El Constitucional francés rechaza restringir la protección social a extracomunitarios
El Consejo Constitucional ha rechazado la petición de la derecha francesa de convocar un referéndum sobre inmigración, al considerar que su iniciativa encubre un «ataque desproporcionado» al derecho a la protección social de las personas extranjeras «en situación legal en Francia».
«Si el legislador puede tomar disposiciones específicas respecto de los extranjeros, le corresponde respetar las libertades y derechos fundamentales de valor constitucional reconocidos a todas las personas que residen en el territorio de la República», recuerdan los miembros del Consejo Constitucional en la decisión hecha pública este jueves.
Por ese dictamen echan atrás la pretensión de Les Républicains (LR) de celebrar un referéndum sobre la inmigración, destinado a condicionar el acceso a ayudas sociales a personas llegadas de países ajenos a la Unión Europea (UE) aunque tengan su situación administrativa regularizada en el Estado francés.
«Los extranjeros disfrutan de derechos a la protección social, siempre que residan de manera estable y regular en territorio francés» reitera expresamente el Consejo Constitucional.
Se refiere el alto tribunal al artículo 1 de esa propuesta que, según recuerda, «establece que los extranjeros legales que no sean nacionales de la Unión Europea sólo se beneficiarán del derecho a la vivienda, de la ayuda personal a la vivienda, de las prestaciones familiares y del subsidio de autonomía si pueden justificar un período mínimo de residencia estable y regular en Francia o de afiliación a un régimen de seguridad social obligatorio».
Al respecto de ese capítulo el Constitucional estima que «al someter el disfrute de prestaciones sociales, algunas de las cuales pueden tener además carácter contributivo, a los extranjeros residentes legalmente que no sean nacionales de la Unión Europea a una condición de residencia en Francia de una duración de al menos cinco años o una afiliación a una actividad profesional de al menos treinta meses, las disposiciones del artículo 1 tienen un impacto desproporcionado sobre esos requisitos».
Desde esa consideración declara esos postulados «contrarios a la Constitución».
Nuevo revés para la derecha
La decisión supone un alivio para las personas a las que se podría restringir derechos sociales incluso cuando contribuyen a las arcas del Estado con el pago de cotizaciones e impuestos, y un revés para la derecha francesa que, en el debate de la nueva ley de migración, presionó con su mayoría en el Senado para endurecer el proyecto, de por sí restrictivo, del ministro de Interior, Gérald Darmanin.
Tras la amonestación por el Consejo Constitucional de parte de esa nueva ley, en enero, por motivos de forma, con la decisión conocida hoy el tribunal se adentra en el fondo, pronunciándose igualmente contra las medidas sostenidas por la derecha y destinadas a asentar la llamada «preferencia nacional», o lo que es lo mismo a discriminar a residentes extracomunitarios.
A raíz de la primera censura a la ley, la derecha activó esta vía del Referéndum de Iniciativa Popular (RIP) que decae con la decisión de los «sabios», que crea jurisprudencia.