Sudáfrica intenta sentar a Israel en el banquillo de los Estados genocidas
Sudáfrica lidera desde hoy un proceso legal histórico ante la Corte Internacional de Justicia al acusar a Israel de «actos genocidas» en la Franja de Gaza. Pretoria exhorta a los jueces a ordenar de urgencia que Israel «suspenda inmediatamente sus operaciones militares en Gaza».
Israel tilda de «difamación sangrante y absurda» esta denuncia y ha señalado que «resulta trágico que la nación arco-iris, que se vanagloria de luchar contra el racismo, lucha con los racistas antijudíos».
Este es uno de los tres procedimientos que Israel podría afrontar por la brutalidad de sus bombardeos contra Gaza.
¿Qué puede hacer la CIJ?
Sudáfrica ha solicitado «medidas provisionales» a la CIJ, concretamente órdenes judiciales de emergencia, mientras se examina el caso en cuanto al fondo, un proceso que puede prolongarse durante años.
El Tribunal no determinará en este momento procesal si Israel está perpetrando un genocidio, «solo» evaluará si existe un riesgo de daño irreparable a los derechos garantizados por la Convención sobre el Genocidio, «en particular el derecho de los palestinos en Gaza a ser protegidos de actos que amenazan su existencia como grupo», subraya Cecily Rose, experta de la Universidad de Leyde.
Pretoria exige que, mientras tanto, Israel suspenda inmediatamente su ofensiva en Gaza, ponga fin al desplazamiento forzado, permita el acceso humanitario y preserve las pruebas.
¿Y luego?
Las decisiones de la CIJ, el más alto tribunal de Naciones Unidas, son vinculantes para los países y no pueden ser apeladas. Sin embargo, esta corte no tiene forma de hacerlas cumplir.
Ello tiene que ver con los límites de la Justicia internacional, cuya eficacia depende de la voluntad política de los Estados, sobre todo de los grandes.
Por ejemplo, la CIJ ordenó, sin éxito, a Rusia que pusiera fin a su invasión de Ucrania un mes después de que comenzara la ofensiva.
Después de que el Tribunal decida si ordenar medidas de emergencia, examinará el caso «en cuanto al fondo», es decir, la acusación de Sudáfrica de que Israel está violando la Convención de las Naciones Unidas sobre genocidio.
Una decisión que sería simbólica, reconoce Celine Bardet, experta en derecho internacional y crímenes de guerra, quien añade, sin embargo, que «recordaría al mundo que los Estados también son responsables» y «podría permitir a los Estados tomar medidas tras la decisión, por ejemplo, imponiendo sanciones».
¿Para cuándo?
La Corte Internacional de Justicia no es conocida por su celeridad, pero las solicitudes de «medidas provisionales» tienen prioridad sobre todos los demás casos y una decisión puede ser relativamente rápida: se puede dar en cuestión de semanas.
No obstante,una decisión sobre el fondo probablemente tardará varios años. Los tribunales internacionales ya no están «adaptados al mundo en el que vivimos hoy», observa Bardet.
¿Por qué Sudáfrica?
Tanto Sudáfrica como Israel firmaron la Convención de Naciones Unidas sobre Genocidio, creada en 1948 en respuesta al Holocausto.
Pretoria reconoce que es «plenamente consciente» del «particular peso de la responsabilidad» que representa acusar a Israel de violar la Convención sobre Genocidio. Pero recuerda que ningún ataque puede justificar violaciones de la Convención y asume que tiene «su propia obligación», como signata- ria, de prevenir el genocidio.
Sudáfrica ha apoyado durante mucho tiempo la causa palestina, el partido gobernante Congreso Nacional Africano (ANC), lo vinculando a menudo con su propia lucha contra el apartheid.
Pero ello no ha impedido que el país africano mantuviera relaciones con Israel hasta noviembre del pasado año.
Fue Israel el que retiró a su embajador de Pretoria después de que el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, anunciara una petición a la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
A instancias del grupo opositor negro Luchadores por la Libertad Económica (EFF), la Asamblea Nacional de Sudáfrica anunció la ruptura de relaciones con Israel con el voto de la mayoritaria ANC.
Más procesos
La CIJ dictamina sobre disputas entre países y a menudo se confunde con la Corte Penal Internacional (CPI), también con sede en La Haya, que procesa crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados por individuos.
El fiscal principal de la CPI, Karim Khan, abrió una investigación a instancias de cinco países, incluida Sudáfrica, sobre la destrucción de Gaza y asegura que su equipo ha reunido una «cantidad significativa» de pruebas.
