Compromiso vasco y catalán para impulsar alternativas a una justicia «excesivamente punitiva»
Lakua, el Gobierno de Nafarroa y la Generalitat de Catalunya han mostrado su compromiso con una justicia más restaurativa y con la «prevención de la judicialización de los conflictos a través de las prácticas restaurativas comunitarias».
Los gobiernos de Lakua, Nafarroa y Catalunya han suscrito este martes una declaración en la que se comprometen a transitar de una justicia «excesivamente punitiva» a un modelo «más restaurativo».
Las consejeras de Justicia de Lakua, Nerea Melgosa, Nafarroa, Amparo López Antelo, y Catalunya, Gemma Ubasart, han suscrito el texto en un acto celebrado en el campus de Donostia de la UPV/EHU.
En el acto han participado la directora del Instituto Vasco de Criminología (IVAC), Gemma Varona, impulsora del encuentro, y el secretario general de la UPV/EHU, Aitor Zubimendi.
Las tres administraciones se han definido como «pioneras» en la implantación de políticas públicas respaldadas por los estándares internacionales en justicia restaurativa.
«Hacer justicia hoy pasa por prestar atención a las necesidades de las víctimas y el objetivo de la reinserción de los responsables del delito», señala la declaración, que remarca que este concepto sirve para el ámbito penal pero también puede aplicarse a otras áreas en las que se pueden producir daños o conflictos.
Aporta un «nuevo enfoque» mediante el que «se devuelve el papel protagonista a las personas implicadas» sin perjuicio del «carácter garante de los operadores jurídicos», indica.
El «efecto reparador» en la víctima es de «alto valor personal» y, además, tiene un «impacto positivo en el conjunto de la sociedad», que «no se da» en el procedimiento penal ordinario en el que las partes enfrentadas tienen «poco margen para abrir un proceso de reparación y, en cambio, predomina el conflicto y sus efectos negativos», agrega.
Judicialización de los conflictos
«La judicialización del conflicto sitúa a las partes en un escenario de confrontación» y, en términos generales, la sentencia judicial «no tiene un efecto positivo en el trauma de la víctima ni reconduce el comportamiento errático del victimario», por lo que las «expectativas de las partes y del conjunto de la sociedad no quedan, en general, satisfechas», indica el texto.
Aboga por facilitar la participación de la ciudadanía en la justicia «propiciando respuestas restaurativas que permitan articular los principios de voluntariedad, solidaridad, reparación, responsabilización y pacificación, sin perder un enfoque interdependiente en relación con los derechos humanos de las víctimas y de las personas investigadas o condenadas», destaca el acuerdo.
Las tres administraciones han acordado trabajar para cultivar los valores y principios de la justicia restaurativa para generar un cambio cultural y sistémico en el ámbito judicial.
También se han comprometido a potenciar servicios estables y a «impulsar el fomento de la prevención de la judicialización de los conflictos a través de las prácticas restaurativas comunitarias».
Al acto le ha sucedido la apertura del curso académico 2023-24 del Instituto Vasco de Criminología, cuya conferencia inaugural ha corrido a cargo del profesor emérito de la Universidad de Lovaina (Bélgica) Ivo Aertsen quien ha sido nombrado miembro de honor del IVAC.