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Alrededor de 47 millones de controles de identidad cada año en el Estado francés

La Policía y la Gendarmería efectúan cada año unos 47 millones de controles de identidad, según la estimación revelada por el Tribunal de Cuentas francés en un informe crítico sobre una práctica cuyas derivadas racistas denuncian asociaciones vascas como Etorkinekin o Irungo Harrera Sarea.

Control de la Policía francesa en la muga de Irun-Hendaia. (Bob EDME)

Los magistrados del Tribunal de Cuentas han elaborado esa estimación, del todo inédita, sirviéndose de los historiales del año 2021 de los expedientes de personas buscadas (FPR) y del sistema nacional de permisos de conducción (SNPC), ya que lo habitual es que los agentes de Policía o Gendarmería consulten algunos de esos dos ficheros en el curso de un control de identidad.

Bajando al detalle, en 2021 la Gendarmería francesa llevó a cabo 20 millones de controles de identidad, de los cuales 8,3 se produjeron en el marco de controles en carretera.

Ese cuerpo militar tiene competencia exclusiva en zonas extraurbanas o rurales.

La Policía gala, por su parte, procedió a realizar 27 millones de controles, de los cuales 6,6 millones se produjeron en carreteras o vías públicas.

La Policía se encarga de la seguridad en zonas urbanas y metropolitanas.

Muertes en «controles rutinarios»

De hecho, los incidentes más graves en el marco de esos controles –cabe recordar, aunque no sea ni mucho menos un caso aislado, la muerte del joven Nahel M., en Nanterre– implican a agentes de la Policía.

El uso de controles de identidad es denunciado por distintas ONG francesas pero también vascas. Es el caso de Etorkinekin o Irungo Harrera Sarea, que vienen denunciando la profusión de «controles racistas» en la muga.

No son pocas también las investigaciones académicas que han dejado sentado que esos controles, además de no garantizar una lucha eficaz contra la delincuencia, acrecientan las discriminaciones.

En octubre pasado, el Consejo de Estado francés, al que recurrieron varias asociaciones, ya emitió un dictamen en el que consideró que la práctica de «los controles faciales», esto es en función del color de la piel, «existe en Francia» pese a que ese proceder constituye en sí mismo «una discriminación hacia las personas a las que se somete a esa vigilancia».

Sin embargo, esa alta instancia se declaró incompetente para obligar al Estado a modificar su política de seguridad ciudadana.