Avances y retrocesos en el camino hacia la justicia fiscal internacional

El informe elaborado por el observatorio EU Tax sobre la evasión fiscal subraya que se ha avanzado en el intercambio de información reduciendo el fraude. Señala que otras prácticas, como la competencia fiscal entre países, todavía permiten que las personas ricas eludan sus obligaciones fiscales.

El observatorio EU Tax acaba de publicar un informe titulado “La evasión fiscal global. Informe 2024”, en el que hacen un balance de las principales decisiones que se han tomado durante los últimos diez años. El informe constata que aunque se han producido avances, algunos impensables no hace tanto tiempo, consideran que los efectos prácticos son bastante limitados.

Los autores han aprovechado los datos que hasta ahora no eran accesibles. La nueva regulación obliga, por ejemplo, a que las multinacionales elaboren informes de su actividad país por país, lo que ofrece una aproximación mucho más nítida de lo que supone la presencia de las grandes corporaciones en cada jurisdicción. Otra fuente importante de información proviene del intercambio automático y multilateral de información bancaria que se puso en marcha en 2017. Un hito, si se tiene en cuenta que la cooperación internacional en cuestiones fiscales era hasta hace poco una utopía. En este sentido basta recordar que, por ejemplo, las haciendas forales no estuvieron interconectadas hasta marzo de 2014, gracias a un acuerdo impulsado por la Hacienda Foral de Gipuzkoa, entonces gobernada por Bildu.

Precisamente, el informe señala que el intercambio de información bancaria ha reducido de manera notable la evasión hacia paraísos fiscales de los grandes patrimonios. Según sus cálculos, se ha reducido en un tercio en menos de diez años. El informe señala que antes de 2013 los grandes patrimonios poseían el equivalente al 10% del PIB mundial en paraísos fiscales, y la mayor parte de este patrimonio no se declaraba. En la actualidad, la proporción se mantiene, sin embargo, solamente el 25% de esa cantidad no se declara.

A pesar de los avances, todavía hay activos que no se declaran, bien porque las instituciones financieras de las jurisdicciones con bajos impuestos incumplen sus deberes, por miedo a perder a ciertos clientes, o bien por limitaciones en el diseño del intercambio de información. No obstante, a toda acción suele seguir una reacción, y los investigadores de EU Tax han detectado que se ha producido un trasvase de la riqueza hacia activos que no están cubiertos por el intercambio de información bancaria. Así, por ejemplo, los defraudadores han convertido gran parte de sus depósitos bancarios en bienes inmuebles, mucho más difíciles de rastrear por las administraciones tributarias.

El impuesto mínimo sobre los beneficios

Por otra parte, los autores del informe consideran que el impuesto mínimo global del 15% sobre los beneficios de las multinacionales suscitó grandes esperanzas en 2021, pero una lista cada vez mayor de lagunas han reducido a la mitad los ingresos previstos (y a un tercio si se compara con el proyecto inicial que contemplaba un tipo mínimo del 20%).

Calculan que alrededor de un billón de dólares, el equivalente al 35% de todos los beneficios que las multinacionales han amasado fuera del país en el que tienen su sede, terminan en paraísos fiscales. La evasión de estas ganancias supone una pérdida de recaudación equivalente al 10% de todo lo que se recauda por el impuesto sobre sociedades en todo el mundo. Según el informe, las multinacionales estadounidenses serían las responsables del 40% de este traslado de beneficios y Europa sería la más afectada por la pérdida de recaudación. Una conclusión que habría que circunscribir a las relación entre EEUU y la Unión Europea. Ampliando un poco más el foco, como hacen los estudios de la red de organizaciones de la sociedad civil europea Eurodad, resulta que las mayores pérdidas de las prácticas de evasión de impuestos por parte de las multinacionales las sufren los países del Sur global.

En cualquier caso, el informe señala que a pesar del trabajo realizado por la OCDE a propuesta del G20 sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), el trasvase de beneficios no ha disminuido. El informe considera que ha cambiado solo «marginalmente». La pérdida mundial de ingresos fiscales parece haberse estancado en torno al 10%. Como nota positiva señalan que de no haberse tomado ninguna medida las pérdidas de recaudación podrían ser todavía mayores.

