Aragonès convocará a los partidos tras un informe que ve «posible y legal» el referéndum
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presentado un informe jurídico sobre las opciones legales de un reférendum, que incluye varias hipótesis. Y ahora convocará a los partidos catalanes para abordarlo, tras la previsible investidura de Pedro Sánchez.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este lunes que convocará una mesa de partidos catalanes, una vez acaben las negociaciones sobre la investidura de Pedro Sánchez, para abordar las diferentes vías para un referéndum pactado sobre la independencia.
Así lo ha anunciado en una comparecencia ante los medios en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, tras compartir con el Govern las conclusiones del informe que le ha entregado el Consejo Académico para el Acuerdo de Claridad, un grupo de expertos al que encargó estudiar las posibles vías para organizar un referéndum.
«El informe deja muy claro que un referéndum en Cataluña sobre la independencia es posible, es viable, es legal y es, y puede ser, la solución compartida al conflicto político con el Estado», ha afirmado el president.
Además, Aragonès encargará un informe al Instituto de Estudios del Autogobierno, vinculado a la Generalitat, para que aclare cuál debe ser el «instrumento jurídico concreto» para llevar a cabo las propuestas del informe.
Este referéndum «a la escocesa», ha resumido el president, permitiría que la ciudadanía catalana «se pueda pronunciar» y, a partir de aquí, iniciar el camino hacia la «implementación» de los resultados.
«La voluntad es que sea acordado por todas las partes», ha dejado claro Aragonès, para quien el referéndum «es la manera más clara, más concluyente, más diáfana» para conocer la decisión de la ciudadanía sobre la independencia, un camino que considera «transitable».
Desvinculado de la investidura
El president catalán ha desvinculado la propuesta de referéndum acordado que incluye el informe de las negociaciones para una eventual investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español: «Las condiciones ya están puestas encima de la mesa por los partidos, hoy no hay condiciones nuevas con este informe».
Aragonès ha apuntado que el contenido del informe «va mucho más allá del contexto de la investidura de un presidente español» porque se trata de un texto que «tiene que servir de base para resolver el conflicto político votando a través de un referéndum».
Aun así, ha reconocido que, «dependiendo de cómo se desarrolle el debate sobre la investidura», podría haber «una oportunidad muy inmediata para aprovechar este informe como un material, como una base para poder discutir» sobre la autodeterminación.
¿Qué dice el informe?
El grupo de expertos designado por el Govern de la Generalitat para abordar un Acuerdo de Claridad es muy abierto; así, plantea celebrar referéndums pactados en Catalunya o en todo el Estado en que la ciudadanía pueda votar bien sobre la independencia, bien sobre un encaje territorial de Catalunya dentro del Estado, y «con algún tipo de quorum». Además, recomiendan la figura de un «mediador».
Así lo recoge el informe del Consell Acadèmic per a l'Acord de Claredat, que su presidente, Marc Sanjaume, ha presentado en rueda de prensa este lunes después de trasladárselo al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
El estudio también recoge «mecanismos análogos» al referéndum para resolver el conflicto: un acuerdo político entre instituciones representativas o unas elecciones plebiscitarias, fórmula que -advierten- puede ser vista como una estrategia de parte.
Según ha explicado Sanjaume, el informe del Consell busca abrir «horizontes» sobre las vías de resolución del conflicto territorial a partir de experiencias en política comparada, sin prescribir ninguna y sin analizar su viabilidad jurídica.
En el informe, y a partir de las cinco preguntas que les trasladó Aragonès, el Consell Acadèmic defiende que el referéndum es el «mejor instrumento» para identificar las preferencias de los ciudadanos en un conflicto territorial y legitimarlas democráticamente en una votación.
En contrapartida -apuntan-, supone reducir cuestiones complejas a una sola pregunta, puede dar lugar a polarización y generar peligro de «manipulación política».
Los expertos señalan que existen dos tipos de referéndum distinto: de inicio (si se convocan para conocer la opinión de la ciudadanía sobre un asunto) o de ratificación (para que la ciudadanía avale o rechace un acuerdo).
El referéndum de independencia de Escocia en 2014 obedecía a la primera fórmula, mientras que los referéndums previstos para ratificar los estatutos de autonomía corresponden a la segunda, ha detallado Sanjaume.
El documento también se refiere al dictamen del Tribunal Supremo del Canadá sobre la secesión del Quebec de 1998, que señala que los principios rectores de un acuerdo de claridad son la democracia, el imperio del derecho y constitucionalismo, el federalismo y la protección de las minorías.
También ha avisado de que hay otros actores a tener en cuenta en un acuerdo de claridad, como los entes locales, los subestatales, el resto de territorios del Estado y de comunidades, y los tribunales, como el Tribunal Constitucional español (TC).
«El TC es clave para la viabilidad de un acuerdo de claridad», destacan en el informe, tras constatar que desde 2008 ha tenido una participación reiterada en el conflicto y que la jurisprudencia pone grandes dificultades -precisan- a la autodeterminación territorial.
Según el Consell Acadèmic, el referéndum podría celebrarse bien en Catalunya, bien en todo el Estado; en ese último caso -advierten- podría haber un «problema de legitimidad democrática de difícil solución» en caso de que en Catalunya existiera una gran mayoría a favor de la independencia, y en el resto del Estado no.
«Partir de la base de que el único demos relevantes es el del territorio que se quiere separar ignora que una decisión como la independencia impone consecuencias muy relevantes a la ciudadanía del resto del Estado, y que la misma lógica democrática requiere que esta ciudadanía disponga de algún mecanismo de codecisión», añaden.
Los efectos
El Consell avisa de que es necesario un consenso sobre la aceptación de los resultados del referéndum y sus efectos políticos, «más allá del carácter jurídicamente vinculante o no» del mismo.
«No hacerlo, pese a haber aclarado la existencia de una demanda política mayoritaria, implicaría por definición no respetar estos principios y podría incentivar intentos de satisfacerla por otras vías», alertan.