribuyentes.

En el mes de setiembre, los propietarios del Estado francés deben abonar la tasa de propiedad (similar al IBI).

Según han publicado varios medios de comunicación la capital occitana, los propietarios de 2.340 localidades situadas en los bordes de ese trazado Burdeos-Toulouse han descubierto en el aviso de contribución que se les exige abonar una cantidad que, al no ser muy elevada, puede hasta pasar desapercibida.

Se trata de una «tasa especial de equipamientos» (TSE) destinada a financiar una parte del GPSO, según reza la letra pequeña.

El GPSO es magna infraestructura cuyo costo global se estima en 14.000 millones de euros, de los cuales 10.300 se destinarán a financiar el trazado Burdeos-Toulouse.

Ese presupuesto debería revisarse previsiblemente al alza a la vista del persistente contexto de inflación.

El criterio aplicado para recaudar esa ‘tasa LGV’ ha sido el de imputar el nuevo impuesto a los propietarios de viviendas, locales o terrenos sitiados a una distancia de menos de 60 kilómetros respecto al trazado por el que discurrirá la nueva línea, ya hagan uso habitual de esos bienes o se trate de una vivienda ocasional o secundaria.

El enlace a Euskal Herria, como pronto en 2042

Con esa tasa se esperan recaudar unos 29 millones de euros por año «durante un periodo de duración no señalado», aunque baste la estimación de Toulouse Metropole que reconoce que la construcción de ese nuevo eje obligará a hacer un aporte financiero considerable a «al menos dos generaciones».

La construcción de la Burdeos-Toulouse está previsto que comience en 2024 para una entrada en funcionamiento que, de cumplirse los plazos, tendrá lugar en 2032.

Por lo que respecta a la línea que, tras alcanzar Dax avanzaría en un futuro hasta la muga, el consejo francés de infraestructuras, sobre cuyos informes planifica en Ministerio de Transporte, consideró en su último informe de diciembre de 2022 que ese proyecto de unir la alta velocidad ferroviaria entre Irun y Hendaia no sería realidad al menos hasta 2042.

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha realizado numerosas gestiones desde entonces para reclamar, ya en solitario como locomotora del «eje atlántico» peninsular, que Madrid presione a Bruselas, coincidiendo con el actual semestre de la presidencia española de las instituciones europeas, para que se inste a París a comprometerse con el carácter prioritario de esa infraestructura.

Junto a la lehendakari de Nafarroa, María Chivite, y el presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset, hizo escuchar su queja ante la decisión de París de postergar, al menos hasta 2042, la conexion labortana, coincidiendo con la reunión del consejo de la Eurorregión, en marzo pasado, en Donibane Garazi.

Por el contrario, la Mancomunidad Vasca votó por práctica unanimidad contra la financiación de un nuevo trazado que genera amplio rechazo en Ipar Euskal Herria.