«Hay que aprovechar los momentos políticos favorables para la denuncia de la tortura»

Rita Peña fue torturada y encarcelada en Chile. Participó en la comisión Velach para el reconocimiento de la tortura. La navarra Mariló Gorostiaga también fue torturada y encarcelada. Ambas han participado en las jornadas de Iruñea y hablan con NAIZ de las semejanzas y diferencias de ambos procesos.

¿En qué consistió la comisión Valech en Chile?

RITA PEÑA: Cuando se termina la dictadura y comienza el Gobierno transicional de Patricio Aylwin en 1990, se abre un espacio político muy adecuado. Había mucha presión internacional, se logró que las Fuerzas Armadas se fueran a sus cuarteles, ... Se aprovechó. Se empezó a tratar el tema de los derechos humanos. Primero se creó la comisión Rettig, que vio todos los casos de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos. Posteriormente, vino la comisión Valech, que se encargó de torturados y expresos políticos, como es mi caso. Pero caímos en una trampa, porque mucha gente fue torturada y no fue presa. Fueron torturados en lugares secretos. Los torturaban y los soltaban. Los expresos políticos estábamos en libertad, pero no participamos en las negociaciones de la comisión. Quedamos fuera. Se hizo esencialmente con gente de las iglesias que había trabajado en derechos humanos. Cuando ellos emitieron su informe, los expresos emitimos otro informe diciendo que faltaban cosas.

La comisión Valech I tuvo un plazo de investigación de casos, del 2003 al 2004. Fue muy acotado. Todos los casos de tortura son muy complicados de tratar. Hay gente que por diversos motivos no quiere hablar. Había gente que decía que no se vendía por el dinero de las compensaciones. También hubo gente que no se enteró porque vivía en zonas aisladas. Otros no lo habían reconocido siquiera en su familia. Un caso extremo es el de alguien que fue violado o violada, pero que no lo había contado a su pareja. Además, la cantidad de gente torturada y presa es mucha. Tuvo que haber entrevistado al menos a 32.000 personas, que fueron las reconocidas. El momento político era favorable y el porcentaje de reconocidos era del 90%. Terminó la comisión y llegaron nuevos casos, pero ya no entraron. Fueron más de 200. Se cerró y se cerró. Se fue el avión. 

La comisión emitió un informe que tiene muchas cosas importantes, como el reconocimiento. Hasta el momento se sabía que había víctimas de tortura, pero la derecha, por ejemplo, decía «algo habrán hecho» o que las Fuerzas Armadas lo hicieron para salvar el país. En lo jurídico, se logra también que nos devuelvan el derecho al voto, que lo teníamos anulado. También se borraron los antecedentes, que eran una traba para postularse a un trabajo. En lo económico, se estableció una pensión chiquita, unos 250 euros. Pero es algo. En lo educacional, se fijaron becas para quienes eran estudiantes cuando fueron detenidos. Con el correr de los años, fueron poniendo cortapisas. También se dieron beneficios para optar a una vivienda básica. Junto a todo ello, el Gobierno tuvo que reconocer lo sucedido.

«Se negoció el establecimiento de un secreto de 50 años, en el que no se puedan dar datos de los torturados. Fue una concesión a la derecha. Nosotros queríamos que se publicaran»

Todas estas cosas suponen negociaciones políticas, en las que nosotros no participamos. En este contexto, dijeron que las víctimas de la tortura no querían hacer públicos sus datos. Se estableció un secreto de 50 años. Las familias de los desaparecidos y ejecutados necesitan conocer qué sucedió con sus allegados. Y esa información estaba, pero no se hizo pública porque así se negoció con la derecha y con las Fuerzas Armadas. Se sumó a los pactos de silencio. Como expresos hemos levantado muchas veces el tema y hemos dicho que no somos nosotros los que no queremos que esta información se divulgue.

Hay diferencias con el proceso que se ha seguido en Nafarroa, pero también similitudes.

MARILÓ GOROSTIAGA: Sí. Nosotros, como Red de Personas Torturadas, tampoco hemos participado en la elaboración de la comisión ni de la ley, aunque sí hemos tenido conocimiento de cómo han ido las cosas. Aquí la ley no se ha centrado tanto en el tema económico, aunque hay unas indemnizaciones, pero no pensiones.

Lo de los 50 años me ha dejado impresionada. Es evidente que quieren que siga la impunidad y que los victimarios no aparezcan con nombres y apellidas. La Red no busca tanto conocer eso, sino el reconocimiento de que aquí se torturó y de que se torturó de forma sistemática. Personalmente, cada uno puede decidir si quiere llevar a la Justicia su caso o no. Y le apoyaríamos, pero el objetivo de la Red no es ese. Nuestra función es que la sociedad sepa qué paso.

Por ello, nos parece importante pasar por la comisión que se ha creado porque deja constancia de lo sucedido. No queremos que luego se quede en un cajón. Queremos que la sociedad conozca esa realidad. Hasta hace poco era una cuestión que estaba escondida y de la que nadie quería hablar. Hoy en día se ha reconocido oficialmente. Hay más de 150 casos presentados y se sigue avanzando.

¿Es un proceso demasiado lento?

M.G.: Es complejo. Partíamos de no tener absolutamente nada. En Nafarroa, hemos sido las propias personas torturadas las que hemos creado la Red y hemos trabajado para que esto se reconozca. ¿Que va despacio? Cuando pasas de nada a algo, ya notas que es un avance. Por supuesto, ni la ley es la que hubiéramos querido, porque notamos carencias, ni vemos que sea la panacea para el reconocimiento y la reparación. Parece que la ley está pensada para una compensación económica, pero la gente lo que quiere es el reconocimiento de que hubo tortura y que se señale quién permitió eso y que esa situación no se puede volver a dar. Si quieres tener una sociedad en plena convivencia democrática, no puedes consentir que se torture a la gente en base a unas ideas políticas o en defensa de una forma de gobierno. La tramitación es lenta y los recursos son limitados, pero nos reconforta el hecho que se esté dando.

«En Nafarroa partíamos de no tener absolutamente nada. Hemos sido las propias personas torturadas las que hemos trabajado para que se reconozca la tortura. Pasar de nada a algo es un avance»

R.P.: Que se esté dando es importante. Cuando hay un momento político que abre la oportunidad hay que aprovecharlo. Como dice una amiga, cuando se saca la tranca de la puerta tenemos que empujar. Si la comisión fuera hoy en día, en Chile no hubiéramos logrado nada. Se hizo una segunda Valech 2, en otro momento político. Si en la primera se reconocía al 90%, en la segunda solo se reconoció al 20%. El momento político es importante.

M.G.: Lo que nosotros esperamos es que todo el resultado del trabajo de la comisión sea permanente y duradero. Que sea tan fuerte que si hay un cambio de gobierno, que se puede dar, sea irreversible. Sí que hemos tenido reticencias desde el principio. Pasar por delante de una comisión no es fácil. Es muy difícil presentar pruebas porque la tortura se basa en la impunidad. Te presentas ante unas personas que no sabes si te van a creer. Es como un examen. Y revivir esas cosas puede hacer mucho daño. Lo puedes tener guardado en tu memoria, pero enfrentarte a ello años después es muy duro.