El pacto PSOE-PNV marcará el debate sobre el autogobierno
El pacto de investidura de PSOE y PNV comienza marcando los ritmos del debate sobre el autogobierno que dice debe abordarse «con urgencia». Y probablemente también condicionará el contenido del debate. De momento, el PNV ya ha retirado de su programa la consulta habilitante prevista en 2020.
Iñigo Urkullu llegó a Ajuria Enea el 15 de diciembre de 2012 con el compromiso en su programa electoral de «actualizar la ‘lege zaharra’ en ‘lege berria’» a través de un «un texto articulado que será remitido para su aprobación por la Cámara. El resultado del proceso –el año 2015– será sometido a refrendo popular».
El documento incluía también una Ley de Participación Ciudadana que regularía las consultas a la ciudadanía. En abril de 2013, cuando el lehendakari, con el PNV gobernando en solitario, traspuso aquel programa electoral a su programa de gobierno, ya habían desaparecido del texto final tanto la fecha como la mención al «refrendo popular». La ley que iba a permitir la regulación de las consultas ciudadanas también se esfumó. Ni cuatro meses duraron esas promesas desde que llegaron a Ajuria Enea.
No fue algo momentáneo. Doce años después, Iñigo Urkullu se marchará de Ajuria Enea sin cumplir esos puntos del programa electoral que le llevaron allí. De hecho, pese a que en 2020 el PNV volvió a prometer «promover una Ponencia en el seno del Parlamento vasco que dé continuidad a los trabajos llevados a cabo esta legislatura por la ponencia sobre actualización del autogobierno vasco con el fin de culminar los mismos», ni el Gobierno ni el grupo parlamentario jeltzale registraron ninguna iniciativa en ese sentido.
Cabe recordar que aquella ponencia alcanzó el 6 de julio de 2018 un acuerdo suscrito por PNV y EH Bildu, y en parte también por Elkarrekin Podemos, que, entre otras cosas, otorgaba carácter nacional al «sujeto político jurídico constituyente» que integran Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y recogía que la futura reforma del Estatuto de la CAV sería sometida, con carácter previo a su tramitación ante las Cortes españolas, a una consulta «habilitante» de la ciudadanía vasca, que jurídicamente no tendría un carácter vinculante.
Aquellas bases fueron enviadas a una «comisión de expertos» para que redactaran con ellas un texto articulado de nuevo estatuto. Pero lo que finalmente acabaron depositando el 2 de diciembre de 2019 ante el letrado mayor del Parlamento fueron un texto articulado redactado por Iñigo Urrutia, jurista designado por EH Bildu; otro de Jaime Ignacio del Burgo, del PP, y otro firmado por Mikel Legarda (PNV), Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos) y Alberto López Basaguren (PSE). Pero, en realidad, en este último había tal cantidad de desacuerdos sobre cuestiones básicas que se podía entender que eran dos o tres estatutos distintos. Lo cierto es que si esas propuestas se hubieran sometido a votación en algún pleno, no se habría aprobado ninguna de ellas. A la vuelta del parón navideño, el lehendakari disolvió la Cámara y convocó elecciones. Y, como ya se ha dicho, pese a los compromisos de retomar los trabajos, allí acabó ese intento.
El intento fallido de Ibarretxe
Antes había habido otras tentativas. El propósito de abrir negociaciones a la búsqueda de acuerdos para un nuevo estatus o un nuevo estatuto –que parecen lo mismo, pero no lo son– se ha hecho en diversas legislaturas.
Inauguró esa fase Juan José Ibarretxe, que consiguió que en el Parlamento de Gasteiz se aprobara un texto articulado, que luego fue rechazado por el Congreso de los Diputados, en tiempos en los que José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno español. Y pese a que Ibarretxe había comprometido ante el Parlamento que si las Cortes intentaban cerrar aquel camino celebraría una consulta en la CAV, lo que hizo fue convocar elecciones con la izquierda abertzale ilegalizada.
El nuevo estatus volvió a quedar aparcado y fue sustituido por la Ley de Consulta, que tampoco llegó a nada. El 25 de octubre de 2008 las urnas fueron sustituidas por concentraciones festivas de protesta.
