De Miguel empieza a salir a la calle por el 100.2 tras su condena de 12 años por corrupción
El exdirigente del PNV Alfredo de Miguel accederá desde el lunes a la flexibilización prevista en el artículo 100.2, por lo que podrá salir a la calle durante el día. Ha pasado entre rejas algo más de un año de una condena de doce y cuatro meses.
Según informan este sábado diarios del Grupo Vocento, el exdirigente del PNV y cabecilla de la trama de corrupción ligada a este partido, Alfredo de Miguel, empezará a salir de prisión durante el día desde este lunes. Ingresó en la cárcel el 6 de julio del pasado año, tras confirmar el Supremo la condena impuesta en la Audiencia de Araba con una rebaja muy leve (de 13 años a 12 y 4 meses).
Esta posibilidad se deriva de la aplicación a De Miguel del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que supone la flexibilización del régimen cerrado. De Miguel podrá salir a trabajar durante el día y volverá a la cárcel solo a pernoctar, como ya ocurre con otros dos condenados en la trama: Koldo Ochandiano y Xabier Sánchez Robles.
La concesión del 100.2, explican estos medios, se ha visto facilitada por su comportamiento en prisión, por el abono de 186.500 euros derivados de la condena y también por su participación en el programa específico implantado para delincuentes económicos, que se estrenó prácticamente con el excuñado del rey español Iñaki Urdangarin y el extesorero del PP Luis Bárcenas.
Esta flexibilización de su situación carcelaria conlleva además el traslado de Alfredo de Miguel desde la cárcel de Zaballa a la de Basauri, con lo que estará más cerca del lugar de trabajo que ha conseguido (una consultoría).
«Prevaliéndose de su capacidad de influencia política»
La trama corrupta que pusieron en marcha Alfredo de Miguel y el resto de condenados la montaron, según refrendó el Supremo, «prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal».
La condena señaló que «se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión».