La AN rechaza asumir la investigación sobre la estafa piramidal que afecta a cientos de vascos
La Audiencia Nacional ha rechazado asumir la investigación sobre la presunta estafa piramidal del Grupo Herrero Brigantina, que habría captado cerca de 50 millones de euros con la promesa de devolver grandes dividendos y que afecta a miles de personas, con víctimas también en Euskal Herria.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado hacerse cargo de la investigación sobre la presunta estafa piramidal del Grupo Herrero Brigantina (Grupo HB), como había solicitado el Juzgado de Instrucción Número 4 de Salamanca, que hasta este momento se había encargado de investigar el caso. Ahora, este segundo órgano podrá asumir la competencia o, en caso contrario, podría entrar en juego el Tribunal Supremo para adjudicar la causa. Para Pedraz, todavía es «sumamente aventurado» determinar «el verdadero alcance de los hechos», lo que impediría establecer la competencia de la sede judicial.
Se calcula que la estafa piramidal podría ascender hasta cerca de 50 millones de euros y que afecta a unas 10.000 personas, varios cientos de ellas en Euskal Herria.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 estima que los únicos hechos indiciariamente acreditados se refieren a que Herrero Brigantina habría ofertado a sus clientes el producto TOP 25 a sabiendas de que la rentabilidad ofrecida no iba a ser pagada y que, además, no estaba respaldado por AXA, en una supuesta estrategia urdida por el Grupo HB para hacer la contratación fiable.
Para Pedraz, esto «sería un indicio claro del ánimo de estafar a sus inversores, llevándolos, bajo este engaño, a hacer un desplazamiento patrimonial en favor del grupo, todo ello por importe de 840.000 euros» pendiente de acreditación.
Explica que se trata de un volumen de fraude muy alejado de las exigencias jurisprudenciales para establecer que los hechos sean competencia de la Audiencia Nacional.
«Y es que el propio informe policial señala que el fraude denunciado asciende a más de 840.000 euros, pero que el perjuicio conocido por los bufetes de abogados y asociaciones superaría los 6,3 millones de euros, dato este en ningún caso acreditado en la instrucción judicial por el momento», alega.
A ello añade que solo constan meras manifestaciones testificales de los dos trabajadores que denunciaron a su antigua empresa acerca de hechos que deben de ser contrastados con la práctica de diligencias aún pendientes, como «cuando se manifiesta que una parte importante del dinero que aportaban los clientes se destinaba a sufragar gastos corrientes del Grupo (nóminas, seguros sociales, alquileres, etc.)».
«Es evidente que los hechos están aun indiciariamente por perfilar, y el mero análisis de cuentas bancarias no puede ofrecer los datos necesarios, sino que ello se podrá basar en documentaciones a obtener tras la práctica de diligencias solicitadas», concluye.