Pensionistas llaman a la movilización de los pueblos europeos por un sistema público de reparto

Las plataformas de pensionistas llaman a la movilización de los pueblos de Europa en defensa de un sistema público de pensiones de reparto e intergeneracional. Instan a tomar medidas «efectivas» para eliminar la brecha de género y la regularización de las y los trabajadores de la economía sumergida.

Tras dos jornadas de trabajo en la Facultad de Economía y Empresa de la UPV-EHU, en Bilbo, plataformas y movimientos de pensionistas de diferentes pueblos de la Unión Europea han acordado un diagnóstico conjunto respecto a las reformas que se están imponiendo en relación a las pensiones y los sistemas públicos de reparto, proponiendo una serie de medidas que pretenden reclamar en las calles y en las instituciones. El manifiesto hecho público este viernes, han apuntado, esta abierto a la adhesión de otras organizaciones y sindicatos europeos.

En plena campaña al Parlamento Europeo, desde el movimiento de pensionistas se llama a plantar cara a las nuevas reformas en los sistema públicos de pensiones y se incide en que la movilización «es la mejor garantía» para avanzar en sus reivindicaciones, por lo que proponen iniciativas a desarrollar en los próximos meses.

Demandan la derogación de aspectos regresivos de estas reformas, en especial el del aumento de los años necesarios para acceder a la jubilación, la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones y el empeoramiento de las condiciones para acceder al porcentaje máximo posible.

Además, reclaman que se garantice un sistema público de pensiones de reparto e ingresos suficientes en cada uno de los pueblos europeos que permitan a las personas pensionistas acceder a unas condiciones de vida dignas y aumentar las tasas de reemplazo entre salario y pensión, especialmente de los salarios más bajos, que en general van asociados a trabajos más penosos e insalubres y, con ello, de menor esperanza media de vida y peor salud.

Dejan clara su oposición a todas las reformas legislativas que erosionan el actual sistema de reparto y solidaridad intergeneracional, al entender que debe ser el eje central de la protección social para las y los trabajadores que concluyeron su etapa laboral.

No se olvidan tampoco de aquellas personas que no tienen la nacionalidad de ningún Estado miembro de UE, a las que, al no habérseles reconocido los permisos de residencia y de trabajo, se mueven en la economía sumergida, con condiciones laborales y salariales muy precarias e inferiores a las legales en vigor. Exigen para ellas su regularización inmediata y que se les garantice la libertad de circulación para que se les pueda aplicar la totalización de las cotizaciones si han trabajado en varios Estados miembros.

Brecha de género

También reivindican medidas «efectivas» para eliminar la brecha de género tanto en salarios como en pensiones. «Aunque la equidad de género es uno de los principios fundamentales de la UE y el principio de igualdad de remuneración por el mismo trabajo se introdujo hace más de 60 años, en 2019 la brecha en pensiones en la UE era del 29,4%. La pobreza y la exclusión social es mayoritariamente femenina: según Eurostat hay 64,6 millones de mujeres y 57,6 millones de hombres en situación de pobreza», exponen para sustentar su petición.

Exigen que se cumpla la resolución del Parlamento Europeo de 5 de julio de 2022 sobre la pobreza de las mujeres en Europa, que reclama a la Comisión y los Estados miembros un programa de actuación para 2030 con objetivos concretos para luchar contra la brecha de género.

«Es inaceptable que las nuevas normas de transparencia salarial, como la de marzo de 2023 o la resolución sobre la estrategia de la UE para la igualdad de género de enero de 2021, o la exigencia de los diputados para abordar el problema de las pensiones más bajas para las mujeres, estén teniendo un efecto inapreciable para reducir la brecha de género por la inacción de la CE a la que van dirigidas estas demandas«, denuncian.

Plantean incorporar el derecho a pensiones públicas decentes y a los sistemas públicos de pensiones de reparto como derecho fundamental en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, así como incluir en la Carta Social Europea revisada, el derecho a una pensión pública mínima con los criterios de suficiencia marcados para el SMI y concretándola al menos en el 60% del salario medio.

Asimismo, piden reforzar la obligatoriedad para los Estados de «mantener el régimen de Seguridad Social a un nivel satisfactorio».

Se solicita además la derogación del Reglamento europeo 2019/1938 que regula los planes paneuropeos de pensiones individuales privadas, para cuyo desarrollo la Comisión ha propuesto que los Estados apliquen el mismo trato fiscal que a los productos estatales ya existentes, aunque no cumplan los criterios estatales de desgravación fiscal.

«La Comisión, de la mano del BCE, pretende mediante incentivos fiscales aumentar los activos gestionados en el mercado financiero de las pensiones individuales desde los 0,7 billones de euros en el 2018 a 2,1 billones en 2030», apuntan.

En el documento se exige a las instituciones europeas planes «concretos» para impulsar políticas eficaces de reparto equitativo de la riqueza, creación de empleo de calidad y pensiones decentes en los diferentes pueblos europeos y valorar su desarrollo de manera positiva para acceder a los fondos europeos.