Denuncian que en la CAV solo se aceptan 31% de eutanasias sin clarificar motivos
De las 128 solicitudes de eutanasia recientes en la CAV se han aceptado 39, una cifra que suscita extrañeza en la Asociación Derecho a Morir Dignamente, más aún cuando no ve «clarificación suficiente».
La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD-DHE) de Euskadi ha denunciado, con motivo del Día Internacional de la Muerte Digna, que el procentaje de eutanasias realizadas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en relación a las solicitudes es del 31%, a su entender, «bastante bajo» y sin que la información oficial disponible «clarifique suficientemente» los motivos de esos rechazos.
La agrupación ha dado a conocer estas cifras, con motivo de celebrarse este jueves el Día Internacional de la Muerte Digna, en una comparecencia en Bilbo a cargo de dos de los integrantes de su junta directiva, Contxi Castells y Julen Goñi.
En concreto, ambos portavoces han informado de que, según el último informe de la comisión de garantías, a fecha de diciembre de 2022, de las 128 solicitudes de eutanasia, 39 fueron aceptadas y otras ocho, rechazadas.
Retrasos en los DVA
A su juicio, lo más llamativo es que 69 de ellas, el 54%, ni siquiera llegaron a la comisión para ser evaluadas y, desde DMD-DHE, «no saben por qué motivos».
Tras lamentar que tampoco se ha creado el Observatorio de la Muerte Digna, a diferencia de otras comunidades como Nafarroa, Asturias o Catalunya, han criticado la «escasa dotación para cumplimentar los Documentos de Voluntades Anticipadas (DVA)», lo que provoca «retrasos en el sistema de información y registro de los mismos».
En este sentido, han calificado de «inaceptables» las listas de espera para registrar el documento DVA, que en el caso de Bizkaia, llega alcanzar un año de espera.
En su comparecencia, han detallado igualmente que, en lo que respecta a la CAV, desde su asociación lamentan «las deficiencias» que se están dando tanto en lo relativo a la aplicación de la Ley de Eutanasia (LORE) aprobada por el Gobierno estatal hace dos años, donde en este periodo se ha hecho «muy poco por su desarrollo», como en lo que respecta a la Ley aprobada en 2016 de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida.
Deficiencias legales
Respecto a esta última, han criticado que, entre las deficiencias en torno a su aplicación, «sin duda la más flagrante y dañina para la ciudadanía es la escasa, por no decir nula, información a la sociedad de sus derechos al final de la vida», aunque tampoco se ha realizado cada dos años, han proseguido, el estudio acerca del cumplimiento que exige la citada Ley 11/2016.
A su entender, estas deficiencias suponen «ignorar» los mandatos de la propia ley que obliga, en su disposición adicional séptima, a habilitar «los mecanismos oportunos para dar la máxima difusión a la presente Ley entre los profesionales sanitarios y la ciudadanía en general, así como para promover entre la misma la realización del documento de instrucciones previas».
Además, han denunciado que, desde su perspectiva, no se atienden las solicitudes «o por falta de compromiso o por desconocimiento de las profesionales», así como por una «deficiente formación del personal sanitario» y, en algunos casos, por la «poca o nula comunicación» con el afectado o con sus familiares cuando se inicia el procedimiento.
El comunicado también alude, a nivel de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, al «excesivo tiempo en la tramitación de algunas solicitudes de eutanasia» que llegan a más de 45 días, lo que se traduce en una «gran angustia e incertidumbre, sobre todo para la persona solicitante, pero también para sus familiares».
La asociación ha reiterado que el porcentaje de eutanasias realizadas en relación con las solicitudes es bastante bajo (31%), «sin que la información oficial disponible clarifique suficientemente los motivos».
Desde Derecho a Morir Dignamente - Duintasunez Hiltzeko Eskubidea consideran que, ante estas evidencias, «las instituciones no se están implicando como debieran en la mejora de la calidad del morir», lo que a su juicio, demuestra que este tema «no parece ocupar ningún lugar en los proyectos políticos de quienes nos gobiernan y nos representan».