Las declaraciones no son nuevas y vienen precedidas de iniciativas como dar vales para adquirir comida y productos de primera necesidad en determinados supermercados de la ciudad, en vez de los cheques que se daban anteriormente, porque «algunas veces se ve en el propio atuendo que no tienen una situación susceptible de recibir la prestación, van con zapatillas de Prada». Por no hablar del intento de regular los locutorios de la ciudad, obligando a que su interior fuera visible, a través de cristaleras, desde el exterior.

La semana pasada fueron noticia dos hechos importantes. El primero fue la agresión de un ciudadano a otro que salió en defensa de los inmigrantes, cuando el primero les culpaba de aprovecharse de las ayudas sociales y de copar el sistema. El segundo fue la prohibición arbitraria de un conductor de la empresa municipal de autobuses de poder subirse al mismo una vecina con hiyab. La pregunta es: ¿guardan relación con estos sucesos las declaraciones que viene haciendo el Sr. Maroto? Va por delante que la responsabilidad de los actos de cada cual es personal; esto es, no podemos culpar a una persona de lo que hace otra. Ahora bien, en esta «ecuación social» faltan elementos imprescindibles que deben tenerse en cuenta, principalmente la cuestión de las actitudes.

Un clásico en el estudio de la psicología social son las actitudes, definidas estas como la predisposición a obrar, percibir, pensar y sentir en relación a algo o a alguien. Las actitudes tienen tres componentes: el cognitivo (forma de pensar), el afectivo (cómo nos sentimos) y el comportamental (lo que hacemos). Los estudios sobre racismo dicen que una persona puede tener una actitud prejuiciosa hacia los inmigrantes pero no necesariamente eso va a llevar a que tenga un comportamiento discriminatorio o violento. ¿De qué va a depender? Fundamentalmente del contexto, del ambiente, de que la persona sienta que socialmente está «legitimada» a actuar, que no existen barreras para su acción. El paso del pensamiento a la acción está condicionado por el entorno en el que se encuentra la persona, por las circunstancias sociales e incluso históricas. Algunos sociólogos hablan de una zona de aquiescencia, una zona gris en la cual, las personas más reacias hacia la inmigración, se sienten capacitadas para actuar y expresarse sin cortapisas.

Fuera del ámbito académico, este concepto se explica muy bien: es aquello a lo que la gente se refiere cuando habla de ambiente o de un clima social enrarecido. En la creación de ese clima tiene responsabilidad toda la ciudadanía, pero especialmente aquellas personas que son prescriptoras de opinión; esto es, aquellas cuyo cargo institucional o relevancia social son especialmente significativos: en este caso, el alcalde de una ciudad. Por lo tanto, a pesar de que la responsabilidad de los actos es de cada uno, no se pueden obviar que las declaraciones, propuestas y actos del Sr. Maroto han contribuido a crear una zona gris, que permite una justificación inmoral y un sentimiento irreal de legitimidad de algunos intolerantes hacia las personas extranjeras que ven una ventana de oportunidad en este momento. La responsabilidad de un cargo público está en ser consciente de todo ello y actuar en consecuencia.

Por todo ello, no nos debe extrañar que la Fiscalía del País Vasco haya citado a declarar al Sr. Maroto, para investigar si incurrió en un delito de incitación al odio por sus declaraciones. Desde Europa llevan tiempo trabajando en este sentido y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), en su último informe sobre los delitos de odio, afirma que «se precisa de una mayor voluntad por parte de los responsables políticos para contrarrestar los prejuicios dominantes contra determinados grupos». Las Naciones Unidas también apelan a las responsabilidades políticas cuando se habla de racismo. La Declaración y el Programa de Acción de Durban, aprobadas en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada el 8 de septiembre de 2001, destacan el papel fundamental que los dirigentes y los partidos políticos pueden y deben desempeñar en la lucha contra el racismo y la intolerancia. Apelamos a la responsabilidad de nuestros políticos para no utilizar un tema como el de la inmigración y la exclusión social, como arma arrojadiza ante las graves consecuencias que ello puede tener en la cohesión social y la convivencia pacífica entre la ciudadanía. Son bien conocidas las consecuencias de diferenciar un nosotros-ellos, señalar con el dedo y culpabilizar. Tengamos altura de miras y no nos dejemos enredar en la madeja del racismo.