ELA señala a Lakua por «defender los intereses de quienes hacen negocio con la vivienda»

A raíz del recurso del Gobierno de Lakua al Tribunal Constitucional sobre la Ley de Vivienda estatal, el sindicato ELA ha criticado que sus políticas priman los intereses de quienes se lucran a través de la especulación con la vivienda.

El sindicato ELA ha acusado al Gobierno de Lakua de «defender a quienes hacen negocio con una necesidad social» después de que este recurriera al Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda. Según el sindicacto, Lakua «también es responsable de la grave situación de la vivienda. Sus políticas han primado los intereses de los constructores, las inmobiliarias o de quienes se lucran a través de la especulación».

Tal y como ha defendido ELA en un comunicado, «pese a que el argumento sea la supuesta invasión de competencias, el recurso responde a que el PNV se opone a las mejoras sociales cuando ello conlleve un incremento del presupuesto público o perjudican a los grandes intereses económicos».

Asimismo, recuerda que desde Lakua también esgrimieron que se invadían competencias a la hora de reducir el precio del transporte público, por lo que «no es el único caso en el que el PNV o sus dirigentes institucionales se han mostrado molestos con las medidas que desde Madrid han supuesto avances sociales».

Así, esta central exige al PNV y al Gobierno de Lakua que «den marcha atrás» en su anuncio de recurrir a la Ley de Vivienda y «pongan en marcha las diferentes medidas que venimos demandando en esta materia para hacer efectivo el derecho a la vivienda».

ELA calificó como muy insuficiente la Ley de Vivienda estatal que posibilita que las Comunidades Autónomas declaren zonas tensionadas y topen en ellas los precios de los alquileres. EL TC declaró anticonstitucional la ley catalana que regulaba estas zonas por no haber un marco estatal que lo posibilitase.

Por lo tanto, si esta disposición estatal no es posible tomar esa medida en la CAV por lo que el Gobierno de Lakua «no pretende defender las competencias, sino que trata de evitar que se tomen medidas para que las instituciones vascas garanticen el derecho a la vivienda», concluye ELA.