Competencia fiscal

El informe analiza de forma detallada los tipos de competencia a la baja que todavía se dan entre jurisdicciones para atraer empresas y grandes fortunas. En el impuesto mínimo a los beneficios empresariales, por ejemplo, la legislación de algunos países permite que las empresas paguen tipos efectivos inferiores al mínimo del 15% acordado. Una de las vías para reducir el impuesto a abonar se produce al rebajar los criterios de las llamadas normas sobre sustancia económica y antiabuso. Básicamente, esas normas establecen unos requisitos mínimos para considerar que una empresa tiene suficiente actividad real en un país como para beneficiarse de sus menores tipos. Una aplicación laxa de esas reglas permite a casi cualquier empresa cumplir los criterios y beneficiarse de una tributación más baja sin tener realmente una actividad económica sustancial en dicho país.

Por otra parte, el informe también hace referencia a otras formas de competencia fiscal agresiva que reducen los ingresos públicos y aumentan la desigualdad. Son, sobre todo, regímenes fiscales preferenciales que buscan atraer a determinados grupos socioeconómicos. El informe señala que esta política no es un juego de suma cero –lo que un país pierde lo gana otro–, sino que es un juego de suma negativa, ya que si algunos contribuyentes se trasladan a un país con baja tributación, la recaudación total disminuye. Además, como están dirigidos a los ricos, la progresividad del sistema fiscal se reduce y la desigualdad aumenta todavía más.

Existen tres tipos fundamentales de regímenes especiales. El primero es el de «renta de fuente extranjera», cuando se da un trato preferente a los ingresos que se reciben del exterior mientras que a los conseguidos en el país se les aplica una tributación normal (Estado francés y español, entre otros, tienen este régímen). Los llamados de «renta nacional», que ofrecen tipos reducidos a aquellos extranjeros que realizan una actividad económica específica en el país de acogida. Está dirigido fundamentalmente a atraer profesionales, artistas, deportistas y científicos. Y por último están los regímenes de «pensiones», ofrecidos por prácticamente todos los países mediterráneos (Chipre, Grecia, Italia, Malta y Portugal) que da un tratamiento fiscal más favorables a las pensiones de origen extranjero.

Las consecuencias de estos regímenes van más allá de la recaudación y por ello, a principios de octubre, el presidente de Portugal, Antonio Costa, anunció que iba suprimir todas estas medidas especiales para 2024 porque suponían «una injusticia fiscal que ya no tiene sentido». Sin embargo, el problema no solo es de justicia. La llegada de pensionistas, la instalación de profesionales liberales y el régimen de visa dorada que concedía residencia a cambio de una inversión en Portugal ha provocado una importante entrada de capital proveniente del extranjero que ha terminado invertido, sobre todo, en inmuebles, lo que ha reducido considerablemente la oferta de vivienda a los residentes locales y ha elevado sustancialmente los precios, especialmente en las grandes ciudades y en las zonas turísticas. Un desastre que se suma a una injusticia.

En este sentido, los autores del informe señalan también que las subvenciones a la energía verde pueden terminar siendo mayores que las ganancias que proporcione el impuesto mínimo de sociedades. Atinadamente apuntan que estas subvenciones son más deseables que la competencia fiscal, ya que puede ayudar a acelerar la transición hacia una economía de bajas emisiones. Sin embargo, el informe apunta que esta política puede aumentar las desigualdades, al incrementar los beneficios de los grandes accionistas que habitualmente suelen tener ya elevados ingresos.

Impuestos a los milmillonarios

Un apartado analiza la fiscalidad de los llamados milmillonarios, conformado no por el 1% más rico sino el 0,01% de los contribuyentes más ricos. Según el informe, estos superricos tiene unos tipos impositivos efectivos muy bajos: incluyendo todos los impuestos –renta y patrimonio, cuando existe– suelen estar entre el 0% y el 0,5% de su patrimonio. Si calculan como proporción de la renta, el tipo efectivo es mayor, pero queda lejos de los que paga el resto de la población. La principal razón de este desequilibrio está en que los milmillonarios utilizan sociedades patrimoniales personales, sociedades sin actividad mercantil que se dedican básicamente a administrar el patrimonio, lo que permite que parte de los ingresos personales no sean tratados como ingresos personales sino como ingresos de una sociedad.

Por ello, los autores proponen establecer un impuesto mínimo del 2% del patrimonio a los milmillonarios, que evitaría estas zonas grises y generaría en todo el mundo, según sus cálculos, 250.000 millones de dólares procedentes de 3.000 individuos, de los que aproximadamente 500 serían europeos.

El informe apela, finalmente, a que si no se consiguen acuerdos internacionales, los países tomen medidas unilaterales. Un deseo de difícil ejecución.