Finalmente, la ONU ha pedido a la CIJ que examine las consecuencias legales de las acciones israelíes en los territorios palestinos. Se trata de una opinión consultiva que, paradójicamente, no analizará la operación militar posterior a la brutal incursión de Hamas el 7 de octubre.
En un intento de establecer una equidistancia entre ocupantes y ocupados, y entre dos fuerzas totalmente asimétricas, expertos jurídicos internacionales aseguran que ambos bandos probablemente cometieron crímenes de guerra.
¿Qué países la apoyan?
La demanda de Sudáfrica ha sido apoyada por Malasia, Turquía, Jordania, Bolivia y Venezuela con declaraciones expresas de sus representantes políticos. Maldivas, Namibia y Pakistán indicaron igualmente su apoyo a la acción de Pretoria en la Asamblea General de la ONU. También la Organización de Países Islámicos (OIC), con 57 miembros, entre ellos Arabia Saudí, Irán, Pakistán o Marruecos, dieron su apoyo al caso.
La UE, en general, ha optado por el silencio. La vice primera ministra de Bélgica, Petra de Sutter, dijo que «Bélgica no puede quedarse impasible (...) Quiero que Bélgica actúe ante la Corte Internacional de Justicia. Lo propondré dentro del Gobierno». El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, en cambio, pidió cautela» tras recordar que «seis millones de judíos fueron asesinados» durante el Holocausto, si bien su ministro de Transportes (Verdes), Eamon Ryan, afirmó que la demanda de Sudáfrica tiene argumentos «irrefutables».
La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, por su parte, asegura que «no ve indicios de que Israel esté cometiendo un genocidio».
EEUU ha expresado su rechazo a la demanda. El asesor de Seguridad John Kirby consideró el caso «contraproducente y sin base». Gran Bretaña también sostiene que Israel no ha roto la legalidad internacional.
Defensor de Israel
Aharon Barak, exjuez del Supremo y superviviente del Holocausto, representa a Israel en la CIJ. Crítico con Netanyahu y preocupado por la «democracia israelí», varias de sus sentencias han amparado el muro del apartheid, «asesinatos selectivos» o demoliciones de viviendas.
Presión israelí
Según el medio Axios, el Ministerio israelí de Exteriores ha enviado instrucciones a sus diplomáticos, embajadas y políticos en el extranjero para que presionen contra la iniciativa de Sudáfrica, y adviertan a sus respectivos países de destino de implicaciones legales, económicas, de seguridad en las relaciones bilaterales.
Portal para denuncias
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha abierto una plataforma digital para recibir denuncias con pruebas de crímenes de guerra israelíes. A la vez, más de 800 académicos y profesionales del derecho internacional han dado su apoyo al caso de Sudáfrica ante la CIJ.
Blinken y Abbas
El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, aseguró que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, está «comprometido» con reformar este organismo para «asumir la responsabilidad en Gaza» y unificarla con Cisjordania bajo un mismo liderazgo.
Contra ambulancias y hospitales
La Media Luna Roja Palestina denunció la muerte de cuatro de sus trabajadores y otras dos personas en otro ataque de las fuerzas israelíes sobre una de sus ambulancias, en Deir al-Balah, en el norte de Gaza. Además, al menos ocho personas murieron en el bombardeo de una vivienda situada frente a la entrada del hospital Mártires de Al-Aqsa. El Gobierno gazatí apuntó al menos 40 víctimas, entre muertos y heridos. El asedio de los militares a este hospital –desbordado de pacientes y con cientos de personas refugiadas– y los ataques a las zonas aledañas forzaron la evacuación del personal de Médicos Sin Fronteras, que señaló que se ha hecho imposible trabajar entre bombardeos y disparos hacia los enfermeros. La zona bombardeada ayer quedó sumida en el caos, con gente intentando rescatar a otras personas entre escombros y sangre. 143 palestinos muertas y más de 240 heridas llegaron a los saturados hospitales en el día 96 de la agresión israelí, con lo que el balance de muertes llega a 23.357, y los heridos son 59.410. También en Cisjordania el Gobierno palestino denunció un ataque del Ejército de Israel contra una clínica en Belén, en el marco de nuevas incursiones que derivaron en enfrentamientos en Nablus y Jenin. La ministra de Sanidad, Mai al-Kaila, indicó que los militares irrumpieron en la Clínica Rashaida y rompieron puertas, muebles, historiales médicos y medicamentos.
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