La Fiscalía recurre la negativa de Llarena a aplicar la amnistía a los políticos catalanes
La Fiscalía ha recurrido la negativa del juez del Supremo Pablo Llarena de aplicar la amnistía al ex president catalán y al resto de exconsejeros. En el caso de Puigdemont, sostiene que no hubo ánimo de enriquecerse personalmente ni daño a los intereses financieros de la UE.
La Fiscalía ha pedido al juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que rectifique y aplique la amnistía a los políticos catalanes perseguidos y condenados por la consulta del 1-O. «La voluntad del legislador es clara», ha defendido, al tiempo que ha insistido en que «no cabe otra opción que la aplicación de la amnistía».
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales aseguran que la decisión de Llarena de no considerar aplicable la amnistía a la malversación atribuida a Puigdemont y el resto de exconsejeros procesados en rebeldía «no es ajustada a Derecho».
«El Ministerio Fiscal discrepa de la interpretación sostenida por el Auto que se recurre: consideramos que la amnistía prevista por la LO 1/2024 es aplicable a los hechos que son objeto de investigación de esta Causa Especial», señalan.
A su juicio, en la malversación atribuida a Puigdemont no hubo enriquecimiento personal ni afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. Por ello la Fiscalía insiste en que debe levantarse la orden de detención que permanece activa sobre el ex president catalán y el resto de encausados.
Tsunami Democràtic
Por su parte, la magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo, instructora de caso abierto contra Tsunami Democràtic, ha preguntado a la Fiscalía y a la defensa de Puigdemont si ven procedente consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la aplicación de la amnistía en delitos considerados «terrorismo» por la Justicia español.
En una providencia dictada este viernes, la juez explica que las acusaciones populares han solicitado el planteamiento de la cuestión prejudicial en relación a la ley de amnistía ante las dudas surgidas sobre la incompatibilidad de la misma en materia de «terrorismo» con el derecho de la Unión Europea.
A la vista de ello, la instructora acuerda dar traslado a las demás partes personadas para que en el plazo común de tres días se pronuncien al respecto. Dichas partes son la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación particular en nombre de dos policías y las defensas de los investigados Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg.