Se agota la paciencia de las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Se han cumplido esta madrugada nueve años desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la paciencia de sus familias se agota ante la falta de respuestas sobre los implicados, mientras aumenta la presión sobre el presidente de México.

Son ya nueve años sin respuestas desde que 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, desaparecieron cuando el autobús en el que viajaban a Ciudad de México para participar en una manifestación fue interceptado. La versión oficial del entonces Gobierno de Enrique Peña Nieto acusó a policías locales y al crimen organizado de secuestro, ejecución y desaparición de los cuerpos, pero las investigaciones lo desmintieron y salpicaron al Ejército. Más allá de exigir responsabilidades, sus familias siguen esperando saber qué pasó y dónde están sus hijos, y crece la presión para que el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cumpla con la promesa de resolver el caso.

Los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos realizaron un plantón de varios días frente a la entrada 1 del Campo Militar 1 en Naucalpan, en Ciudad de México, donde se concentra la información de todos los batallones. Piden que el Ejército entregue la documentación que falta sobre el caso y que podría ayudar a dar con el paradero de los estudiantes, aunque el pasado miércoles se reunieron con el presidente y este aseguró que ya está todo entregado.

«Lo está encubriendo (López Obrador al Ejército) porque no quiere que los muchachos (soldados) sean investigados. Ellos saben dónde los dejaron, ¿por qué no nos dicen la verdad?», declaró a Efe Tamara García, madre de Saúl Bruno García. «Mi esposo se fue (murió) sin saber de su hijo. Por eso yo dije: voy a seguir, quiero saber dónde está mi hijo», añadió.

El lunes mantuvieron una reunión en la Secretaría de Gobernación para exigir la entrega de documentación que ya le pidieron al presidente el miércoles pasado.

Ese día AMLO entregó algunos documentos pese a insitir en que todo está ya en manos de los investigadores, información que están estudiando en ausencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El GIEI, que aseguró que el Ejército permitió la agresión a los estudiantes, la encubrió y luego no facilitó información veraz, abandonó recientemente el país por no poder avanzar en las investigaciones ante el obstáculo que implica la falta de colaboración total de las Fuerzas Armadas.

Tras ocho años en el país, y cuya presencia estaba avalada por AMLO, este los tacha ahora de adversarios al asegurar que tienen intenciones en contra del Estado y del Ejército.

«No vamos a decir que están muertos»

Eduardo, estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, dijo que los compañeros de los 43 estudiantes van a seguir exigiendo justicia. «No ha cesado la lucha por saber su paradero, seguimos buscándolos, igual sus padres. No importa dónde estén, queremos justicia. Los están dando por muertos, pero mientras no haya pruebas científicas de que fueron asesinados, con puro testimonio no vamos a decir que están muertos. Para nosotros están vivos», sentenció.

La Comisión de la Verdad del Gobierno mexicano concluyó el año pasado que el hecho fue un «crimen de Estado» en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas. El Ejecutivo desmiente la polémica versión del Gobierno de Peña Nieto, la llamada «verdad histórica», que sostenía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los mató e incineró en el basurero de Cocula