Reclaman acceso universal al sistema de protección social ante el cierre de albergues en Iruñea
Tras alertar del cierre de albergues en Iruñea, colectivos que trabajan con personas sin hogar han reclamado «un acceso universal al sistema de protección social y a una vivienda digna para todas las personas» ante el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno navarro.
Colectivos que trabajan en Iruñea con personas sin hogar han reclamado «un acceso universal al sistema de protección social y a una vivienda digna para todas las personas». En una comparecencia ante la sede del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno, representantes de Punto de Información para Personas Migradas (PIM-MIG), Apoyo Mutuo, Lantxotegi, Paris 365, Elkarte, Oxfam Intermon, Haritu y SOS Racismo Nafarroa han mostrado su preocupación por el cierre inminente del albergue provisional, que se suma a la reducción de plazas de alojamiento por la finalización de la campaña de frío el pasado 31 de marzo.
De este modo, según los datos que han facilitado, de las 199 personas que han solicitado alojamiento en Iruñea en los tres últimos meses, han quedado en la calle al menos 93 y partir de este domingo serán 149. «Hay que añadir las personas que no han solicitado alojamiento», han subrayado. Según han recordado, el año pasado se asistió a un escenario similar y no se pusieron soluciones por parte de las administraciones.
«Más allá de las cifras, estamos hablando de una situación que se está cronificando en el tiempo sin que desde las administraciones competentes se haya elaborado una respuesta de garantía de derechos estable en el tiempo», han denunciado.
Competencia del Gobierno navarro
En este sentido, han recordado que, según la Cartera de Servicios Sociales, corresponde al Gobierno navarro garantizar el alojamiento y manutención de las personas y el Ayuntaminento de Iruñea debe colaborar en esta tarea. Actualmente, sin embargo, la situación es la contraria.
Asimismo, han recordado que el Defensor del Pueblo recomendó en marzo de 2023 al Departamento de Derechos Sociales del Gobierno navarro y al Ayuntamiento de Iruñea que adoptaran medidas para garantizar a las personas que carecen de hogar y se encuentran en la calle alojamiento y manutención durante todo el año, con una dotación de recursos y plazas suficientes.
«Vivir y dormir en la calle en cualquier momento del año supone carecer de seguridad, de intimidad, de un espacio propio donde descansar, donde asearse, donde recuperarse emocionalmente de duras experiencias vitales y violencias estructurales», han destacado, subrayando también que muchas familias alojadas desde Servicios Sociales de Base en hostales y pensiones durante meses sufren cambios intermitentes de localización o situaciones habitacionales incompatibles para el desarrollo psicosocial de menores y adultos, como hacinamiento o falta de espacios individuales o de estudio.
«No solo en las olas de frío»
«No podemos sostener el discurso de garantizar techo solo en ola de frío, o de planes a largo plazo que no parten del reconocimiento como sujetos de derechos desde el primer momento a todas las personas que viven aquí. Debemos empezar a diseñar las políticas sociales basadas en las necesidades reales de las personas. Queremos denunciar las prácticas de contención y expulsión, las administraciones continúan esperando que las personas desaparezcan, vuelvan a sus lugares de origen o solucionen de manera invisible su situación, cuando esta es causada por una problemática que es estructural», han añadido.
En este contexto, el día 15 acudirán al Parlamento «para reclamar que ejerza sus responsabilidades de poder legislativo y control del Gobierno, para que hagan efectivos estos derechos».
En concreto, reclamarán el establecimiento permanente y de acceso garantizado de un recurso adecuado para personas solas y para familias con menores a cargo en situación de calle durante todo el año. Además, pedirán que se garantice el acceso al sistema de protección social en igualdad de condiciones para todas las personas y el acceso al empadronamiento, tal y como recomendó el Defensor del Pueblo.
Junto a ello, plantearán que se garantice la tramitación de la tarjeta de residencia a todas las personas que viven en Nafarroa, el acceso a cursos homologables de capacitación profesional y de aprendizaje de los idiomas oficiales y que se controlen las actuaciones policiales y que cesen los controles de identidad basados en el perfil étnico. También piden que se establezcan medidas y protocolos para prevenir, detectar y reparar discursos de odio y situaciones de discriminación.
El día 15, además de la comparecencia en el Parlamento navarro, han convocado una concentración ante el Ayuntamiento de Iruñea a las 20.00.