Los ingredientes para un «lawfare»

El incidente que ha iniciado el proceso de reflexión Pedro Sánchez tiene numerosos precedentes. El recurso a los tribunales con pleitos sin futuro es una constante en esta etapa política. Los ha vivido el independentismo, Podemos o líderes como Mónica Oltra. Ciertas pautas se repiten siempre. 

Para un caso de lawfare, primero hace falta barro con el que trabajar. Este suele surgir de una lluvia de ideas lanzadas por medios de comunicación y grupos de derecha y extrema derecha que se testan en público, a través de las redes sociales y publicación de noticias, a ver si alguna consigue echar raíces y triunfa entre el público al que se dirige.

Por empezar con los ataques contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez contra la que se han abierto «diligencias secretas» por un presunto tráfico de influencias, antes de este presunto caso, se la acusó de dirigir una red de clubes de alterne (falsa) que pertenecían a su padre, de haber recibido subvenciones no declaradas (que percibió una mujer que se llamaba igual) e incluso se propagó el rumor de que, en realidad, antes de casarse con Sánchez fue un hombre. En algunos foros todavía hay conspiranoicos que defienden que es transexual.

En el fondo, con la generación constante de escándalos, no solo se busca el mensaje que mejor funcione, también se envuelve a la víctima de un aura de sospecha. De tal forma, cuando todo termine, y aun en el caso de una exculpación completa, siempre quedarán sombras.

A modo de ejemplo, del aluvión de causas en torno a las siglas de Podemos –desde Neurona a la «niñera», pasando por PISA– ya cuesta distinguir en qué fase de instrucción fue archivada cada cosa.

La Policía y la Fiscalía

Esta fase de banco de pruebas, en ocasiones, se puede saltar porque el escándalo lo monta directamente la Policía, que cuenta con muchos más recursos para dar verosimilitud a la idea que se quiera trasladar a la opinión pública.

Un ejemplo característico de esto es el caso de «la policía política» y la ‘Operación Catalunya’ por el que se elaboraron decenas informes falsos de independentistas catalanes y, según se desprende de grabaciones, todo fue orquestado por Jorge Fernández Díaz (y quién sabe si no se lo encomendaron de más arriba).

Por otra parte, la Policía española ha demostrado tener entre sus filas elementos que se venden al mejor postor a la hora de arruinar la vida de adversarios políticos. El comisario José Manuel Villarejo trabajó para José Luis Corcuera (PSOE) y elaboró para él en los 90 el Informe Veritas dirigido contra Baltasar Garzón, Luis del Olmo y miembros del PP. Posteriormente, se vendió al Partido Popular y participó de la citada ‘Operación Catalunya’ y varias investigaciones contra el PSOE.

Además de la Policía, puede actuar la Fiscalía, que es una herramienta aún más poderosa a la hora de construir acusaciones y mantener vivo un proceso judicial. En el Estado español, el empleo del Ministerio Público prácticamente solo se puede ejercer desde el poder, puesto que al fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno y la Fiscalía es una institución jerárquica.

Tras la anulación de la condena de Bateragune, Otegi denunció esta persecución como un «lawfare contra el independentismo vasco».

En Portugal, por contra, el último gobierno socialista cayó por la iniciativa de un fiscal contra el presidente, Antonio Costa. La investigación naufragó, pero Costa dimitió antes de ser exculpado.

Cuando Fiscalía y Gobierno van de la mano a la hora de aplastar a un adversario, es difícil escapar. Ejemplo de esto es lo sucedido con el ‘caso Bateragune’, donde el fiscal solicitó penas de diez años de cárcel. Tras la anulación de la condena por parte de Estrasburgo, Arnaldo Otegi denunció esta persecución como un «lawfare contra el independentismo vasco».

El papel de la ‘fachosfera’

Aunque la Policía y la Fiscalía sean unas armas fabulosas, para nada son imprescindibles. Lo importante es que la sombra de la corrupción impregne a la víctima de modo que su popularidad decaiga o que esta no pueda asumir el coste personal. A fin de cuentas, lo que se busca es un efecto rápido y directo y no una condena que, en el mejor de los casos, llegará años después.

A la operación coordinada de medios de comunicación y opinadores lanzando bulos, se la ha solido denominar como «la máquina del fango», parafraseando a Umberto Eco, que fue el primero en usarlo en referencia a prácticas políticas de su país, Italia. Este término aparece en la carta publicada el miércoles por Sánchez.

Por otro lado, en los últimos meses, ha aparecido un neologismo ‘fachosfera’, importado de la política francesa por el columnista de ‘El País’, Idafé Martínez.