Acuerdo de investidura de 2023
Sin embargo, para esta próxima legislatura hay una novedad: un plazo anunciado. Es cierto que tampoco sería la primera vez que una fecha no se cumple, pero al menos es un inicio.
El 10 de noviembre de 2023, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, firmaron que «el autogobierno vasco debe entrar con urgencia en una nueva fase de desarrollo y ampliación».
Por ello, se comprometieron a «negociar de buena fe y sacar adelante», tanto en Gasteiz como en Madrid, un acuerdo cuyos «ámbitos a dialogar y negociar entre ambos partidos» serán «el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad».
Se añade en el documento firmado en Madrid que «el acuerdo alcanzado deberá responder a las demandas mayoritarias del Parlamento de Euskadi», y se fija que «el plazo orientativo para culminar este proceso de negociación y acuerdo no superará el año y medio desde el inicio de la nueva legislatura».
En todo caso, también sobre esto parece haber interpretaciones dispares entre los firmantes del acuerdo. El candidato a lehendakari del PSE, Eneko Andueza, ya dejó claro en entrevista con GARA que «el reconocimiento nacional de Euskadi» ya está contemplado en la Constitución de 1978. Hablar de soberanía le parece «una pérdida de tiempo» y contempla la reforma estatutaria como la oportunidad para garantizar derechos que se han ido consolidando desde que en 1979 se aprobó el Estatuto de Gernika.
El PNV retira la consulta habilitante
En sintonía con lo recogido en el pacto de investidura, el PNV incluye en su programa electoral el compromiso de «negociar y aprobar, tanto en Euskadi como en el Estado, el autogobierno futuro empleando las potencialidades de la Disposición Adicional primera de la Constitución (amparo de los derechos históricos de los territorios forales) y de la Disposición Adicional del Estatuto de Gernika (reserva de soberanía)».
El documento fija que «la propuesta de nuevo estatus deberá contemplar como elementos singulares y centrales: Reconocimiento nacional de Euskadi, respeto a la pluralidad, derecho a decidir, bilateralidad y voz en Europa».
Sin embargo, respecto al programa electoral con el que se presentó el PNV hace cuatro años hay una diferencia sustancial. En 2020, recogía que entre la aprobación del texto articulado en el Parlamento de Gasteiz y su remisión a las Cortes españolas, sería «sometimiento a consulta habilitante de la ciudadanía vasca».
Ese paso de la consulta habilitante, que supondría que el proyecto llegaría al Congreso con el aval del pueblo, no figura en el documento que presenta Imanol Pradales. Y nada suele ser casual.
«Aprovechar la oportunidad»
EH Bildu sí lleva en su «programa de gobierno» la «consulta habilitante antes de iniciar cualquier negociación con el Estado». Entiende que es preciso aprovechar la actual mayoría en el Congreso, que puede ser una «oportunidad histórica».
En un acto celebrado en la Casa de Juntas de Gernika, EH Bildu defendió el miércoles la necesidad de «un nuevo estatus político para poder hacer frente con garantías a los retos que enfrentamos como sociedad, como comunidad nacional y como pueblo, ya que, como es de sobra conocido, a mayor autogobierno y mayor soberanía, mayor bienestar».
Su propuesta es «retomar el Acuerdo de Bases y Principios sobre autogobierno» suscrito en 2018 con PNV y en una parte también con Elkarrekin Podemos-IU y «traducirlo en un texto articulado que sea fiel tanto a la letra como al espíritu del mismo».
Para ello hace falta «reactivar la ponencia parlamentaria de autogobierno durante los tres primeros meses de la legislatura, para alcanzar, en el plazo de un año, un acuerdo sobre dicho texto articulado». EH Bildu se compromete a ir «a esa negociación sin líneas rojas» y pide al resto de partidos que actúen de igual manera, así como que «respeten la voluntad que expresará la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa».
Puede darse por hecho que el Parlamento de la CAV que salga de las elecciones del 21 de abril será, al menos en teoría, el más abertzale de toda historia. Después habrá que ver en qué se traduce todo ese potencial.