Lakua combatirá «en todas las instancias» el «cuestionamiento» de la oficialidad del euskara

El consejero de Cultura y Política Lingüística ha asegurado en el Parlamento que el Ejecutivo de Lakua combatirá «en todas las instancias posibles» el «cuestionamiento» de la oficialidad del euskara. El lehendakari ha reprochado la «falta de sensibilidad» de los jueces en esta cuestión.

El consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha asegurado que el Ejecutivo de Lakua combatirá «en todas las instancias posibles» las «preocupantes» sentencias judiciales y posiciones políticas que están poniendo «en cuestión» la oficialidad del euskara y el propio autogobierno.

Zupiria ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento de gasteiz, a una pregunta de EH Bildu sobre las sentencias judiciales que en los últimos meses están anulando diversas medidas para la promoción del uso del euskara contempladas en leyes y decretos impulsados por el Gobierno autonómico.

La parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre ha recordado que esta misma semana, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado, en respuesta a sendos recursos de PP y Vox, varios apartados de la normativa sobre el tratamiento del euskara en los ayuntamientos.

Agirre ha denunciado que con esta decisión, los jueces que firman estas sentencias «están haciendo política lingüística impulsados por un grupo ultraderechista». Además, ha advertido de que este no es «un caso aislado», sino que se enmarca «en un ataque retrógrado de extrema derecha, odioso e ignorante» contra el euskara, sobre la que ha recordado que, junto al castellano, es lengua oficial de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

«Preocupados»

En su respuesta, Zupiria ha reconocido que ante este tipo de sentencias «hay motivos para estar preocupados». «Son preocupantes los esfuerzos que están haciendo algunos partidos políticos para poner en cuestión la vía democrática que hemos recorrido durante 40 años», ha manifestado el consejero.

Zupiria también ha expresado su preocupación por el hecho de que los tribunales de justicia «tengan la última palabra en aquellos temas que hay que abordar en el hábito político», así como por que con estas resoluciones judiciales «se ponga en cuestión la capacidad de organizarse de nuestras instituciones».

Generar «conflicto»

También ha lamentado que estas decisiones evidencien que una lengua minorizada como el euskara no requiera de «un apoyo especial», y ha expresado su malestar por el hecho de que haya quien utilice la lengua vasca para generar «conflicto».

En todo caso, ha asegurado que el Gobierno seguirá dando «pasos adelante» para impulsar el uso y la normalización de esta lengua, porque de lo contrario «la bicicleta del euskera se va a parar y caer».

Zupiria ha explicado que Lakua está analizando todas las sentencias contrarias a su política lingüística para que la aplicación de dichas resoluciones «haga el menor daño posible». En este sentido, ha indicado que se están recabando argumentos jurídicos para «combatir» estas sentencias y las posiciones contra la normalización del uso del euskara «en todas las instancias posibles».

Además, ha subrayado que el Ejecutivo mantendrá su compromiso en defensa del autogobierno, de la oficialidad del euskara, del fomento de esta lengua, y de la «adhesión y el consenso» en apoyo del euskara.

Zupiria ha añadido que plantearán todas las modificaciones legales «que sea necesario», incluso en el ámbito estatal, para acabar con ciertas interpretaciones que están «poniendo en cuestión la oficialidad».

«Falta de sensibilidad»

Por su parte, y en respuesta a una pregunta de Vox, el lehendakari Iñigo Urkullu ha asegurado que en el ámbito judicial vasco no solo falta mucho para llegar a la igualdad del euskara con el castellano sino también falta «mucha sensibilidad» a la hora de abordar jurídicamente estas cuestiones.

Urkullu ha señalado que hoy en día el euskara y el castellano están «muy lejos» de estar en una situación de igualdad y queda «mucho por hacer» y ha constatado concretamente el «desequilibrio notable» entre ambas lenguas en el ámbito judicial.

Ha recordado que el Tribunal Constitucional avaló 121 artículos de la Ley de Instituciones Locales, entre ellos el que garantiza el derecho a elegir la lengua que usan las administraciones locales, y ha reprochado al TSJPV que haya ido «más allá» de este alto tribunal español con sus recientes sentencias.

También ha constatado que llama «mucho la atención» que el PP recurriera el decreto cuando la ley fue acordada en 2017 en la comisión bilateral de cooperación con el Estado cuando el Gobierno estaba presidido por Mariano Rajoy.