Daniel Schneidermann (su creador) sostiene que la ‘fachosfera’ aúna a grupos marginales de extrema derecha y «un poderoso grupo de medios que reúne radio, televisión y revistas». Juntos se han hecho tan fuertes que han «obligado a los medios de comunicación grandes, especialmente a los audiovisuales, a seguir su agenda y a acoger regularmente a periodistas y analistas más radicales».

Un respaldo en la sombra

Dar a conocer un escándalo, convertirlo en trending topic (tendencia en las redes) requiere hoy día de la intervención de medios de comunicación digitales y del empleo de técnicas de propaganda moderna, como coordinar cuentas falsas automatizadas (cyborgs y bots) a través de comunidades organizadas (teams). Unas veces, se buscará simplemente difundir la información inicial. Otras, hacer pasar como natural la conclusión o la opinión que difusión del bulo busca conseguir en el público objetivo (esta segunda práctica se conoce como astroturfing).

Todo eso cuesta dinero. La ‘fachosfera’ no vive del aire. En la práctica, son los partidos políticos casi los únicos que mantienen los equipos capaces de implementar todas estas técnicas. Y, más importante que eso aún, solo ellos pueden alimentar económicamente a los medios digitales, con plantillas de periodistas profesionales, que revisten de apariencia de verdad las noticias que sostienen un lawfare.

Luis Bárcenas confesó que Jiménez Losantos recibió dinero de la caja B para que sostuviera que detrás de los atentados del 11-M estaba ETA.

Cabe recordar aquí que Luis Bárcenas confesó que Federico Jiménez Losantos recibió dinero de la caja B del Partido Popular para que sostuviera que detrás de los atentados del 11-M estaba ETA.

En las últimas semanas, se desveló un escándalo de pagos publicitarios difíciles de justificar por parte de la Comunidad de Madrid a ‘The Objective’, uno de los medios que sostienen las informaciones de la querella contra Begoña López. Ha habido escándalos similares con ‘Ok Diario’.

Los denunciantes de paja

Lo que distingue un escándalo de lawfare de una noticia falsa al uso es la vertiente judicial y la implicación en la trama de miembros de la judicatura. Para activarlos, alguien debe de tocar la puerta de un tribunal. En casos muy claros puede que ese papel lo ejerza un partido, pero cuando la base es filfa, mejor que se retrate una entidad menor. De ahí la aparición de Manos Limpias contra la mujer de Sánchez (o Dignidad y Justicia en lo que implica a líderes abertzales).

Manos Limpias dice que solo ha puesto en conocimiento del juez lo publicado en prensa. Si es falso, la responsabilidad es de otro.

El propio secretario general de Manos Limpias explicó ayer la interrelación entre la máquina del fango y la apertura de un caso de lawfare. Miguel Bernad admitió que se han limitado a «poner en conocimiento del juzgado» presuntas irregularidades que han publicado en prensa. A lo que añadió que, si luego todo se demuestra falso, quien tiene que dar explicaciones es aquel publicó la noticia.

Así, aun siendo los partidos rivales los inductores reales de un lawfare, les es mucho más cómodo mantenerse alejados y limitarse a subrayar su preocupación por la gravedad de lo que se cuenta.

Los jueces, la clave

Que un juez dé continuidad hace que el lawfare estalle. A partir de ahí, la apertura de diligencias reviste de verosimilitud la denuncia inicial, por increíble que fuera. Además, habilita al denunciante a realizar una investigación prospectiva, que permitirá ir realizando averiguaciones, irrelevantes en su mayoría, pero que convenientemente filtradas a medios afines continuarán alimentando a la ‘fachosfera’. Y, en último término, pone sobre la mesa la posibilidad real de condena.

Que hay jueces que se prestan a este tipo de prácticas aun a riesgo de enfangar su credibilidad es una evidencia contrastada. Está el caso de García Castellón, el azote de Podemos alargando causas que quedan en nada, o el de la juez Ángela Murillo, que se negó a apartarse de un procesamiento contra Otegi y Estrasburgo acabó condenado al Estado por ello.

Como es lógico, los abogados conocen las tendencias de los jueces de instrucción y eligen donde poner la denuncia. Los jueces instructores son poderosísimos. Además de poder mantener viva durante años la investigación y pedir pruebas y pruebas, pueden minar la presunción de inocencia de las víctimas de un escándalo de este tipo, otorgándoles la calificación de «investigado».

O yendo un poco más allá, también pueden convocarles a declarar delante de decenas de periodistas y hacerles pasar la «pena del paseíllo».

Estos jueces saben que, por mucho que se desvíen de la norma, no le pasará nada. Las condenas por prevaricación por lawfare son una realidad desconocida. De ahí, también, que este tipo de escándalos sean tan peligrosos.